“el nacimiento de la Fiesta coincide con el nacimiento de la nacionalidad española y con la lengua de Castilla……… asi pues, las corridas de toros…….. son una cosa tan nuestra, tan obligada por la naturaleza y la historia como el habla que hablamos.”.
R. Pérez de Ayala
Excepcional es la fotografía que está dando la Fundación de José María Aznar, sobre el fallo de Estrasburgo. Para esta derecha mediática “la culpa es de Zapatero”, con lo cual el “eslogan” sobre la bandera del patriotismo, es de verdadera decencia democrática.
Cree que es una “herencia indeseable” de la “negociación política” con ETA del último presidente del Gobierno del PSOE.
Esto lo dice Zarzalejos, uno de los enviados de Aznar a hablar con la banda asesina de ETA.
La culpa es de Zapatero. La Fundación FAES, presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, ha recurrido a este novedoso argumento a la hora de valorar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la 'doctrina Parot'. En su opinión, es "una herencia indeseable" de la "negociación política" con ETA puesta en marcha por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El secretario general de la Fundación, Javier Zarzalejos, que se sentó en Suiza en 1999 a hablar con ETA por orden de Aznar, firma un artículo en el que asegura que la derogación de la 'doctrina Parot' formó parte de la negociación del Gobierno socialista con ETA "bajo la piadosa etiqueta de proceso de paz" y la sentencia emitida este lunes por el TEDH es "la inercia" de esa "operación política" de Zapatero.
La fundación del PP denuncia que el expresidente del Gobierno asumió que el cese del terrorismo exigía "el desmantelamiento de la arquitectura legal con la que ETA estaba siendo derrotada". "Que el gobierno del Partido Popular tenga que hacer frente a esta inercia es una herencia indeseable --otra más-- pero, en todo caso, una responsabilidad exigente", sostiene.
Pero además, rechaza que el fallo del Tribunal de Estrasburgo pueda atribuirse a una Corte "distante y ajena a la tragedia que el terrorismo ha causado en España" y recuerda que en el TEDH está presente un magistrado español, Luis López Guerra, "con trayectoria política y puestos de alta responsabilidad en el Ministerio de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero".
"No puede extrañar que si es el propio magistrado español el que aboga por la nulidad de esa doctrina, los demás le sigan no sólo en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos sino en la interpretación de la legislación internacional", avisa. Sin embargo, cree que ni la nulidad de la 'doctrina Parot' era "evidente en sí misma", ni faltan argumentos en la jurisprudencia del propio TEDH para sostener su validez.
Y así, advierte de las consecuencias del fallo. "Pensar que lo que está pasando no tendrá consecuencias o se trata de la liquidación desafortunada de episodios del pasado, no sería más que una temeraria despreocupación sobre el futuro del País Vasco y de toda España", subraya.
Sr Lamarca, por algún problema técnico no se habrá podido poner la continuación del comentario que inicio con “Excepcional es…”. Nuevamente se lo envío, no sin antes darle las gracias por todas las atenciones que tiene usted con mis comentarios.
Zarzalejos descarta además la idea de que los políticos durante años asistieron pasivamente a los beneficios de redención de penas a los terroristas y ha achacado esta “pasividad” únicamente a “las sucesivas mayorías parlamentarias socialistas desde 1982, apoyadas por los nacionalistas”. Según denuncia, estas mayorías convirtieron “en un tabú antidemocrático” hablar de la necesidad del cumplimiento íntegro de las penas para delitos de terrorismo”.
FAES asegura que se rechazaron "una y otra vez" las iniciativas del PP para exigir el cumplimiento íntegro de penas "con la coartada de no romper la unidad de la lucha antiterrorista" y tildando de inconstitucional esta medida. Y tras la "insuficiente" reforma del Código Penal en 1995, asegura que sólo en 2003 cuando el PP logró su primera mayoría absoluta "pudo salir adelante la reforma legal que hoy garantiza el cumplimiento efectivo de las penas en estos delitos de máxima gravedad".
En este punto, lamenta que se está consiguiendo el objetivo de desmantelar esa "arquitectura jurídica" que llevó a ETA a desistir de la violencia terrorista, con la derogación de la 'doctrina Parot' junto a la situación "neutralizada" de la Ley de Partidos.
