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Miguel Cid
El Español/3 enero, 2024
Según ha anunciado la organización AnimaNaturalis, será este jueves, a las 11:30 horas, cuando diversas organizaciones y personalidades de la sociedad civil procedan al registro de dicha iniciativa, basándose en que “Socava las competencias autonómicas y municipales puesto que, en la práctica, priva a los ayuntamientos y autonomías de la iniciativa en la regulación de las manifestaciones del patrimonio cultural propio”, indica la organización en una nota. Una vez admitida a trámite, dispondrán de nueve meses de plazo para reunir un total de 500.000 firmas con el fin de que se pueda iniciar su tramitación en la Cámara.
A la vista de lo anterior, y como la normativa indica, primero tienen que conseguir 500.000 firmas, lo que no es fácil. Y en cuanto a su tramitación parlamentaria, “antes de que la legislatura termine”, es evidente que lo que se busca es que la misma mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno y alguna de sus propuestas legislativas más sonadas, apruebe dicha iniciativa derogatoria.
Pues bien, habría que recordarles a los proponentes que invocan que se socavan las competencias autonómicas y municipales que ya el Tribunal Constitucional en la sentencia que anuló la prohibición catalana, de 20/10/2016, dejó claro que dicha competencia es estatal y que son, por el contrario, las autonomías y municipios los que deben someterse a la misma. Esto es, la competencia es exclusiva del Estado y, por consiguiente, ninguna Comunidad Autónoma y menos aún, ningún Ayuntamiento, pueden legislar o dictaminar en contra de la norma estatal que se basa precisamente en las competencias otorgadas por la Constitución, art. 46 de la misma, precisando dicha sentencia que es deber de los poderes públicos garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio cultural, añadiendo que:
“la protección de la diversidad cultural de los pueblos de España que deriva del citado art. 46 CE trata de garantizar que aquellas tradiciones implantadas a nivel nacional se vean complementadas y enriquecidas con las tradiciones o culturas propias de las Comunidades Autónomas”, pues añade dicho Tribunal que:
“se comparta o no, no cabe desconocer la conexión existente entre las corridas de toros y patrimonio cultural español”.
Pero es que, además, la ley que se pretende derogar señala con claridad que “la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto a actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común, como así lo demuestran las Partidas de Alfonso X “El Sabio”, que ya en el siglo XIII contemplaban y regulaban esta materia”, añadiendo que, “las fiestas o espectáculos taurinos incluyen no solo a las corridas de toros sino un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, que a su vez comprende lo que hoy entendemos como ´tauromaquia´. Todo esto es signo de identidad colectiva y ello justifica que su preservación corresponda y competa a todos los poderes públicos”.
¿Es que acaso lo que pretenden los proponentes de la iniciativa legislativa popular mencionada es borrar del mapa esta parte importante de nuestro patrimonio histórico y cultural común, basándose en una inexistente competencia autonómica y municipal?
Veo difícil lo de las 500.000 firmas, pero más difícil aún que diputados españoles, sean del partido que sean, voten a favor de esta amputación de nuestra historia y de nuestra tradición, por muy antitaurino que sea el actual Sr. Ministro de Cultura. ¿De qué cultura?
Confiemos en el sentido común de todos ellos que, aunque sea el menos común de los sentidos, no sea pisoteado por estos animalistas de salón.
En definitiva, no creo, sinceramente, que este despropósito salga adelante. Pero ya veremos dijo un ciego.
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