El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, saluda al expresidente del PNV, Xabier Arzalluz, en presencia del portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka.
Pedro Sánchez negocia dar al PNV el control de los presos de ETA a cambio de seis votos.
La transferencia al Gobierno vasco de las competencias en materia penitenciaria. Es una de las condiciones que el PNV ha planteado al PSOE (y al parecer, ha obtenido garantías de que se le va a conceder) para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Las conversaciones entre ambos partidos, pese a que se diga lo contrario, están ya muy avanzadas, ya que se iniciaron hace bastantes semanas.
El asunto de los presos, que en su momento fue uno de los más relevantes de la vida política vasca, habiendo perdido protagonismo en los últimos años, resulta fundamental para el independentismo vasco. El que controle la salida de los reclusos y la vuelta de los huidos (si es que, al final, y de forma irremediable, se produce), se apuntará un «tanto» ante una parte de la opinión pública.
Que el PNV le está ganando la jugada en todos los terrenos a los proetarras de EhBildu y Sortu es un hecho y no hay más que repasar los resultados de las últimas elecciones generales.
Si los nacionalistas se garantizan esta baza, y tienen bastantes posibilidades de que Pedro Sánchez les entregue la batuta para dirigir tan singular «concierto», habrán dado un paso de gigante para llevar a la izquierda abertzale a las catacumbas, que, en definitiva, es de lo que se trata.
Control de la Justicia
En los documentos manejados por el PNV durante la pasada campaña electoral, se planteaba, además de la citada transferencia, que cobraría una tremenda importancia una vez concentrados los presos etarras en la cárcel alavesa de Zaballa, el control absoluto de la Administración de Justicia, con el Tribunal Superior como última instancia. De esta manera, se cerraría el círculo en un asunto en el que los nacionalistas quieren suprimir cualquier interferencia de Madrid.
Asimismo, se pronunciaban en contra de lo que denominan «cadena perpetua» y que, en la práctica, se refiere al cumplimiento íntegro de las penas para los presos terroristas.
La petición de la transferencia al Gobierno vasco de las competencias en materia penitenciaria es una reivindicación que los nacionalistas trataron de introducir en el texto del estatuto de Guernica (y que no se les concedió por razones obvias, en plena ofensiva criminal de ETA) y que, desde su promulgación, han pedido de forma reiterada.
Tanto en las reuniones públicas, como en las celebradas sin luz ni taquígrafos, entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lendakari vasco, Íñigo Urkullu, el asunto de los presos ha estado encima de la mesa. Durante la pasada legislatura, el planteamiento de los nacionalistas era prudente, casi de mínimos y en plan de colaborar a ver si «colaba» la vieja reivindicación.
Incluso, admitían una «flexibilización» de la política penitenciaria, de forma que se impulsara «la reinserción y la resocialización» de los presos de ETA, con el fin de «avanzar hacia la paz».
Ahora, las cosas han cambiado de forma radical y el PNV siente la fuerza de sus seis votos para tener, como vulgarmente se dice, la «sartén por el mango» y jugar fuerte la partida con los socialistas de Pedro Sánchez.
El líder socialista cuenta a su favor con un argumento, que no parece que vaya a esgrimir en público, porque sería poco menos que su «suicidio» político». En las conversaciones con ETA de 2010 y 2011, en las que participaron su partido (bajo la batuta de Alfredo Pérez Rubalcaba) el asunto de los presos se trató a fondo y algo se debió ofrecer a la banda para que anunciara el fin de las actividades terroristas.
Es decir, que el actual secretario general de los socialistas no haría otra cosa que retomar un asunto que quedó pendiente y en el que no se ha avanzado, como no, por la cerrazón de Mariano Rajoy y su mayoría absoluta
Quedan atrás por lo tanto las piruetas y «bailes de salón» que Urkullu interpretaba ante el presidente del Gobierno para tratar de convencerle de que hiciera concesiones, aunque fueran mínimas, para que «mejoraran» las condiciones de vida de los presos de la banda terrorista ETA.
El actual presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, es un perfecto conocedor de todo lo que ocurrió, y se tramó, durante las referidas conversaciones con ETA junto a los nacionalistas. Es lógico pensar que le habrá informado in extenso para que conozca los detalles de lo que ocurrió, y hasta dónde se llegó de la mano del PNV.
El asunto, según las citadas fuentes, es peliagudo. Es fácil conceder lo que piden los de Urkullu a cambio de los votos en la investidura, pero , si se hace, debe saber que tiene una difícil, por no decir imposible, marcha atrás.
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