Y según recuerda, todo ello ocurre "sin arrepentimiento, sin condena alguna de la trayectoria criminal de ETA, sin renuncia a la intimidación, sin rectificación del proyecto totalitario, con las víctimas luchando por un relato que salvaguarde su dignidad y su memoria".
Es como no puede ser de otra forma, ver la situación desde otra esquina, esquina respetada, pero que se desprende de ella demasiado tufo mediático, tufo que recogen los medios afines a la derecha para engordar la mentira. Mentira que mil veces repetida termina convirtiéndose en realidad, eso al menos quieren pensar esos medios de la derecha, periodistas irresponsables y que tanto presumen de “patriotas.
Todos estos que ahora claman al cielo por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, excusan en cambio la impunidad resultante de dichos tecnicismos legales como un mal menor, porque las leyes están para aceptarlas, es lo que nos convierte en un Estado de derecho. En su acérrima custodia de la sacrosanta igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia, pueden irse al otro extremo, hasta el punto de llegar a juzgar al juzgador, recordemos si no las investigaciones del caso Gürtel. Garzón fue condenado debido a las escuchas que ordenó, a pesar de que estas se hicieron para intentar frenar a quienes se estaban enriqueciendo a nuestra costa.
Es “encomiable” la contundencia con la que responde algunos al Tribunal de Estrasburgo (de boquilla y desde aquí) y el auto posterior de la Audiencia Nacional, llegando incluso a pedir que no se aplique la sentencia. Muy valientes, aunque contrasta con su aceptación sumisa, servil y complaciente ante las crueles agresiones a la ciudadanía que nos van imponiendo desde Bruselas, ataques que se iniciaron al final del Gobierno de Zapatero, y que con el actual Gobierno de Rajoy se han recrudecido hasta lo que hace sólo unos años era inimaginable.
No hay que marear la perdiz; aquí los únicos culpables son los políticos que se han incrustado en el estado español detentando la verdadera soberanía nacional con la argucia electoral para crear y desarrollar un sistema de destrucción de España. Continuamos dando nuestro voto a los partidos que elaboran leyes que favorecen a los delincuentes (terroristas, asesinos, violadores, ladrones, etc, etc ). Entre los partidos que favorecen dichas leyes están PSOE, PSC, PP, CiU, CDC, PNV, EA, IU y otros marginales. Ha sido sangrante que PSOE y PP hayan podido cambiar dichas leyes cuando han tenido mayoría absoluta y no lo han hecho. Que los etarras (algunos) salgan a la calle no es culpa de la ETA ni de Estrasburgo, sino más bien de la mayoría de nuestros políticos.
La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo,
NO DICE que los etarras, ni los violadores, etc, son buenos.
NO DICE que los etarras, ni los violadores, no tengan que estar en la cárcel.
NO DICE que las penas a los etarras, ni a los violadores, etc, sean duras o que no pudieran ser mucho más duras.
Lo que el Tribunal de Derechos Humanos, DICE es que lo hemos hecho muy mal a la hora de castigarlos, porque primero les hemos puesto una pena muy blanda Y luego hemos querido arreglarlo haciendo un apaño, que es el que el tribunal ha declarado ilegal.
El origen del problema data del Código Penal de 1973. Este código establecía una pena máxima de 30 años y un sistema de un día de redención de pena por cada dos de trabajo -en la legislación de Franco- De esta manera, resultaba primero que terroristas condenados a cumplir condenas de cientos de años en ningún caso podían cumplir más de 30, y segundo podían salir de la cárcel cumpliendo apenas 20 al descontarse de los 30 los beneficios penitenciarios por redención de pena. Indirectamente también provocaba el efecto de eliminar el principio de proporcionalidad de la pena, estableciendo de hecho una tarifa plana para el crimen en virtud de la cual penalmente casi daba igual matar a uno que a ochenta.
Esta situación se prolongó hasta 1995, año en que se reformó en profundidad el Código Penal incluyendo este asunto. Es decir, que todos los casos que ahora representan un problema datan de ese período comprendido entre 1977 (tras la amnistía general que se produjo aquel año) y 1995.
