'..en España, como en los países de nuestro entorno, la sustitución poblacional mediante la importación de poblaciones remotas, de cultura muy distinta, es un fenómeno dramático que muy pocos –aunque muy poderosos– aplauden, tan cuajado de graves problemas asociados que sus defensores tienen que recurrir a argumentos (por llamarlos de alguna manera) ternuristas y “del caso extremo”..'
El santón y el censo
Bután, del índice de felicidad al campo de refugiados
Por Carlos Esteban
La viñeta se ha convertido en meme, adecuado para miles de chistes: un ascético santón en la cima de una montaña del Himalaya, a la que acuden peregrinos aislados para conocer el Sentido Secreto de la Vida o la solución a un problema trivial. Es un chiste viejo, heredado de aquel orientalismo de saldo que dejó la cultura hippie, pero cuando sopesamos el problema más urgente que tenemos entre manos en Europa, la sustitución poblacional, haríamos bien en echar un vistazo hacia el Himalaya.
Quienes hayan oído hablar superficialmente del reino de Bután, en las estribaciones orientales del Himalaya, probablemente sepan que se trata de un pintoresco y centenario Estado difícil de acceder, con una peculiar cultura budista que le da su identidad y su curiosa iniciativa de sustituir el Producto Interior Bruto como medida de progreso por la Felicidad Interior Bruta. En definitiva, un armonioso Shangri-La para turistas occidentales.
Pero paraíso o no, Bután ha estado a un tris de perder su identidad nacional por completo, una historia de imprudencia y posteriores medidas implacables que han alertado a las asociaciones de derechos humanos y qué, desde nuestra perspectiva, debería servir como apología moral o cuento con moraleja. Para entender algo de lo que ocurre cuando una sociedad siente que pierde el control de su propia continuidad, conviene mirar hacia el santón del Himalaya.
Porque en España, como en los países de nuestro entorno, la sustitución poblacional mediante la importación de poblaciones remotas, de cultura muy distinta, es un fenómeno dramático que muy pocos –aunque muy poderosos– aplauden, tan cuajado de graves problemas asociados que sus defensores tienen que recurrir a argumentos (por llamarlos de alguna manera) ternuristas y “del caso extremo”.
Así, los obispos españoles se han mostrado inusualmente activos en la presión política a favor de la “acogida” masiva de población alógena recurriendo a una lectura algo simplista e infantiloide del Evangelio, sin considerar que el fenómeno que defiende tiene muchas probabilidades de desencadenar una situación de la que no querrán hacerse responsables, de una implacabilidad muchísimo mayor que la que ahora podría poner fin o, al menos, mitigar el problema.
Y eso nos lleva a Bután. El reino nunca fue rico, pero a mediados del pasado siglo era más próspero que su vecino Nepal, así que se inició una “invasión” silenciosa y pacífica de nepalíes que se asentaban en los distritos meridionales del país. Primero como mano de obra, después como vecinos, finalmente como una presencia estable. Los nativos les llamaron Lhotshampa.
Y entonces, hacia los años ochenta del pasado siglo, Bután decidió hacer un censo y comprobó, aterrado, que los Lhotshampa constituían ya más de un tercio de la población y, según las proyecciones de los demógrafos, pronto serían mayoría. Eran habas contadas. En algunos distritos, la lengua de la calle ya no era la de la capital. Las redes sociales, económicas y familiares no coincidían con las del núcleo histórico del país. El dilema era claro: o aceptaban mansamente que el país desapareciera como entidad cultural y social y se transformaba en un Nepal 2, o actuaban sin contemplaciones. El rey y la élite drukpa optaron por la segunda opción.
Veían el cambio demográfico como una amenaza existencial a la identidad cultural, religiosa y soberana de Bután. Temían convertirse en “otro Sikkim”, el ex Estado también himalayo, ahora parte integrante de la India, que perdió su autonomía precisamente por los cambios demográficos. La política resultante se enmarcó bajo el lema “Un Pueblo, Una Nación”.
En 1985, una ley de ciudadanía fijó requisitos estrictos: demostrar residencia anterior a 1958. En zonas rurales, con registros incompletos, aquello convertía la pertenencia en un problema documental. Y en 1988 llegó el censo. Hogares encuadrados en categorías según su estatus, con consecuencias inmediatas: quién era ciudadano pleno, quién no, quién debía acreditar lo que no podía acreditar. Acceso restringido a servicios. Y, con todo ello, una presión creciente para resolver la situación de la manera más simple: marchándose.
