Juan García Gallardo, Junta de Castilla y León
"...Solo la Iglesia, algunos médicos y determinadas asociaciones se posicionan radicalmente en contra y sacuden nuestras conciencias ante esta tremenda realidad, en un discurso que se tilda de reaccionario, carca, ultracatólico. La escalada del feminismo paranoide, plasmada en la creación de un Ministerio que no sirve en absoluto para proteger a las mujeres -ahí están los incesantes crímenes de violencia machista-, ha venido a endurecer el panorama..."
DEL VALOR SUPREMO DE LA VIDA
Ignacio Miranda
A principios de la década de los ochenta, un estudiante de quinto de Medicina llamado Jesús Poveda tuvo que realizar, en el hospital madrileño de La Paz, un legrado a una mujer tras un aborto espontáneo. Tras marcharse la paciente, el ginecólogo de guardia y el anestesista, el joven fue reconstruyendo las partes del malogrado feto sobre una bandeja, conforme era preceptivo. Aquel suceso marcó para siempre su trayectoria personal. Algo que coincidía, además, con unos años en los que la interrupción voluntaria del embarazo -¡venga eufemismos!- quedaba despenalizada. Han pasado casi cuatro décadas desde entonces, en las que se ha llegado a tal grado de insensibilidad que asumimos como algo normal las terribles cifras del aborto en España: cien mil nonatos a la fuerza cada año, aunque se aprecia una tendencia a la baja.
Solo la Iglesia, algunos médicos y determinadas asociaciones se posicionan radicalmente en contra y sacuden nuestras conciencias ante esta tremenda realidad, en un discurso que se tilda de reaccionario, carca, ultracatólico. La escalada del feminismo paranoide, plasmada en la creación de un Ministerio que no sirve en absoluto para proteger a las mujeres -ahí están los incesantes crímenes de violencia machista-, ha venido a endurecer el panorama. Merced a algunos cambios legales, ahora la Policía te puede detener por rezar delante de la fachada de una clínica/cadalso dedicada a la especialidad o explicar a una mujer que pase por allí las consecuencias reales de la operación a la que se va a someter e intentar que desista en su propósito. Poveda señala que existe un negocio millonario detrás de estos centros, y destaca «el afán controlador un sector en el Gobierno radicalizado, que se empeña en que la mujer tiene que abortar sin reflexionar ni siquiera los tres días reglamentarios y sin recibir información. La mujer, cuanto más informada está, es más libre», señala. Y no olvidemos que una menor puede hacerlo sin el permiso paterno que sí necesita para ir de excursión.
El estilo de proceder ya nos suena: tienes que castrar a tu perro, no comer carne y hormonar al niño que dice, en su colosal empanada, que hoy se siente chica. Hay que reforzar con más recursos públicos la red de apoyo a las mujeres embarazadas que ven en la interrupción su única salida, en un momento personal crítico, porque la cobertura prestada hasta ahora es insuficiente y proviene de entidades particulares. Es preciso seguir formando e informando de que esta opción no es un método anticonceptivo más, como ya se considera desde ciertos segmentos de población en una banalización asombrosa. Es ahí donde debemos situar las palabras del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, respecto a las dimensiones de un drama que representa el fracaso de la sociedad, y que se acepta sin más, como denunciaba Julián Marías, frente al valor supremo de la vida.
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