La situación eclosionó en 2006 en el momento en que los primeros etarras juzgados por el código del 73, en virtud de aquel código y aquel sistema de redención de penas, tenían que empezar a ser liberados.
Puesto en la tesitura de tener que poner en libertad al terrorista Henri Parot, autor del atentado contra una casa cuartel en Zaragoza en el que murieron 11 personas, tras tan sólo 16 años de haber estado encarcelado, el Tribunal Supremo lo evitó creando la “doctrina Parot”. En virtud de esta doctrina el tribunal interpretaba que las redenciones de pena por beneficios penitenciarios no debían descontarse de los 30 años de pena máxima efectiva, sino del conjunto de todas las condenas que, en el caso de los terroristas más sanguinarios, podía alcanzar centenares de años.
La doctrina Parot no sólo evitaba la excarcelación de etarras sino de otros delincuentes particularmente peligrosos, incluyendo asesinos en serie o violadores reincidentes.
No obstante, si analizamos la secuencia de los hechos, lo que tenemos es un Código Penal ridículamente desequilibrado a favor de los criminales. Pero ése fue el Código Penal que mantuvieron sucesivos gobiernos entre 1977 y 1995. Es decir, que algunos de nuestros bienamados políticos, particularmente los del PSOE, decidieron mantener durante 18 años ese código particularmente blando con los terroristas, duro con las víctimas y peligroso para la sociedad.
No es culpa del tribunal europeo que eligiéramos ese código. En el año 77, en el 82, o en cualquier otro momento anterior al 95, podíamos haber implantado la cadena perpetua revisable, como en Francia o Alemania, y hubiera sido perfectamente legítimo.
En vez de eso mantuvimos el código del 73 y más tarde, muy en línea de nuestra peor reputación de improvisadores y chapuceros, al llegar las consecuencias del desastre hicimos un apaño fulañero para intentar paliar las consecuencias de una previa política penal catastrófica.
El problema es que aquel apaño no fue legal. Uno puede elegir, legítimamente, imponer una pena de 10, 20 u 80 años a un terrorista. Lo que no puede hacer es ponerle una pena de 10 años y, transcurridos esos 10 años, dándose cuenta de que era una pena muy pequeña, intentar cambiarla por otra de 20. Eso es lo que el Tribunal de Derechos Humanos ha determinado que no se puede hacer. Y es por eso por lo que los etarras detenidos en Francia pueden estar condenados a penas más duras que en España con la bendición apostólica del Tribunal de Estrasburgo.
Lo que el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho, por tanto, no es que los etarras sean buenos, ni que merezcan penas inferiores a las que se les impusieron, ni que los etarras de la promoción del 94 sean mejores que los de la promoción del 95, sino que nosotros fuimos tontos.
Las responsabilidades no hay que pedirlas al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sino a todos los políticos españoles que por activa o por pasiva han permitido esta situación.
Si alguno de los políticos españoles , en el Parlamento, Senado, Parlamento Europeo, etc, tuviera algo de vergüenza dimitiría y no sólo pediría perdón aunque lo haga compungido. No lo vamos a ver porque son hez.
Resumiendo. Lo que el Tribunal de Derecho Humanos dice no es que los etarras sean buenos, sino que nosotros los españoles somos tontos.
Claro es que si estos gobernantes estafadores hubieran modificado por Ley el Código penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para asegurar el cumplimiento íntegro de las penas impuestas, no se hubiera podido sacar ahora a los terroristas de ETA de las cárceles. Ahí está el nudo gordiano; el colchón legal debería existir para llegado el momento oportuno, como ha sido ahora, premiar a los socios etarras con la libertad tras haber legalizado la banda asesina previamente y regalarle la provincia de Guipúzcoa, 90 ayuntamiento vascos, y su acceso al Parlamento Español. Qué listos son. Y mientras a las víctimas y los españoles de bien que les den por..... Que la maldición del demonio caiga sobre ellos.
Muy buenos comentarios los de F Sstrústegui, sobre todo en donde se basa el fondo de sus contenidos, y es que no hay nada mejor para evitar decir absurdas sandeces que luego queda uno peor que Cagancho en Almagro, que “copiar” lo que otro ha escrito. Continúe así y no se arrepentirá.
Excepcional la fotografía y extraordinario el eslogam sobre la bandera. Lo reenvío a todos mis amigos.
