El editorial más triste de un 8 de septiembre: Traficar con el toreo

'..el día en que resulte más rentable bloquear una corrida que organizarla, recurrir una plaza que llenarla o convertir una fiesta patronal en una ficha dentro de una negociación, habremos cruzado una frontera peligrosísima..'

El editorial más triste de un 8 de septiembre: Traficar con el toreo

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Toreo y tráfico son dos palabras que deberían resultar incompatibles. No deberían poder usarse en la misma frase. Porque traficar es convertir algo en mercancía, utilizarlo para obtener una ventaja, hacerlo circular no por lo que representa, sino por lo que puede reportar. Y el toreo, precisamente el toreo, nació en el extremo contrario: en el territorio de la verdad, del riesgo, de la palabra dada y de una liturgia en la que durante siglos hubo cosas que sencillamente no estaban en venta. Sin embargo, traficar con el toreo se ha convertido en una nueva actividad. Lícita, quizá. Pero profundamente discutible desde la ética y desde la moral de la propia Tauromaquia.

Hoy es 8 de septiembre. Basta mirar el mapa de España para entender lo que significa esta fecha. Pueblos enteros celebran a sus patronas, las plazas se llenan, las bandas despiertan las calles, los toros vuelven a convertirse en punto de encuentro de generaciones. Junto al 15 de agosto y las grandes fechas de mediados de septiembre, estamos ante uno de esos días en los que se comprende que la Tauromaquia no pertenece solamente a las grandes ferias. Pertenece también a los pueblos. Quizá, sobre todo, a los pueblos. Y precisamente por eso resulta especialmente doloroso escribir hoy sobre quienes han descubierto que el toreo puede utilizarse también para otros menesteres.

Porque una cosa es ser empresario taurino y otra muy distinta descubrir que alrededor de la contratación pública taurina existe un terreno donde también se puede jugar sin organizar una corrida. Recurrir un pliego es un derecho. Impugnar un concurso es un derecho. Acudir a los tribunales cuando una Administración vulnera unas bases es un derecho. Y conviene dejarlo escrito con claridad. Lo que merece otra consideración es convertir sistemáticamente esos instrumentos en una forma de presión, desgaste, bloqueo o negociación. Cuando el objetivo deja de ser conseguir una plaza para organizar toros y el verdadero valor de la posición adquirida reside en la capacidad de impedir que otro los organice, hemos cambiado de negocio.

Eso es traficar con el toreo. No hacen falta callejones oscuros ni paquetes escondidos. La mercancía es otra. Aquí se trafica con fechas, pliegos, recursos, cautelares, adjudicaciones, silencios, retiradas y acuerdos. Se adquiere una posición jurídica y después esa posición tiene un valor. El toro ya ni siquiera tiene que salir de chiqueros. Basta con que exista la posibilidad de que no salga. Y ésa es probablemente la perversión más grande de todas: haber descubierto que impedir una corrida puede llegar a proporcionar tanto poder como organizarla.

Lo vimos esta misma temporada en Zaragoza, cuando la paralización del concurso de La Misericordia dejó el 23 de abril, una de las fechas simbólicas de Aragón, en mitad de un laberinto administrativo. Entonces escribimos en estas mismas páginas sobre «la envolvente»: movimientos alrededor de una plaza pública, sociedades recién constituidas, intereses cruzados y propuestas que aparecían aprovechando cada rendija que dejaba abierta el procedimiento. Aquello no era solamente una pelea por Zaragoza. Era la fotografía de algo mucho más preocupante: el extraordinario valor que ha adquirido el conflicto administrativo dentro del negocio taurino.

Y hay algo todavía más hiriente. En alguno de estos movimientos aparecen personas que han vestido de luces. Personas que saben lo que cuesta llegar a una plaza, lo que significa que un pueblo conserve sus toros y lo que supone para un compañero perder una tarde. Que alguien que ha conocido la pureza del patio de cuadrillas pueda terminar utilizando el propio espectáculo como arma contra el espectáculo encierra una contradicción difícil de digerir. Delante del toro se exige ir de frente. Resulta curioso que alrededor del toro haya quienes hayan aprendido a caminar siempre de costado. Así como caminan, por cierto, los toros que quieren tirar la piedra y esconder la mano.

No hablamos, además, únicamente de aventureros periféricos. También dentro de la gran empresa taurina existe la tentación de utilizar una plaza, un recurso o una posición administrativa como moneda en la batalla contra el competidor. Y ahí el asunto se vuelve todavía más grave. Porque cuanto mayor es el empresario, mayor es su responsabilidad. Quien maneja plazas importantes no administra solamente una cuenta de resultados: maneja una parte del patrimonio cultural de la Tauromaquia. Puede competir, naturalmente. Debe competir. Puede defender sus intereses hasta el último céntimo. Pero existe una frontera entre competir para dar más y mejores toros y utilizar el sistema para que el otro no pueda darlos.

