Administraciones bajo sospecha / Por Pedro Javier Cáceres

Administraciones bajo sospecha

Pedro Javier Cáceres

Crítico taurino y periodista

Andan los políticos un tanto revueltos con lo que llaman ley de transparencia de instituciones y función pública.

Es curioso que en pleno siglo XXI se legisle sobre lo obvio: ¡vamos! que se sobreentiende que la transparencia en el sector público debería de estar regulada desde el inicio del universo, incluso dudo que no esté observada en el derecho romano, como norma de obligado cumplimiento desde que el mundo es mundo.

El caballo de batalla, en las últimas horas, está en cómo de transparente debe ser la Casa Real sin pormenorizar en la madre de todas las corrupciones que son los concursos administrativos de adjudicación de obras, servicios y similares.

Me gustaría que la ley de transparencia fuera explícita en la adjudicación de las plazas de toros para su gestión y explotación.

Aunque debo confesar, con nostalgia, que hubo una época en que existía una buena praxis, en la teoría; o al menos se vestía el muñeco, con mayor elegancia, cuando una plaza de toros, más si era relevante, salía a concurso y su posterior adjudicación.

¡Qué tiempos aquellos! que en Madrid, pongamos la primera plaza del mundo como muestra del botón, se montaban auténticos espectáculos el día en que se daba a conocer, con audiencia pública, notoriedad y de forma exhaustiva, lo más sustantivo de las ofertas de quienes licitaban para gestionar Las Ventas.

La Diputación, en su momento, y luego la Comunidad habilitaban el gran teatro Albéniz para, en jornada maratoniana, aparentemente con luz y taquígrafos, ir conociendo de viva voz de los licitadores, o sus representantes, en presencia de las autoridades competentes constituidas como gran jurado y , por supuesto con el patio de butacas y platea repleto de prensa, aficionados y curiosos sin graduación, conocíamos la oferta, tanto económica como de programación y de varios más la composición de miembros y sociedades ad hoc de quienes pretendían gestionar Las Ventas. Lo dicho un auténtico espectáculo.

Recuerdo con añoranza el papel de adjudicatarios paralelos que teníamos la prensa.

Se nos daba nuestro sitio: éramos como el jurado popular con voz pero sin voto.

Siento melancolía de aquellos "tochos" de documentos —hoy valdría un CD- que los concursantes te enviaban para empaparte del más mínimo detalle y las horas que uno le echaba para leerlos y hacer sus puntuaciones con su particular interpretación del pliego matriz; mucho más expresivo y claro que lo de los últimos tiempos. El día de la adjudicación era un auténtico suceso.

Luego se produciría el pucherazo, o no, pero en cualquier caso había elementos contrastables y evaluables para poder pedir explicaciones o acusar de nepotismo, tráfico de influencias, prevaricación o cohecho, según el grado de descaro. La administración tenía que responder en rueda de prensa en el que la frustración y la impotencia se aliviaban por el mal rato que se le hacía pasar al político de turno o a los técnicos-sicarios, colaboradores necesarios, en cuestión, en el caso de que hubiera pucherazo.

Los designios de tal o cual administración eran inescrutables, su decisión tomada con bastante anticipación; pero era un juego que te permitía sentirte parte y poder dirigirte a la opinión pública con datos y elementos de juicio para avalar la denuncia.

No sé, si en esta amplia ley de transparencia que pretenden los políticos de ahora, quizá como cortina de humo para tapar la galopante corrupción que es como querer ocultar el sol con un dedo o matar moscas a cañonazos, además de controlar la ropa interior que gasta al año la familia real va a entrar a saco, con exigencia de responsabilidades políticas y penales a los infractores -más si los juzgados se pronuncian, como ha venido ocurriendo-, sobre las adjudicaciones de servicios por parte de los entes públicos.

