¿A qué espera el Gobierno para deshacerse de la autonomía catalana y asediar económicamente a los separatistas y sus cómplices?

Así sería una sesión virtual en el Parlamento de Cataluña 

¿Puede explicarnos alguien del Gobierno si el 155 ha servido de medida correctora o literalmente no ha servido de nada? ¿Hay más banderas españolas izadas en los consistorios catalanes? ¿Hay más esteladas en los espacios públicos? ¿Hay más respeto a la ley? ¿Han renunciado los líderes soberanistas a la unilateralidad? ¿Sigue la escuela, la televisión pública, y cualquier política social o cultural formulada en catalán, al servicio exclusivo de los separatistas?

¿A qué espera el Gobierno para deshacerse de la autonomía catalana y asediar económicamente a los separatistas y sus cómplices?

A. Robles / A.D.

El panorama es así de grotesco: un juzgado de Barcelona ha hallado documentos que reflejan un desvío de dinero público de cerca de tres millones de euros destinado al proceso independentista. Los documentos, que fueron incautados el pasado 26 de octubre, se encontraban en un furgón de los Mossos d’Esquadra cuando iban camino de la incineradora. El dinero procedería de las ayudas del FLA que dio el Estado a la Generalitat para afrontar deudas e impagos. La Policía Nacional evitó que los Mossos quemaran los documentos que ya entonces sospechaban que estaban vinculados con el referéndum del 1-O y que intervinieron por orden de la Audiencia Nacional para analizar su contenido.

Por si quedaba alguna duda, los hechos prueban que los Mossos es un cuerpo policial que ha estado al servicio de la trama golpista catalana. Es decir, los encargados de hacer cumplir las leyes han formado parte del entramado contra la ley fundamental del Estado. En cualquier país de nuestro entorno, los Mossos ya serían historia. Aquí no. Es más, el delincuente Puigdemont, huido en Bruselas para burlar la acción de la Justicia española, podría asumir el mando sobre los Mossos en unas semanas. Tan surreal como Al Capone al mando de los agentes del tesoro.

Puigdemont ha llegado a un acuerdo con ERC para iniciar la legislatura surgida de las elecciones del 21 de diciembre, que pasa por su investidura de forma delegada o telemática. Puigdemont propuso a los republicanos que su investidura se realice de forma telemática o bien delegando en otro diputado la lectura de su discurso. ¿Qué más evidencias necesita Rajoy para admitir que el 155, lejos de alcanzar el objetivo de disuadir a los separatistas de sus objetivos golpistas, lo que ha conseguido es justamente lo contrario? ¿A qué espera la vicealbóndiga para reconocer que la laxitud del Gobierno al mantener intacto el aparto golpista, lo que ha hecho es envalentonar a los malos y enquistar el problema catalán, llevándonos a un callejón sin salida?

¿Puede el pueblo español dormir tranquilo cuando dependemos de políticos, que en vez de proporcionanos seguridad, lo que hacen es complicarnos la vida? ¿Se puede ser paciente o pretender que entendamos esta locura cuando lo que se dibuja en el horizonte es a los que han creado el caos al frente de nuevo de las instituciones catalanas, manejando a su antojo presupuestos millonarios? ¿Puede explicarnos alguien del Gobierno si el 155 ha servido de medida correctora o literalmente no ha servido de nada? ¿Hay más banderas españolas izadas en los consistorios catalanes? ¿Hay más esteladas en los espacios públicos? ¿Hay más respeto a la ley? ¿Han renunciado los líderes soberanistas a la unilateralidad? ¿Sigue la escuela, la televisión pública, y cualquier política social o cultural formulada en catalán, al servicio exclusivo de los separatistas?

Se tiende a creer ingenuamente (en el caso de la izquierda, maliciosamente), que los catalanes nacionalistas tienen nuestros mismos principios éticos y morales y esto nos lleva al monumental error de intentar entendernos con ellos a través del diálogo y la negociación. El conflicto con Cataluña lo llevamos arrastrando desde el siglo XIX porque somos incapaces de aceptar que ellos son como son, y no como nosotros quisiéramos que fuesen. Nunca los podremos cambiar con el diálogo ni con el buenismo. Nunca podremos razonar con ellos, porque ni quieren ni tienen voluntad de acuerdos que no pasen por nuestra completa sumisión a su insaciable voracidad económica. Por eso defendemos que no hay mejor respuesta al problema catalán que el asedio permanente, hasta que los asediados se coman entre ellos. Eso pasa inevitablemente por sellar el acta de defunción de la autonomía catalana, dejar de comprar sus productos, quitar a los separatistas todos los espacios de poder institucional, cerrarles el grifo económico, dejar sin nómina a los funcionarios que hayan colaborado con el proceso secesionista, echar el cierre a TV3, disolver los Mossos, ilegalizar ANC y Òmnium y encarcelar a los cabecillas de la trama para la voladura de España.

Algunos considerarán extravagantes estas medidas. Piense el lector si no es más extravagante el inquietante panorama de un delincuente escapado de la Justicia española estableciendo las reglas de juego y condiciones para acabar con el Estado del que él mismo sería su máximo representante en Cataluña.

Rajoy está aún a tiempo de revertir una situación que no hará sino envenenarse cada día que pase. Rajoy no puede seguir dejando en manos de los jueces las decisiones que su cobardía política le impide adoptar. Si llamamos a esto democracia, entonces hay que apuntar lo inconcebible que sería en cualquier país democrático y serio que la acción política girase en torno a la estrategia de un forajido. Pero en España seguiremos con la ficción del Estado de las Autonomías, que nadie sabe ya lo que significa.

Mientras el Gobierno pretende hacernos creer que la aplicación del 155 ha producido un giro copernicano de los acontecimientos, los hechos nos demuestran que ha sido una chapuza en toda regla. No cabe ya más alternativa que el cierre del chiringuito nacionalista. Mucho nos tememos que tanto el PSOE como el PP optarán por garantizar a los catalanes sus asombrosos privilegios, en detrimento del resto de los españoles. Esa es la incongruencia mayor que es necesario hacer saltar cortando el nudo gordiano de una autonomía que ha sido fuente permanente de problemas.