Menos mal que Pablo Iglesias no quiere prohibir los toros / por Ángel González Abad

“No me gustan los toros, pero no prohibiría las corridas”. Pues menos más que no las prohibiría, porque dos días después, ayer en el Consell de Mallorca, los diputados de su formación se aliaron con los socialistas y los soberanistas de MÈS para declarar la Isla territorio antitaurino.

• Menos mal que la Tauromaquia es por ley Patrimonio Cultural de España y que las administraciones públicas están obligadas a garantizar su protección y desarrollar medidas para su fomento. Pero quién exige su cumplimiento.

Menos mal que Pablo Iglesias no quiere prohibir los toros

 / por Ángel González Abad 

El pasado martes, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró en el Foro ABC: “No me gustan los toros, pero no prohibiría las corridas”. Pues menos más que no las prohibiría, porque dos días después, ayer en el Consell de Mallorca, los diputados de su formación se aliaron con los socialistas y los soberanistas de MÈS para declarar la Isla territorio antitaurino.

Claro que las palabras de Iglesias no deben confundirnos. Él ”no prohibiría los toros”, pero su gente se ha lanzado en tromba contra la Tauromaquia. Ayer en Mallorca, y antes en Huesca, Alicante, La Coruña… Podemos y sus marcas blancas en solitario, o con la aquiescencia del PSOE, mantienen su cruzada.

En la capital oscense, las formaciones podemitas, que sumaron cinco mil votos en una ciudad de cincuenta mil habitantes, obligaron al PSOE a asumir la desaparición de las corridas de toros para darle la alcaldía. En Alicante, una historia parecida, que llevó a una edil afín a lanzar el exabrupto de querer colocar una bomba en las plazas para acabar con los amantes de la Fiesta. En La Coruña, Marea Atlántica se cargó la Feria de agosto.

Menos mal que Pablo Iglesias no quiere prohibir los toros. Claro que si deja hacer a los suyos, lo mismo no hace falta prohibir nada, con que dé vía libre a la concejal de Alicante… 

Menos mal que la Tauromaquia es por ley Patrimonio Cultural de España y que las administraciones públicas están obligadas a garantizar su protección y desarrollar medidas para su fomento. Pero quién exige su cumplimiento.