En Barcelona, se expone para público aquelarre la figura de un Franco decapitado para alborozo de unos pocos cobardes que dan rienda suelta a sus más bajas pasiones. En otros lugares se amenaza expresamente a Ayuntamientos con la retirada de subvenciones haciendo oídos sordos a la voluntad de los vecinos de mantener su identidad y su historia.
El odio cabalga sin bridas
No hay calificativo suficiente para valorar el daño histórico y moral que todavía se sigue produciendo en España en virtud de la ley de memoria histórica, alumbrada por Rodríguez Zapatero y mantenida por Rajoy. La lógica de esa ley –si es que alguna tiene- está visceralmente quebrantada. Ya hace años que aquél nefasto gobernante ofreció en bandeja de plata a Santiago Carrillo el derribo ilegal de la última estatua de Franco que había en Madrid, como regalo de cumpleaños.
Posteriormente, han ido cayendo uno tras otro cientos de monumentos o placas que hagan relación a cualquier personaje que tuviera alguna relación con la media España que no se resignó a ser pisoteada por el comunismo en 1936. En Barcelona, se expone para público aquelarre la figura de un Franco decapitado para alborozo de unos pocos cobardes que dan rienda suelta a sus más bajas pasiones. En otros lugares se amenaza expresamente a Ayuntamientos con la retirada de subvenciones haciendo oídos sordos a la voluntad de los vecinos de mantener su identidad y su historia.
Mientras todo esto tiene lugar ante la indiferencia de la mayoría, se mantiene afrentosamente el público homenaje a los verdaderos causantes de la guerra civil, Prieto y Largo Caballero, golpistas en el 34 y revolucionarios en el 36, quienes pisoteando el derecho, por cobardía o convicción quisieron entregar España a la Internacional comunista. Y el Ayuntamiento de Madrid, no contento con eliminar de su callejero todo nombre que pudiera recordar al régimen anterior o a los que lucharon en el bando nacional, va a dedicar un espacio público al siniestro Teniente Castillo, instructor de las milicias del Frente Popular y mito del ejército rojo. En definitiva, los que buscamos y quisimos la reconciliación, hemos terminado recibiendo la revancha de mano de los que no están dispuestos a olvidar su derrota.
Pero nadie dice nada. No existe una pública denuncia de tan burdo sectarismo. ¿Cómo es posible que no haya un clamor para denunciar tamaña felonía? ¿Es que los españoles hemos perdido, ya no el instinto sino la mínima razón, que endereza la figura del ser humano?.
Hoy vuelven a estar de moda las corrientes más criminales y canallescas de nuestra historia. Vuelven orgullosos y desafiantes los puños en alto y las banderas rojas se despliegan ufanas, ante la cómoda indiferencia de una mayoría silenciosa. Mientras tanto, los hijos y los nietos de tantos miles de españoles que dieron su vida por Dios y por España, permanecen agazapados, silentes, consintiendo que se injurie públicamente la memoria de sus antepasados, que profanen sus tumbas y borren su recuerdo de la memoria colectiva.
Yo tengo ya demasiada edad para luchar sólo contra esta tremenda injusticia. Pero mientras el pozo de odio está completo y vierte sus excrementos sobre la Historia, los que guardamos todavía el recuerdo de una España grande y limpia, preferimos morir a contemplar con indiferencia y cobardía la victoria de la mentira y la escandalosa manipulación de nuestro pasado más reciente.
Yo me declaro en pública rebeldía contra esta ley sectaria que levanta muros entre hermanos y aventa de nuevo las arenas ensangrentadas de otro tiempo y de otra época. Pocos escucharán mi clamor, pero quisiera morir con la certidumbre de que hasta el último momento de mi vida, he respetado la verdad y he rechazado el odio. Un odio que se ha convertido en torrente sin que se levante una mínima pared, un endeble muro que contenga el atroz mensaje de indignidad que representa la Ley de la Memoria Histórica.
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