La FNFF cree en el estado de derecho y que todos, empezando por los poderes públicos, están sometidos a la ley y han de respetar las decisiones de los tribunales de justicia. También el gobierno, integrado por dos magistrados y una fiscal, aunque no les guste que sean sus propios compañeros de carrera los que les corrijan sus vulneraciones a a la ley y a los derechos humanos.
La Ministra de Justicia Dolores Delgado
COMUNICADO DE LA FNFF ANTE EL ESPERPENTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS
Falta conocer el texto del acuerdo. Pero de lo que ha explicado la Ministra de Justicia que, aunque parezca mentira, es la jefa de su departamento en el que se ha instruido por Cristina Latorre, subsecretaria de Justicia, el expediente de exhumación, podemos dar algunas valoraciones. Decimos que “parece mentira” que sea la ministra de justicia y, para más inri, de profesión fiscal, porque ha cometido tremendos errores que a buen seguro supondría un suspenso a quien hubiera de superar las pruebas de acceso a la abogacía que miles de grados en derecho han de aprobar tras sus estudios y superación del máster postgrado.
Dolores Delgado ha confundido reiteradamente un Real Decreto-ley (el famoso decretazo del que tanto ha abusado ilegalmente su gobierno) con un Real Decreto; la ministra Delgado se ha referido al Delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid con el del franquista cargo de gobernador civil; y, en fin, la ministra de Justicia no sabe si el expediente lo ha instruido su amiga Cristina Latorre o varios “instructores” como ha dicho, no se sabe si “trifálicos” o no.
Dolores Delgado ha confundido reiteradamente un Real Decreto-ley (el famoso decretazo del que tanto ha abusado ilegalmente su gobierno) con un Real Decreto; la ministra Delgado se ha referido al Delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid con el del franquista cargo de gobernador civil; y, en fin, la ministra de Justicia no sabe si el expediente lo ha instruido su amiga Cristina Latorre o varios “instructores” como ha dicho, no se sabe si “trifálicos” o no.
Pero aunque falte conocer el texto del acuerdo, sí podemos adelantar que el consejo de ministros de hoy, 15 de febrero, ha acordado la exhumación el mismo día en que se anuncia la fecha de las elecciones generales, lo que hace depender de la magna concentración de Colón, de la falta de apoyo a sus presupuestos y al cadáver de Franco, que reposa en paz junto a decenas de miles de combatientes de ambos bandos, enterrados todos en la Basílica de la Santa Cruz Del Valle de los Caídos, en eterna reconciliación y esperando la resurrección de todos los muertos, mientras la Comunidad benedictina ora por sus almas, las de todos, y por la unión entre todos los españoles.
La exhumación acordada por el consejo de ministros es ilegal. No sólo por lo que acuerda, sino por lo que no acuerda. El esperpento mayor es que no respeta ni siquiera el propio procedimiento que se estableció el gobierno con el decretazo; y, a pesar de ello, el presidente primero y la ministra después tratan de vender la exhumación como todo un “éxito” de su gobierno, de su “proyecto estrella” y así poder presentarla como bandera de reclamo sanchista-podemita.
Pero, todo es una quimera: se dicta el acuerdo de exhumación sin que el procedimiento haya terminado. Recuérdese que el procedimiento solo podría terminar si a la par que se acuerda la exhumación, el gobierno, tal y como prevé la Ley 52/2007, que él mismo modificó vía decretazo, hubiera acordado la reinhumación.
Así de claro lo recoge la disposición adicional sexta bis, 6 de la Ley 52/2007: “El consejo de ministros, mediante acuerdo motivado, resolverá sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que haya de darse a los restos mortales afectados”.
Esta habría de ser la resolución que pusiera fin al procedimiento iniciado por Acuerdo del consejo de ministros de 31 de agosto de 2018, de conformidad con artículo 84 de la Ley 39/2015. Es decir, el consejo de ministros sólo podría haber acordado dos resoluciones: (i) no haber lugar a la exhumación (por carecer del permiso eclesiástico correspondiente, ya que se trata de un lugar sagrado, inviolable -como recuerda el propio consejo de ministros en su acuerdo de continuación del procedimiento, del pasado 8 de noviembre de 2018) o (ii) acordar la procedencia de la exhumación, traslado y reinhumación; todo en el mismo acuerdo. No cabe otra resolución que ponga terminación al procedimiento (salvo el desistimiento, la renuncia, la caducada o la imposibilidad material).
Lo que ha hecho el gobierno hoy es una nueva pantomima con fines electoralistas, no de interés general y por el bien común de los españoles. Pues tanto la Ley 52/2007 como el Acuerdo del Consejo de ministros de 31 de agosto de 2018, de inicio del procedimiento, son claros al recoger que “se acuerda indicar a los familiares, de acuerdo con el apartado tercero de la disposición adicional sexta bis que en caso de discrepancia entre ellos, o si no manifestase la familia su voluntad en tiempo y forma, el consejo de ministros decida sobre el lugar de reinhumación de los restos mortales”. Y es claro que la familia no ha tenido ninguna discrepancia: todos han manifestado su oposición a la exhumación y, si ésta tuviera lugar, han decidido que la reinhumación lo sea donde la familia tiene sus sepulturas, en la cripta de la catedral de Nuestra Señora de la Almudena.
La FNFF recurrirá el acuerdo definitivo de exhumación. Lo hará ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. El cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades es tal -lo hemos venido denunciando en esta web de la Fundación y ante la propia instructora del expediente- que no cabe más que poner en conocimiento del Poder judicial , que ya fue claro y tajante en su auto de 17 de diciembre de 2018 (en el recurso interpuesto por la los nietos del Generalísimo) y esperar a que los magistrados, sometidos únicamente al imperio de la ley y en defensa de los derechos humanos y fundamentales, impida esta tropelía que se alza como victoria, sin serlo, de este gobierno que hoy ha anunciado, aumentando artificialmente la tensión, el enfrentamiento y la crispación entre los españoles, su defunción.
La FNFF cree en el estado de derecho y que todos, empezando por los poderes públicos, están sometidos a la ley y han de respetar las decisiones de los tribunales de justicia. También el gobierno, integrado por dos magistrados y una fiscal, aunque no les guste que sean sus propios compañeros de carrera los que les corrijan sus vulneraciones a a la ley y a los derechos humanos.
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