Manuel Escribano, en la feria de San Fermín, en la plaza de toros de Pamplona. / LUIS AZANZA
"...la fiesta de los toros es un chollo para el Estado, acomplejado ante los enemigos de la fiesta, e implacable con quienes no hacen más que mantener un patrimonio cultural así reconocido por el propio Estado. Increíble…"
El proyecto de los Presupuestos Generales no incluye ninguna partida para la tauromaquia
- desde noviembre de 2013 está en vigor una ley que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, y que en su artículo 5 señala que "es competencia de la Administración General del Estado garantizar su conservación y promoción, y, para ello, el Gobierno desarrollará un Plan Nacional, -ya aprobado- en el que se recogerán medidas de fomento y promoción de la tauromaquia"
Al margen de gustos, todos legítimos, radicales posturas antitaurinas y la denunciable desidia de quienes viven del negocio, el trato que la fiesta de los toros recibe del Gobierno no tiene nombre. O sí: una vergüenza.
El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado no incluye ninguna partida para la tauromaquia, pero aquel sí recibe mucho dinero del espectáculo taurino. O sea, un chollo. La tauromaquia, guste o no guste, ingresa vía impuestos muchos millones de euros en hacienda y no recibe nada.
¿Acaso lo ha recibido alguna vez? Nunca, pero desde noviembre de 2013 está en vigor una ley que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, y que en su artículo 5 señala que "es competencia de la Administración General del Estado garantizar su conservación y promoción, y, para ello, el Gobierno desarrollará un Plan Nacional, -ya aprobado- en el que se recogerán medidas de fomento y promoción de la tauromaquia".
Pero, ¿cómo se va a poner en marcha un programa de mejora del toro de lidia o de formación de presidentes, delegados y veterinarios o de acondicionamiento de las plazas de toros, como recoge el citado plan, si no hay un euro?
Pero, ¿cómo se va a poner en marcha un programa de mejora del toro de lidia o de formación de presidentes, delegados y veterinarios o de acondicionamiento de las plazas de toros, como recoge el citado plan, si no hay un euro?
En fin, que la ley es un brindis al sol, una catarata de bonitas palabras, pero huecas de contenido. Quede clara, no obstante, una cuestión de partida: la tauromaquia es una actividad perfectamente legal en este país, y "forma parte del patrimonio cultural, digno de protección en todo el territorio nacional", según aprobó el Parlamento. Y ese amparo público exige que se le asigne una partida presupuestaria, en igualdad de condiciones con las demás manifestaciones culturales reconocidas.
Sirva, al menos, esta desagradable cuestión para zanjar, de una vez por todas, el controvertido asunto de las subvenciones: injustamente y en contra del sentido común, los toros no reciben un duro de los Presupuestos Generales del Estado.
¿Cómo es, entonces, que algunos Ayuntamientos han decidido suspender la partida económica que cada año dedican a los festejos taurinos que se celebran con motivo de la fiesta local? La acordaban por su lógico interés en que las más reconocidas figuras se anunciaran en el pueblo, del mismo modo que se asignan partidas para que un cantante famoso sustituya a la pachanga del pueblo de al lado. Es decir, los Ayuntamientos no han subvencionado los festejos taurinos, sino el prestigio de su propia fiesta local, y el lógico deseo de los lugareños de ver en persona a los grupos de música y toreros más importantes.
Y otro asunto: alguien puede pensar que el Estado no asigna ninguna partida porque las competencias taurinas están transferidas a las Comunidades Autónomas. He aquí una verdad a medias. Por un lado, el Estado ha adquirido responsabilidades con la tauromaquia, derivadas de la ley 18/2013 de 12 de noviembre para su regulación como patrimonio cultural. Y por otro, las Autonomías y las Diputaciones tampoco cumplen con su cometido.
Según datos ofrecidos por Juan Medina, profesor de Teoría Económica de la Universidad de Extremadura, solo cuatro gobiernos autonómicos (Andalucía, Valencia, Aragón y Madrid) dedican presupuesto a los toros; y entre los cuatro reúnen tres millones de euros, que viene a ser el 0,34% de la inversión regional en cultura. Y de las 41 diputaciones provinciales, solo 11 dedican en total 2,4 millones de euros, el 2,8% del presupuesto cultural de los organismos provinciales. En conclusión: que la tauromaquia recibe 5,4 millones de euros, que es el 0,46 por ciento de lo presupuestado para cultura.
Valgan, por último, algunos datos que hablan por sí solos del valor económico de la fiesta:
-Según el profesor Medina, la tauromaquia generó de forma directa en el año 2013 282,4 millones de euros, de los cuales 59,3 millones fueron ingresados en Hacienda en concepto de IVA.
-Según el Ministerio de Cultura, 10.194 personas están inscritas como profesionales taurinos, entre los que no figuran vaqueros, conductores, taquilleros, impresores, acomodadores y demás actividades laborales relacionadas con los toros.
-En 2014 se celebraron en España 1.868 festejos, de los cuales 398 fueron corridas de toros.
-Un informe de ANOET (Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos) afirma que el producto generado por la fiesta en distintos sectores económicos ascendió en 2014 a más de 3.550 millones de euros.
No se trata de comparar los datos de los toros con los de otras actividades culturales (cine, teatro, música, etc), a las que la fiesta supera ampliamente en número de espectadores, facturación e impuestos, sino en destacar que hay varios millones de españoles que son aficionados a los toros, mantienen con su dinero una tradición y una actividad económica y solo reciben migajas de las administraciones públicas.
Los antitaurinos son una minoría y no pagan un euro, pero, al parecer, tienen asustados al Gobierno; los aficionados, por el contrario, tienen motivos para estar temerosos de quienes deciden el reparto del dinero de todos.
En fin, una tremebunda y vergonzosa injusticia basada en un flagrante incumplimiento de la ley.
Dicho de otro modo: la fiesta de los toros es un chollo para el Estado, acomplejado ante los enemigos de la fiesta, e implacable con quienes no hacen más que mantener un patrimonio cultural así reconocido por el propio Estado. Increíble…
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