ResponderEliminarExcepcional es la fotografía que está dando la Fundación de José María Aznar, sobre el fallo de Estrasburgo. Para esta derecha mediática “la culpa es de Zapatero”, con lo cual el “eslogan” sobre la bandera del patriotismo, es de verdadera decencia democrática.
ResponderEliminarCree que es una “herencia indeseable” de la “negociación política” con ETA del último presidente del Gobierno del PSOE.
Esto lo dice Zarzalejos, uno de los enviados de Aznar a hablar con la banda asesina de ETA.
La culpa es de Zapatero. La Fundación FAES, presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, ha recurrido a este novedoso argumento a la hora de valorar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la 'doctrina Parot'. En su opinión, es "una herencia indeseable" de la "negociación política" con ETA puesta en marcha por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El secretario general de la Fundación, Javier Zarzalejos, que se sentó en Suiza en 1999 a hablar con ETA por orden de Aznar, firma un artículo en el que asegura que la derogación de la 'doctrina Parot' formó parte de la negociación del Gobierno socialista con ETA "bajo la piadosa etiqueta de proceso de paz" y la sentencia emitida este lunes por el TEDH es "la inercia" de esa "operación política" de Zapatero.
La fundación del PP denuncia que el expresidente del Gobierno asumió que el cese del terrorismo exigía "el desmantelamiento de la arquitectura legal con la que ETA estaba siendo derrotada". "Que el gobierno del Partido Popular tenga que hacer frente a esta inercia es una herencia indeseable --otra más-- pero, en todo caso, una responsabilidad exigente", sostiene.
Pero además, rechaza que el fallo del Tribunal de Estrasburgo pueda atribuirse a una Corte "distante y ajena a la tragedia que el terrorismo ha causado en España" y recuerda que en el TEDH está presente un magistrado español, Luis López Guerra, "con trayectoria política y puestos de alta responsabilidad en el Ministerio de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero".
"No puede extrañar que si es el propio magistrado español el que aboga por la nulidad de esa doctrina, los demás le sigan no sólo en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos sino en la interpretación de la legislación internacional", avisa. Sin embargo, cree que ni la nulidad de la 'doctrina Parot' era "evidente en sí misma", ni faltan argumentos en la jurisprudencia del propio TEDH para sostener su validez.
Y así, advierte de las consecuencias del fallo. "Pensar que lo que está pasando no tendrá consecuencias o se trata de la liquidación desafortunada de episodios del pasado, no sería más que una temeraria despreocupación sobre el futuro del País Vasco y de toda España", subraya.
Continuara
Enrique Castillo
Sr Lamarca, por algún problema técnico no se habrá podido poner la continuación del comentario que inicio con “Excepcional es…”. Nuevamente se lo envío, no sin antes darle las gracias por todas las atenciones que tiene usted con mis comentarios.
ResponderEliminarZarzalejos descarta además la idea de que los políticos durante años asistieron pasivamente a los beneficios de redención de penas a los terroristas y ha achacado esta “pasividad” únicamente a “las sucesivas mayorías parlamentarias socialistas desde 1982, apoyadas por los nacionalistas”. Según denuncia, estas mayorías convirtieron “en un tabú antidemocrático” hablar de la necesidad del cumplimiento íntegro de las penas para delitos de terrorismo”.
FAES asegura que se rechazaron "una y otra vez" las iniciativas del PP para exigir el cumplimiento íntegro de penas "con la coartada de no romper la unidad de la lucha antiterrorista" y tildando de inconstitucional esta medida. Y tras la "insuficiente" reforma del Código Penal en 1995, asegura que sólo en 2003 cuando el PP logró su primera mayoría absoluta "pudo salir adelante la reforma legal que hoy garantiza el cumplimiento efectivo de las penas en estos delitos de máxima gravedad".
En este punto, lamenta que se está consiguiendo el objetivo de desmantelar esa "arquitectura jurídica" que llevó a ETA a desistir de la violencia terrorista, con la derogación de la 'doctrina Parot' junto a la situación "neutralizada" de la Ley de Partidos.
