Pero en España hay partidos políticos que han traspasado esa frontera ética que nos introduce en el peligroso plano inclinado de la eutanasia: se empieza permitiéndola sólo en casos excepcionales y por voluntad propia, pero se termina aplicándola sin restricciones, a cualquier persona e incluso en contra de su voluntad, y de manera especial a los más débiles y vulnerables: enfermos mentales, ancianos, discapacitados sobre todo intelectuales..., que no pueden defenderse ante la decisión de otros -el Estado, un médico, los jueces, los políticos, sus familiares- sobre sus vidas.
Es lo que ha pasado en los países que han aprobado la eutanasia antes que España: por ejemplo, en Canadá, en los Países Bajos o en Bélgica.
Recordemos qué partidos políticos han aprobado la eutanasia en España para que no se nos olvide: PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, PDeCAT, Más País, Bildu, PNV, Nueva Canarias, Coalición Canaria, CUP y Cs. Todo ellos han aplaudido a rabiar la nueva ley... de la muerte.
Y recordemos también que tan solo PP, Vox y UPN han votado en contra de legalizarla. Vox, además, ha anunciado que la recurrirá ante el Tribual Constitucional y que "la derogará", y así lo han mostrado en sus tablets y móviles en el Congreso de los Diputados.
A partir de aquí, los argumentos en contra de la eutanasia los hemos ido recogiendo en Hispanidad. Como el de José Jara, presidente de la Asociación Bioética de Madrid: “Es muy importante insistir una y otra vez en que con la eutanasia perdemos todos”.
Como el del presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés: "En diez años se estará aplicando la eutanasia a pacientes que no la han solicitado”.
Como el del presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo: “No hay garantía que impida la pendiente resbaladiza”. Y pidió que no se usen "los casos que conmueven, excepcionales" para abrir "la puerta a una cultura de la muerte" poniendo en "riesgo" a los "más vulnerables", como mayores o personas con discapacidad.
Como el del propio Comité de Bioética, órgano asesor del Gobierno:
«Legalizar la eutanasia o el auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra», apunta el documento. Se refieren a «la pendiente resbaladiza» como un riesgo que estaría «tanto en los pacientes que acabaran solicitando la eutanasia bajo la convicción de que, en su situación, es la única alternativa para la sociedad como en el uso de la misma por parte de los poderes públicos en atención al coste de la asistencia sanitaria».
Como el del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que se oponía a la eutanasia y apostaba por potenciar los cuidados paliativos.
Como el del socialista histórico Paco Vázquez: “Siempre se debe amparar y proteger el derecho a la vida, sobre todo cuando se tiene una concepción social del Estado”.
Como el de otro socialista histórico, Eligio Hernández: “No hay valor más progresista que la protección de la vida”.
Como el de la Iglesia española, que animaba a la “objeción de conciencia” frente a la eutanasia: "Es un homicidio".
Como el de la Asociación médica mundial, que recuerda a los profesionales del sector que la eutanasia "no es un acto médico".
A todo estos argumentos recogidos por Hispanidad añadimos los recogidos por Religión en Libertad, ayer mismo, cuando en vísperas de la aprobación de la ley española de eutanasia, los representantes de las asociaciones de la ‘Asamblea por la Vida’ se reunieron en el Congreso con dos docenas de diputados del PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias.
La diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio adelantó que su grupo parlamentario presentará la ley por su probable inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, "esperando que nos responda y que no haga como con el aborto, que lleva diez años sin responder". Vox también estudia solicitar al Constitucional que la ley quede sin aplicación como medida cautelar hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad. Lourdes Méndez habló de que el Gobierno pretende implantar una "cultura de la muerte y el descarte" (términos acuñados por san Juan Pablo II y el Papa Francisco respectivamente), para suplantar "la cultura de la vida en la que se basa Occidente desde hace veinte siglos", y "atacar a los más débiles y vulnerables de la sociedad”. "Va a ser un día de infamia e ignominia en la historia de España", lamentó la diputada de Vox.
Jaime Mayor Oreja, como portavoz de la Asamblea por la Vida, explicó que esta ley:
"socializa el mal entre los pacientes, el médico y los miembros de la propia familia" y pidió un recurso urgente al Constitucional. Mayor Oreja explicó a los diputados que las asociaciones se han aliado "para hablar con una voz, y no 35" y que perseverarán hasta que la ley sea derogada. "Este no es un tema menor, porque de fondo lo que se busca es un cambio de cultura. Se ha tramitado la ley sin debate, en la pandemia, amparándose siempre en el silencio, que es su gran herramienta, y nuestro deber es romper ese silencio", ha insistido Mayor Oreja. Y dijo que "las comunidades autónomas tienen que hacer una aplicación que perturbe la extensión de esta ley".
Muy contundente fue el diputado de Vox Juan Luis Steegman, quien recordó sus "41 años como hematólogo y 32 como oncohematólogo, o sea, que he vivido de cerca muchas situaciones límite". "¿Cómo llamaremos a los médicos que hacen eutanasias? ¿Tendrán miedo de ellos los pacientes? Deberían llevar bata gris, y no blanca, para que los reconozcamos. Y las asociaciones de pacientes, que con razón exigen tantas cosas a las Administraciones, ¿no deberían exigir control sobre esto, y mejores paliativos?”.
Iván Espinosa de los Monteros (Vox) dijo que aunque la izquierda cree que sus medidas son irreversibles, "aunque mañana perdamos una batalla, llegará el día en que podremos gobernar, no sé con qué fórmula, y daremos la batalla de revertir todo el mal que estas leyes han hecho".
Los dos diputados de UPN también agradecieron el trabajo de las asociaciones por la vida y el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez, que es enfermero, animó a las asociaciones a ser tenaces y a "estimular a los políticos: ¡no os cortéis!”.
Íñigo Gómez Piñeda, de la Fundación Villacisneros, constató que para defender los buenos valores "se necesitan recursos, y hay que decírselo a los líderes económicos de España".
Por su parte, Vividores ha vuelto a realizar una llamativa campaña callejera y a través de las redes sociales para intentar un freno de última hora de la ley de eutanasia. Y lo hacen apelando a los distintos partidos que tienen representación en el Congreso de los Diputados y que son al final los que tienen la llave para poder echar abajo esta ley que traerá más muerte a España en plena pandemia. “La dignidad de la vida no se vota, se defiende”, recuerdan a través de las redes sociales desde esta plataforma.
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