José Luis Rodríguez Zapatero, el etarra Thierry y Alfredo Pérez Rubalcaba
José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA anexionar Navarra al País Vasco, legalizar Batasuna, no detener etarras o derogar la Doctrina Parot.
Las actas de la negociación con ETA confirman que el PSOE de Zapatero ofreció cesiones políticas a los terroristas
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA durante las negociaciones con la banda terrorista anexionar Navarra al País Vasco, legalizar Batasuna, no detener etarras, liberar al sanguinario Iñaki de Juana Chaos, derogar la Doctrina Parot y solucionar su financiación a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión.
Así se desprende de las actas de la banda a las que ha tenido acceso Europa Press, después de que la Audiencia Nacional levantara el secreto del sumario sobre la investigación de la negociación entre el Ejecutivo socialista y ETA. Esta documentación fue incautada al etarra Francisco Javier López Peña Thierry, tras su detención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos.
Las actas relatan el primer encuentro mantenido por Josu Ternera y el socialista Jesús Eguiguren en junio de 2005 en Ginebra hasta las negociaciones políticas y técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda criminal, el PSE y Batasuna tras el atentado de la Terminal 4 de Barajas. Las actas incluyen también las reuniones de Oslo y las nueve previas de Ginebra.
Según estas actas, en las negociaciones que se produjeron entre los días 18 y 21 de mayo de 2007, unos meses después del atentado de la T-4 (30 de diciembre de 2006) que costó la vida a dos personas, el Ejecutivo de Zapatero puso sobre la mesa el Acuerdo de Loyola, que preveía la creación de un órgano común con atribuciones ejecutivas para el País Vasco y Navarra.
En la ronda de contactos celebrada esos días se establecieron dos mesas, una de partidos y otra técnica entre Gobierno y ETA y en las que participaron: 2 miembros de Batasuna; dos de ETA; dos del PSOE; 2 del Sinn Fein, dos del Gobierno de Irlanda y uno del Gobierno de Noruega. Los socialistas lanzaron esta propuesta después de que Batasuna reiterara en la mesa política la petición de un Estatuto de Autonomía para las "cuatro provincias", lo que incluía Navarra. En esa ronda de encuentros, exigían al PSOE que tomara el compromiso de reconocer "el derecho de autodeterminación" y un referéndum para decidir sobre un estatuto "a cuatro".
Los representantes socialistas lo rechazaron pero pusieron sobre la mesa el acuerdo de Loyola, que fue pactado a finales de 2006, después de dos años de negociaciones secretas, entre el PNV, Batasuna y el PSE. En el apartado 4 de ese acuerdo, los firmantes se comprometieron a "promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios comprendidos en dichos ámbitos (País Vasco y Navarra)".
No se logró el acuerdo y ETA afirmó que habían llegado a un punto de ruptura en el proceso de negociación al no haber acuerdo político. Pocos días después, el 5 de junio de 2007, ETA rompía la tregua.
En las citadas actas se hace constar que en noviembre de ese mismo año, dos policías "con carnet y membrete 'presidencia del Gobierno'" se dirigieron a Santiago Orue, amigo y chófer de Arnaldo Otegi, para darle el mensaje de la "necesidad de hablar" y "llegar a un acuerdo antes de enero".
La financiación de ETA
Antes de la fase final, Eguiguren y Ternera habían tenido multitud de encuentros que dieron comienzo en el hotel Wilson de Ginebra en junio de 2005 y habían continuado en Oslo en noviembre del mismo año. Tras la declaración de tregua por parte de ETA, el presidente del Gobierno anunció el inicio del diálogo con la banda, dando un plazo de 6 meses.
Según las actas de Thierry, el 22 de junio de 2006, el Gobierno anunció que estaban trabajando para que Batasuna fuera legal en septiembre-octubre de ese mismo año y comunicó a la banda que habían pedido a la Guardia Civil, a la Policía y a la Policía francesa que no hicieran detenciones. "Ha sido muy difícil hacerlo", admitieron tras reconocer que la Guardia Civil "solo obedece al Duque de Ahumada". Justificaron también la labor de los jueces alegando que son "instrumento del PP".
Sin embargo, afirmaron que la Fiscalía había tenido una "actuación positiva" salvo en una ocasión y recordaron que el Gobierno había cambiado al fiscal General, nombraron a Cándido Conde-Pumpido.
Los enviados del Gobierno admitieron también que había sido un "accidente grave" las detenciones del Bar Faisán, donde se localizaba parte del aparato de extorsión de ETA. Un chivatazo policial permitió escapar a varios miembros de la banda, que posteriormente fueron arrestados. Dichos enviados de Zapatero también reconocieron que el entonces ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía un montón de cartas de extorsión que no se habían hecho públicas y que además, desde el Gobierno, estaban diciendo que no les constaba que la banda estuviera pidiendo dinero.
Posteriormente, la banda acusaría al Gobierno del 90% de los incumplimientos y este alegó que por "dar el aviso del Faisán hay un alto policía encausado y casi el jefe de seguridad del PSOE", ofreciendo salidas de presos enfermos graves, incluso el del etarra Bolinaga, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara.
Derogación de la Doctrina Parot
En las reuniones que se produjeron entre junio y septiembre de 2006 participó el exjuez y exvocal, José Manuel Gómez Benítez. En ellas, Ejecutivo también se comprometió a dejar sin efecto la Doctrina Parot ("es cosa del Constitucional y pueden derogarla", dice el acta), a acercar a presos al País Vasco y a dar la libertad condicional a Iñaki de Juana Chaos, condenado a 3.000 años de cárcel, de los que cumplió 18, por su participación en 25 asesinatos.
Sobre este último, las actas reflejan que lo harían "por medio del hombre de la Iglesia" y primero le llevarían a rehabilitación en un hospital de Madrid "manteniendo su situación de libertad en secreto".
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