EL EFECTO ZAPATERO: PERSECUCIÓN RELIGIOSA. EL VALLE SIGUE CERRADO AL PÚBLICO

 El Valle sigue cerrado al público

Juan Antonio L. M. 

Ahora, una vez perdida la batalla del pretendido cierre al culto, el proyecto del Gobierno es desmantelar y disolver toda presencia laboral y administrativa palpable del organismo “Patrimonio Nacional” (taquilla, guías culturales, personal de seguridad) y así deslocalizar al 100% de sus trabajadores allí destinados, concretamente 36 personas.

Éstas, pertenecientes en su totalidad al sindicato independiente de funcionarios públicos CSIF, se manifestaron en el día de ayer en la Lonja del Monasterio de El Escorial.

Se calcula que a día de hoy las pérdidas en entradas que Patrimonio Nacional ya no está cobrando se aproximan unos 2 millones de euros; cantidad que hasta hace 2 años se destinaba, lógicamente, al mantenimiento artístico y estructural de todo el recinto del Valle de los Caídos.

Preguntados al respecto tanto el Ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, como el actual Presidente del Consejo de Administración del organismo Patrimonio Nacional, Nicolás Martínez Fresno (alias "el Rasputín de La Moncloa"), el primero ha declarado: "Está abierto a efectos de culto, que es lo que corresponde en ese sitio. Es un lugar de culto, y para eso", mientras que el segundo señala que: "Hay visitas, indudablemente, como consecuencia de la asistencia al culto. Pero no es un lugar de turismo, es un lugar de culto".

Es decir, que la Administración del Estado se bate en retirada, paulatinamente, del Valle de los Caídos.

Tal como ya apunté hace un año por éstas mismas fechas, resulta bastante gracioso que la absoluta dejadez de funciones y obligaciones públicas que perpetra el organismo “Patrimonio Nacional” para no realizar ninguna labor de mantenimiento, reparación o restauración en el recinto del Valle (a lo cual está obligado por la propia Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional, en tanto en cuanto el Valle de los Caídos está metido con calzador dentro del régimen administrativo de Patrimonio según la Disposición Final Tercera de dicha Ley) se escude ahora según éstas recientes declaraciones en que “es un lugar de culto”.

Y para apoyarse en ello, hay que retornar de nuevo a lo que dispone la puñetera LMH, que mire usted por dónde, puede que desde una interpretación normativa estricta, hasta le vaya a hacer un enorme favor al Valle (está visto que Dios de los males, saca bienes):

Artículo 16. Valle de los Caídos.

1.  El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.

Pues muy bien. ¿Cuáles son esas normas con rango legal?

> Lugares de culto

El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Punto.

> Cementerios públicos

Que yo sepa, no existe ningún cementerio público en España (ni católico, ni civil) que o esté adscrito al régimen administrativo de la Ley de Patrimonio Nacional de 1985, o sea por sí mismo de titularidad estatal.

(La única excepción que podría haber es el llamado “Panteón de Hombres Ilustres”, construido en 1900 y ubicado en Madrid anexo a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, donde se pensaba dar sepultura a personajes tan “católicos” (es una ironía, claro) como Mendizábal, Ríos Rosas, Sagasta, Canalejas… es decir, liberales de tomo y lomo y precisamente con muy poca amistad hacia la Iglesia.

Pero es que lo cachondo del asunto es que a día de hoy, los sepulcros destinados a cada uno ellos (esculpidos por el artista Mariano Benlluire) se encuentran vacíos porque sus respectivos restos mortales fueron retornados a sus lugares de origen. De modo que sólo se conservan las marmóreas sepulturas por su valor artístico-escultórico, pero para nada más. Razón por la cual el acceso a ese Panteón es gratuito).

Pero bueno, volviendo al tema para centrarnos, todo cementerio público que contenga restos mortales se rige exclusivamente por dos textos legales AÚN VIGENTES:

Artículo 60. del Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria:

En los cementerios municipales corresponden a los Ayuntamientos los derechos y deberes siguientes:

A)   El cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio.