Quizá por eso convenga mirar hacia atrás. No para idealizar un pasado que también tuvo guerras empresariales feroces —las tuvo, y algunas memorables—, sino para recordar qué significaba ser empresario de toros. Los Chopera, Canorea y tantos otros nombres que construyeron el mapa empresarial del siglo XX discutieron, arriesgaron, ganaron muchísimo dinero y también lo perdieron -eso mucho menos, claro-. Hubo pulsos, exclusivas, vetos, guerras de despachos y enfrentamientos de enorme dureza. No eran santos. Eran empresarios. Pero la grandeza del empresario se medía finalmente en una cosa muy sencilla: en la corrida que era capaz de poner en la calle, en el cartel que conseguía rematar y en la gente que llevaba a la plaza.

Aquella generación entendió algo elemental que hoy parece haberse olvidado: el empresario taurino existe para dar toros. Puede y debe ganar dinero con ellos —faltaría más—, puede construir un imperio alrededor de ellos y puede combatir ferozmente a su competencia. Pero cuando el negocio empieza a encontrarse en que otro no pueda darlos, la profesión cambia de naturaleza. Entonces ya no se comercia con el espectáculo: se comercia con su ausencia.

Y mientras tanto, al otro lado del expediente hay un pueblo. Esto es lo que demasiadas veces se olvida. Detrás de cada recurso no hay solamente una Administración, una empresa adjudicataria y otra recurrente. Hay aficionados que llevan un año esperando sus fiestas. Hay peñas. Hay bares y restaurantes que hacen una parte importante de su temporada esos días. Hay novilleros que necesitan una oportunidad, banderilleros que necesitan trabajar, ganaderos que necesitan lidiar, transportistas, músicos, veterinarios, areneros, taquilleros y familias enteras que viven directa o indirectamente del espectáculo. Joder un festejo no es joder a un competidor. Es mucho más que eso. Y por eso es importante también que haya periodistas que estén deseando trabajar. Porque también viven del toro que sale a la plaza y les resulta muy problemático que haya quien gane con que no salga.

Naturalmente, una Administración que hace mal un pliego debe responder por ello. Y una empresa perjudicada tiene todo el derecho del mundo a defenderse. La Tauromaquia tampoco puede pedir que sus concursos públicos vivan fuera de la ley. Sería absurdo. Pero precisamente porque los mecanismos legales son necesarios, utilizarlos como palanca de presión resulta especialmente dañino. Una herramienta concebida para garantizar la limpieza del procedimiento no debería terminar convertida en una especialidad empresarial.

Y existe otro fenómeno inquietante: personajes que orbitan alrededor de plazas sin que resulte sencillo encontrar detrás una estructura empresarial proporcional a las operaciones que pretenden protagonizar. Sociedades que aparecen, administradores que se repiten, nombres que no siempre coinciden con quienes realmente mueven las piezas. Todo puede ser perfectamente legal. Pero la legalidad es el suelo, no el techo de la decencia. En un mundo que presume de valores como la verdad, el valor, la palabra y el respeto, debería exigirse algo más que tener un papel jurídicamente correcto.

Ésa es la cuestión de fondo. No todo lo legal es taurino. Como tampoco todo lo rentable es honorable. Se puede ganar un recurso y perder el respeto. Se puede encontrar una grieta impecablemente legal y hacer un daño enorme a la Fiesta. Se puede tener razón en un expediente y estar equivocado en la manera de entender el toreo.

Hoy, 8 de septiembre, mientras España vuelve a oler a albero en decenas de pueblos, merece la pena preguntarse qué modelo queremos. Si el de quienes buscan una plaza para abrir sus puertas o el de quienes encuentran valor en poder cerrarlas. Si queremos empresarios que arriesguen para crear carteles o especialistas en adquirir posiciones desde las que negociar. Si queremos volver a admirar al empresario capaz de levantar una feria imposible o acostumbrarnos al operador que considera un éxito que el rival no pueda celebrarla.

El toreo soporta muchas cosas. Lo que difícilmente puede soportar es que quienes viven de él descubran que también pueden vivir contra él. Porque el día en que resulte más rentable bloquear una corrida que organizarla, recurrir una plaza que llenarla o convertir una fiesta patronal en una ficha dentro de una negociación, habremos cruzado una frontera peligrosísima. De hecho, si estamos escribiendo estas líneas es porque esa línea ya se ha atravesado. Y no una vez, como hecho aislado. Eso carecería de importancia. Y tenerla… la tiene.

El toro ha sido mercancía desde hace siglos. Se compra y se vende. También las entradas, los derechos y los contratos. Lo que nunca debería ponerse en venta es el propio derecho del toreo a existir. Porque con el toro se puede comerciar. Con el toreo, no se debería traficar. Si queremos que siga existiendo…