Luego vinieron las protestas, las detenciones, la represión, hasta llegar al éxodo. Carreteras hacia Nepal. Campamentos que, con el tiempo, se estabilizaron como una solución permanente para lo que había empezado como provisional. A comienzos de los noventa, más de cien mil personas vivían en campos de refugiados en Nepal (en la fotografía, refugiados lhotshampa) . Durante años. Más tarde, programas internacionales las redistribuirían en terceros países. Estados Unidos, Canadá, Australia. Bután, mientras tanto, había reducido de forma drástica la presencia de esa población en su territorio.
Por supuesto, los Lhotshampa, no sin razón, se han convertido en una de las víctimas favoritas de las asociaciones internacionales de derechos humanos, y la política butanesa se comentó con las más oscuros colores en los análisis de la zona, hablando abiertamente de “limpieza étnica”.
Nadie quería escuchar o aceptar los argumentos del gobierno butanés, ni plantearse si una comunidad política tiene derecho a seguir siendo reconociblemente ella misma, y bajo qué condiciones.
La incomodidad de Bután no está en su dureza —que la tiene—, sino en que rompe el relato fácil. Aquí preferimos pensar que la composición de una sociedad es una variable secundaria, que basta con gestionar servicios, redistribuir recursos y confiar en que el tiempo haga el trabajo. Bután, en cambio, actuó como si esa composición importara. Parafraseando a Viktor Orbán, Bután quería seguir siendo butanesa.
Nadie quiere una “salida a la butanesa”; ni siquiera Bután que, a toro pasado, hubiera preferido no tener que llegar tan lejos. Lo humano, lo caritativo (por emplear un término que agrade a nuestros prelado), lo social (lo mismo, para la sedicente izquierda) sería atajar el problema cuando aún puede hacerse. Las alternativas son una solución in extremis mucho más intolerable a los ojos buenistas, o simplemente desaparecer como les pasó a los tasmanos y a cualquier sociedad que no se resista a su desaparición.
Se elija una u otra opción, conviene que se haga con los ojos bien abiertos. Al europeo, cuya forma mentís apenas puede concebir en serio que vaya a desaparecer su identidad, tras siglos de imponerla parcialmente a otros como cultura hegemónica. Y mientras prospera la falacia buenista de que cuestionar la escala o el ritmo equivale a negar la dignidad humana de quien llega, como si quedarse en sus países, donde gobiernan sus paisanos, fuera algo misteriosamente indigno. Emigrar no es un bien, sino una ruptura dramática. El propio Benedicto XVI abogaba por el “derecho a no emigrar”.
En origen, los países pierden a sus jóvenes. A los más móviles, a los más dispuestos a asumir riesgos. Pierden capital humano. Se habla de remesas, y con razón. Pero no sustituyen a una generación que no está.
Mientras tanto, en destino, la política se reorganiza en torno a la gestión de ese flujo. Más programas, más administración, más intermediación. La inmigración deja de ser un fenómeno a ordenar para convertirse en un ámbito de gestión permanente. Y lo que se gestiona de forma permanente tiende a justificar su propia expansión.
Hay, además, un elemento más sutil. A medida que la sociedad se vuelve más heterogénea a un ritmo que desborda los mecanismos de transmisión —escuela, trabajo, normas informales—, la cohesión se resiente. Menos confianza espontánea, más necesidad de regulación, más fricción. La diversidad no desaparece. Se administra.
Aristóteles dejó escrito que el gobernante que teme a su propio pueblo prefiere rodearse de dependientes antes que de ciudadanos exigentes. No es una consigna moral. Es una observación sobre el poder. Traducida a nuestro tiempo: una sociedad menos cohesionada es más fácil de gestionar desde arriba.
El episodio de Bután no es un modelo a imitar, pero fija un límite que aquí se prefiere no nombrar. Durante décadas, la presencia de población de origen nepalí en el sur creció sin una respuesta política proporcional. Cuando el Estado decidió intervenir, ya no estaba en el terreno de la gestión ordinaria, sino en el de las medidas extraordinarias: endurecimiento de la ciudadanía, censo clasificador, salidas masivas. El resultado fue rápido y visible en términos de reconfiguración demográfica del país. Pero el coste fue también considerable.
Cuanto más se demora la intervención sobre fenómenos de gran escala, más estrecho se vuelve el abanico de opciones. La pregunta de fondo es qué margen tiene un Estado para influir en la composición y el ritmo de cambio de su población sin romper el marco de derechos que dice sostener.
Aún estamos a tiempo, por los pelos; aún se pueden aplicar políticas realistas que no desencadenen una tragedia para evitar otra mayor y más irreversible. No queremos ser Bután, pero tampoco Tasmania.