Aunque ese apartado de responsabilidades no se ha reflejado tácitamente en la práctica y responsables en sentencia condenatoria como Valencia, Madrid, Alicante, La Coruña, por ejemplo, se han ido de rositas sin poner un duro de las indemnizaciones que la justicia ha ido marcando para los damnificados, la pseudo transparencia de entonces era suficiente para ser señalados: luego vendría la justicia "de papel" -ahora "pena de telediario"-.

Había datos, lo habíamos vivido y procesado. Sólo faltaba que el dinero lo pusieran de su bolsillo.

Esperemos que la próxima ley lo contemple así.

Ojalá la ley sea igual para todos y abarque el sector más abierto a las corruptelas como son las resoluciones de concursos, repito.

Así, en el futuro, la preconcepción de la Diputación de Palencia, a piñón fijo para adjudicar su plaza de toros, podría tener una contestación desde el conocimiento, y no desde la sospecha.

¡Coño! Gestionar una plaza de toros es, sobre todo, atenerse a un pliego en cuanto a canon y programación principalmente.

Dando por sentado que las condiciones para concurrir sobre experiencia, solvencia etc. se la van a pasar por el forro de sus caprichos; que diría el clásico.

Respecto del dinero, poca es la horquilla que la crisis deja para grandes diferencias entre las ofertas. Y repito, hablamos de Palencia.

Sobre la programación, el escalafón, más en ferias de no más de media docena de espectáculos, y el elenco de ganaderías es el que es, para todos: justito.

Por eso salta de ojo, es un insulto a la inteligencia de cualquiera, que un concurso como el de la adjudicación de la Plaza de toros de Palencia se resuelva con un huevo de puntos de diferencia y que uno de los licitantes, el proclamado "in pectore", roce la perfección: salvo que sea éste el que haya confeccionado el pliego y el que se lo haya auto concedido, por la variante, con prácticas espurias, testaferros y cómplices necesarios intramuros. Suele ocurrir.

No sé, si hubiera estado en vigor esta ley de transparencia que ahora entretiene a los políticos, hubiere cambiado el signo; ni sin tanto ringorrango de ley, la práctica del pasado narrado hubiese cambiado el veredicto, pero al menos hoy sabríamos porqué, pongo un ejemplo, FuenteYmbro puntúa más que Alcurrucén, y Manzanares y Morante, son 12 puntos —según quien los presente, sin contrato en firme- mientras que Perera y Talavante valen 7 puntos. Es un ejemplo, repito. No hay datos ni respuestas, tan solo oscurantismo.

Si los tuviéramos, como antaño, sabríamos que ocho o diez remedos, chapuzas, de tertulias y "cositas" que llaman conferencias, matizados como actos culturales, y por los pueblos de la provincia, valen un imperio más que un historial de gestión: como dice el pliego matriz "sin tacha".

Podríamos conocer el porqué una empresa concesionaria anterior se presenta de nuevo cuño, bicéfala, en UTE, y cuál es la explicación por la que una de ellas, de nueva creación, puede absorber la experiencia de la otra y ser legítima contratante.

No se reprocha nada a ningún empresario que juega sus armas como más eficaz cree, no. Es más, la única tacha al colectivo empresarial es su falta de unidad para que el colectivo frenase tanta desvergüenza administrativa. Con ley o sin ley de transparencia como soporte.

No, la crítica firme, es a las administraciones que usan y abusan del tiempo, dinero, ilusiones y buena fe de los empresarios taurinos, que es a quienes -en conjunto- pretendemos defender. "Hoy por ti, mañana por mí"

Incluso no haría falta ley de transparencia, bastaba con la honestidad de unas administraciones bajo sospecha. Y la Diputación de Palencia lo está mientras no dé la cara y se pronuncie...explique y enseñe los datos.

Claro que mientras dure la Gurtel y Bárcenas siga dando juego, las denuncias de tales (presuntas) malas praxis de políticos de 4ª fila, para el Partido Popular les parecerán rabietas de niño chico.

Por más que lo intenten, se presentarán a las elecciones, han hecho de ello un oficio, las volverán a ganar.

Una cosa es que se presenten, pero está claro que son impresentables.

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El Imparcial