Y según recuerda, todo ello ocurre "sin arrepentimiento, sin condena alguna de la trayectoria criminal de ETA, sin renuncia a la intimidación, sin rectificación del proyecto totalitario, con las víctimas luchando por un relato que salvaguarde su dignidad y su memoria".
Es como no puede ser de otra forma, ver la situación desde otra esquina, esquina respetada, pero que se desprende de ella demasiado tufo mediático, tufo que recogen los medios afines a la derecha para engordar la mentira. Mentira que mil veces repetida termina convirtiéndose en realidad, eso al menos quieren pensar esos medios de la derecha, periodistas irresponsables y que tanto presumen de “patriotas.
Todos estos que ahora claman al cielo por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, excusan en cambio la impunidad resultante de dichos tecnicismos legales como un mal menor, porque las leyes están para aceptarlas, es lo que nos convierte en un Estado de derecho. En su acérrima custodia de la sacrosanta igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia, pueden irse al otro extremo, hasta el punto de llegar a juzgar al juzgador, recordemos si no las investigaciones del caso Gürtel. Garzón fue condenado debido a las escuchas que ordenó, a pesar de que estas se hicieron para intentar frenar a quienes se estaban enriqueciendo a nuestra costa.
Es “encomiable” la contundencia con la que responde algunos al Tribunal de Estrasburgo (de boquilla y desde aquí) y el auto posterior de la Audiencia Nacional, llegando incluso a pedir que no se aplique la sentencia. Muy valientes, aunque contrasta con su aceptación sumisa, servil y complaciente ante las crueles agresiones a la ciudadanía que nos van imponiendo desde Bruselas, ataques que se iniciaron al final del Gobierno de Zapatero, y que con el actual Gobierno de Rajoy se han recrudecido hasta lo que hace sólo unos años era inimaginable.
Así lo veo y así lo cuento.
Saludos
Enrique Castillo
No hay que marear la perdiz; aquí los únicos culpables son los políticos que se han incrustado en el estado español detentando la verdadera soberanía nacional con la argucia electoral para crear y desarrollar un sistema de destrucción de España.
ResponderEliminarContinuamos dando nuestro voto a los partidos que elaboran leyes que favorecen a los delincuentes (terroristas, asesinos, violadores, ladrones, etc, etc ). Entre los partidos que favorecen dichas leyes están PSOE, PSC, PP, CiU, CDC, PNV, EA, IU y otros marginales.
Ha sido sangrante que PSOE y PP hayan podido cambiar dichas leyes cuando han tenido mayoría absoluta y no lo han hecho.
Que los etarras (algunos) salgan a la calle no es culpa de la ETA ni de Estrasburgo, sino más bien de la mayoría de nuestros políticos.
La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo,
NO DICE que los etarras, ni los violadores, etc, son buenos.
NO DICE que los etarras, ni los violadores, no tengan que estar en la cárcel.
NO DICE que las penas a los etarras, ni a los violadores, etc, sean duras o que no pudieran ser mucho más duras.
Lo que el Tribunal de Derechos Humanos, DICE es que lo hemos hecho muy mal a la hora de castigarlos, porque primero les hemos puesto una pena muy blanda Y luego hemos querido arreglarlo haciendo un apaño, que es el que el tribunal ha declarado ilegal.
El origen del problema data del Código Penal de 1973. Este código establecía una pena máxima de 30 años y un sistema de un día de redención de pena por cada dos de trabajo -en la legislación de Franco- De esta manera, resultaba primero que terroristas condenados a cumplir condenas de cientos de años en ningún caso podían cumplir más de 30, y segundo podían salir de la cárcel cumpliendo apenas 20 al descontarse de los 30 los beneficios penitenciarios por redención de pena. Indirectamente también provocaba el efecto de eliminar el principio de proporcionalidad de la pena, estableciendo de hecho una tarifa plana para el crimen en virtud de la cual penalmente casi daba igual matar a uno que a ochenta.
Esta situación se prolongó hasta 1995, año en que se reformó en profundidad el Código Penal incluyendo este asunto. Es decir, que todos los casos que ahora representan un problema datan de ese período comprendido entre 1977 (tras la amnistía general que se produjo aquel año) y 1995.
La situación eclosionó en 2006 en el momento en que los primeros etarras juzgados por el código del 73, en virtud de aquel código y aquel sistema de redención de penas, tenían que empezar a ser liberados.