Y el Artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril):

El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en las siguientes materias:

J) Cementerios y servicios funerarios.

¡ Bingo!

En resumen, queda meridianamente claro que las normas aplicables a Valle de los Caídos – y cuando la Ley de Memoria Histórica dice genéricamente “Valle de los Caídos”, se está refiriendo A TODO EL RECIENTO de mismo (Basílica con sus correspondientes osarios, Explanada, Monasterio, Hospedería, Risco de la Nava y paraje natural en general) SON DE NATURALEZA COMPETENCIAL TANTO CANÓNICA COMO MUNICIPAL.

Ergo, quién únicamente tiene en Cuelgamuros la legítima potestad de actuación es la Archidiócesis de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

¿A dónde quiero llegar?                 

Primero: si tanto de Hecho (la Administración General del Estado se retira del Valle para no ejercer sus obligaciones de mantenimiento y conservación según la Ley de Patrimonio) como de Derecho (las competencias aplicables al Valle son canónicas y municipales) ni el Gobierno ni el Estado pintan nada el Cuelgamuros…

Y segundo: si lo dispuesto en la Disposición Final Tercera de la Ley de Patrimonio CHOCA en el fondo con lo dispuesto en el Artículo 16 de la LMH, y con las disposiciones legales que de ella emana y que ya he apuntado…

¿Qué razón o motivo, pues, justifica que el Valle de los Caídos continúe irregularmente bajo en régimen administrativo de la Ley de Patrimonio Nacional de 1982?

ABSOLUTAMENTE NINGUNA.

¿Y porqué decía antes que, a tenor de todo lo expuesto, hasta vayan a hacerle un favor al Valle, sin pretenderlo?

Pues porque con estas disposiciones legales en la mano, solo veo una posible solución.

Una solución que daría una cobertura justificativa legal y jurídica a una situación de hecho que se está dando palmariamente en éste caso, y que es tan simple como ésta: sacar al Valle de los

Caídos del régimen administrativo estatal de Patrimonio bajo el que ahora se encuentra. Es decir, hablando en términos jurídicos, “desafectar un bien inmueble” de Patrimonio Nacional.

Sí, he dicho que es simple, pero compleja de materializarse.

Y es compleja porque el Artículo 8., apartado 2, K) de la vigente Ley de Patrimonio dispone que corresponde al Consejo de Administración de PN “la propuesta al Gobierno de desafectación de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Nacional, cuando éstos hubiesen dejado de cumplir sus finalidades primordiales”.

Es decir, que solo sería el Consejo de Ministros quién tuviera la última palabra al respecto de atender positivamente o no la propuesta de marras que le hiciera el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional de sacar al Valle de ése régimen administrativo.

Con éste Gobierno, es sencillamente imposible.

Pero siendo realistas, pensando con la cabeza y dejando un lado filias y fobias, con un próximo Gobierno del PP considero que a quién corresponda y tuviera la suficiente capacidad, mano izquierda y astucia para ello, tendría que poner toda la carne en el asador para que esa ficha pudiera efectivamente moverse.

Si eso se consiguiera, todo el Valle de los Caídos, sujeto ya únicamente a ordenamientos canónicos y municipales, quedaría absolutamente blindado para siempre de cualquier arremetida que un

Gobierno socialista pudiera querer volver a realizar en el futuro a través de la Administración del Estado.

La pregunta final sería:

En ese futurible, y a partir de ese momento… ¿estaría dispuesta la Iglesia Católica, a través de su jurisdicción de la Archidiócesis de Madrid, de asumir todos los costes de reparación, rehabilitación, restauración, conservación y mantenimiento que merece y reclama el Valle de los Caídos como lugar de culto y cementerio, a través de sus propios recursos económicos, o rubricando el correspondiente convenio de colaboración con empresas privadas y /o el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, al igual que ha hecho con otros ayuntamientos de España para otras tantas iglesias y catedrales?

Ahí dejo la pregunta…