"...Pero choca que los socialdemócratas, a la vez que vindican el “derecho a la blasfemia” (cristiana), prohíban, ay, la blasfemia civil, con leyes de género que invierten, ¡oh, justicia poética!, la carga de la prueba, como en los mejores tiempos de la Santa Inquisición..."
Blasfemias
Abc
La matanza de París lleva a la socialdemocracia a vindicar el “derecho a la blasfemia” (sic), guinda que coronaría la tarta de derechos de una cultura europea que ya no tiene más tótem que la bicicleta.
El “derecho a la blasfemia” es una de las grandes conquistas alemanas de los años 30, con la del aborto y la eutanasia que tanto escandalizaron, por cierto, a Largo Caballero.
Hombre, si el Papa de Roma, jesuita y argentino, tiene por pintura favorita, no al “Cristo” de Velázquez, sino a la “Crucifixión Blanca” de Chagall, no seré yo quien se ponga al frente de la manifestación para prohibir la blasfemia.
Cuando los daneses sacaron las caricaturas de Mahoma, en la Onu se planteó la prohibición de la blasfemia, si bien únicamente en su rama mahometana, con el apoyo intelectual de Sergio Pitol (otro premio Cervantes, como Goytisolo), que zapateramente condenó aquellas caricaturas por “irreverentes y agresivas”.
A mí de la blasfemia no me separa la fe (“No me mueve, mi Dios, para quererte / el cielo que me tienes prometido, / ni me mueve el infierno tan temido / para dejar por eso de ofenderte”, arranca el soneto español más elevado), sino el gusto. La cultura es cultivo y procede, lo mismo que el derecho, de la tierra, donde los muertos, que es lo sagrado.
Y la verdad es que no tenía uno a la blasfemia por “derecho humano”, sino por curiosidad antropológica de algunos rincones de la ribera navarra y del agro vascongado.
Pero choca que los socialdemócratas, a la vez que vindican el “derecho a la blasfemia” (cristiana), prohíban, ay, la blasfemia civil, con leyes de género que invierten, ¡oh, justicia poética!, la carga de la prueba, como en los mejores tiempos de la Santa Inquisición.
Así, en el famoso soneto cabrero de Miguel Hernández a Gil Robles, el poeta quedaría absuelto de su “me c… en Cristo”, aunque sería condenado por su “vete, m…azo”. ¡Anda que no hay formas de decir Jehová!
–¿Jehová? ¿Ha dicho Jehová? ¡Lapidación!
¿Error de transmisión del comentario o que no se quiere poner? Demos una nueva oportunidad, y de no publicarse seremos uno más en decir a dios y que usted lo pase bien.
ResponderEliminarLa matanza de París podrá llevar a la socialdemocracia a vindicar el “derecho a la blasfemia”, y que el Papa Francisco en vez de tener un Cristo de Velásquez tenga la “Crucifixión Blanca” de Chagall …
Lo cierto y verdadero es que nuestro país suele ser escenario habitual de multitudinarias manifestaciones convocadas para exigir que todos los embarazos humanos culminen con el nacimiento de un bebé, más allá de la voluntad de la madre. Estas personas, normalmente conectadas con movimientos religiosos integristas y con la parte más retrógrada de la derecha política, anteponen el “derecho a la vida” de las células embrionarias situadas en un útero, respecto a cualquier otra circunstancia volitiva, personal, social, laboral, económica, afectiva o psicológica de la mujer de la que forma parte ese órgano.
Sin embargo, la actitud de estos grupos es muy diferente cuando hablamos del “derecho a la vida” de los seres humanos completos que han contraído la hepatitis C, una enfermedad grave que cada dos horas siega la vida de una persona en España. En este caso, la lógica del dios Mercado prevalece sobre el “derecho a la vida” de los enfermos. Razones de mercado son las que impiden que los gestores de la sanidad pública española (muchos de ellos conectados con movimientos religiosos integristas y con la parte más retrógrada de la derecha política) suministren a estos enfermos el medicamento Sovaldi, patentado por la empresa Gilead Sciences, y comercializado a 1.000 dólares el comprimido de 400 mg. (lo que supondría un coste total de entre 50.000 y 100.000 euros por paciente).
Frente a la negativa de estos gestores a abonar el “precio de mercado” del fármaco, e incluso, a denunciar la patente ante los organismos internacionales para fabricar el correspondiente genérico (lo que rebajaría el coste para dejarlo entre 600 y 900 euros), las organizaciones “pro vida” no han convocado multitudinarias manifestaciones ni han realizado soflamas incendiarias a favor del “derecho a la vida” de unos enfermos que, además de padecer su dolencia, deben sufrir la afrenta de unos gobernantes dispuestos a racanearles el medicamento que podría salvarles la vida.
Debe de ser porque lo suyo son las células y no los seres humanos.
Hace muchos días desde el inicio del encierro que están llevando a cabo varios activistas de la plataforma de afectados por la hepatitis C en el hospital Doce de Octubre de Madrid. Veinte días en los que el único argumento esgrimido por los responsables del sistema sanitario público de nuestro país, es que existen carencias presupuestarias para suministrar Sovaldi a todos los enfermos que lo necesitan.
Sin embargo, estos gobernantes cometen un grave error en el análisis de un problema que, en realidad, sólo tiene dos constantes:
1) todo el mundo en España tiene el derecho constitucional a la protección de la salud a través de las prestaciones y los servicios necesarios (art. 43)1
2) la sanidad pública española se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a través de un sistema financiero justo y progresivo (art. 31)2
Con estas dos constantes no cabe la posibilidad de que las vidas de un grupo de pacientes corran peligro por no suministrarles el tratamiento idóneo para la dolencia que padecen, ya que la Constitución no permite la existencia de una sanidad pública deficitaria, ni tampoco de un sistema insuficientemente dotado de recursos humanos y económicos a causa de la ineptitud de sus gestores.
¿Esto que clase de blasfemia es?
Diego Barceló