Puesto en la tesitura de tener que poner en libertad al terrorista Henri Parot, autor del atentado contra una casa cuartel en Zaragoza en el que murieron 11 personas, tras tan sólo 16 años de haber estado encarcelado, el Tribunal Supremo lo evitó creando la “doctrina Parot”. En virtud de esta doctrina el tribunal interpretaba que las redenciones de pena por beneficios penitenciarios no debían descontarse de los 30 años de pena máxima efectiva, sino del conjunto de todas las condenas que, en el caso de los terroristas más sanguinarios, podía alcanzar centenares de años.
F. Satrústegui
Continuará
La doctrina Parot no sólo evitaba la excarcelación de etarras sino de otros delincuentes particularmente peligrosos, incluyendo asesinos en serie o violadores reincidentes.
ResponderEliminarNo obstante, si analizamos la secuencia de los hechos, lo que tenemos es un Código Penal ridículamente desequilibrado a favor de los criminales. Pero ése fue el Código Penal que mantuvieron sucesivos gobiernos entre 1977 y 1995. Es decir, que algunos de nuestros bienamados políticos, particularmente los del PSOE, decidieron mantener durante 18 años ese código particularmente blando con los terroristas, duro con las víctimas y peligroso para la sociedad.
No es culpa del tribunal europeo que eligiéramos ese código. En el año 77, en el 82, o en cualquier otro momento anterior al 95, podíamos haber implantado la cadena perpetua revisable, como en Francia o Alemania, y hubiera sido perfectamente legítimo.
En vez de eso mantuvimos el código del 73 y más tarde, muy en línea de nuestra peor reputación de improvisadores y chapuceros, al llegar las consecuencias del desastre hicimos un apaño fulañero para intentar paliar las consecuencias de una previa política penal catastrófica.
El problema es que aquel apaño no fue legal. Uno puede elegir, legítimamente, imponer una pena de 10, 20 u 80 años a un terrorista. Lo que no puede hacer es ponerle una pena de 10 años y, transcurridos esos 10 años, dándose cuenta de que era una pena muy pequeña, intentar cambiarla por otra de 20. Eso es lo que el Tribunal de Derechos Humanos ha determinado que no se puede hacer. Y es por eso por lo que los etarras detenidos en Francia pueden estar condenados a penas más duras que en España con la bendición apostólica del Tribunal de Estrasburgo.
Lo que el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho, por tanto, no es que los etarras sean buenos, ni que merezcan penas inferiores a las que se les impusieron, ni que los etarras de la promoción del 94 sean mejores que los de la promoción del 95, sino que nosotros fuimos tontos.
Las responsabilidades no hay que pedirlas al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sino a todos los políticos españoles que por activa o por pasiva han permitido esta situación.
Si alguno de los políticos españoles , en el Parlamento, Senado, Parlamento Europeo, etc, tuviera algo de vergüenza dimitiría y no sólo pediría perdón aunque lo haga compungido. No lo vamos a ver porque son hez.
Resumiendo. Lo que el Tribunal de Derecho Humanos dice no es que los etarras sean buenos, sino que nosotros los españoles somos tontos.
Claro es que si estos gobernantes estafadores hubieran modificado por Ley el Código penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para asegurar el cumplimiento íntegro de las penas impuestas, no se hubiera podido sacar ahora a los terroristas de ETA de las cárceles. Ahí está el nudo gordiano; el colchón legal debería existir para llegado el momento oportuno, como ha sido ahora, premiar a los socios etarras con la libertad tras haber legalizado la banda asesina previamente y regalarle la provincia de Guipúzcoa, 90 ayuntamiento vascos, y su acceso al Parlamento Español. Qué listos son. Y mientras a las víctimas y los españoles de bien que les den por.....
Que la maldición del demonio caiga sobre ellos.
F. Satrústegui
Muy buenos comentarios los de F Sstrústegui, sobre todo en donde se basa el fondo de sus contenidos, y es que no hay nada mejor para evitar decir absurdas sandeces que luego queda uno peor que Cagancho en Almagro, que “copiar” lo que otro ha escrito.
ResponderEliminarContinúe así y no se arrepentirá.
Un afectuoso saludo
Roberto Gómiz