"...Enorme es la responsabilidad de la nueva Asamblea Nacional que debe ser prudente pero firme, moderada en el lenguaje y respetuosa de la Constitución que contiene el proyecto de país que nos dimos los venezolanos..."
VOLVER A LA
CONSTITUCIÓN
La
nueva Asamblea Nacional que elegiremos los venezolanos el 6 de diciembre tiene
como tarea inicial volver al Estado Constitucional que aprobó el pueblo
venezolano el 15 de diciembre de 1999 y ratificó cuando negó su reforma ocho
años después. Debe asumir sus competencias políticas, legislativas y de control
sin sumisión a ningún otro poder y emprender el desarrollo legislativo de los
valores, principios e instituciones constitucionales, desde la plena vigencia
de los derechos humanos hasta la recomposición de los poderes que se encuentran
secuestrados por el Ejecutivo y el PSUV.
Venezuela
tiene excelentes normas constitucionales en derechos humanos pero un pésimo
desempeño que habrá que conciliar con una Ley de Amnistía, que es competencia
exclusiva de la Asamblea Nacional y no requiere ejecútese del Ejecutivo. Luego
sancionar una Ley de Acatamiento de las Decisiones de los Tribunales
Internacionales como lo ordena la Constitución. Debe desarrollar el artículo
117 que garantiza el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, la
libertad de elección y el trato equitativo y digno de manera que se eliminen
las colas, el desabastecimiento y la discriminación. Ello implica recomponer el
modelo económico constitucional e impulsar la producción nacional y el
desarrollo endógeno.
En
cuanto a los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, está la Asamblea Nacional
en capacidad de revisar los procesos de selección de los magistrados y rectores
por ser violatorios de la Constitución. No hay duda que esta decisión generará
conflictos de poderes y un clima de confrontación que debe resolverse mediante
una gran capacidad de diálogo y el absoluto respeto a la Constitución. En ese
mismo orden deberá devolverse los militares a los cuarteles, poner la
Administración Pública en manos de civiles y las armas en los parques militares
mediante un procedimiento nacional de desarme.
Sin
ánimo de venganza ni de retaliación es clave terminar el saqueo de los dineros
públicos que ha sido de tal magnitud que sus cifras escandalizan al mundo
entero y han dejado maltrecho el tesoro nacional. Es de primera necesidad la
repatriación de las inmensas sumas de dinero depositados en los paraísos
fiscales y la liquidación de muebles e inmuebles adquiridos con dineros
públicos o provenientes de delitos, de modo que se puedan aplicar a la atención
de las necesidades de la población.
Enorme
es la responsabilidad de la nueva Asamblea Nacional que debe ser prudente pero
firme, moderada en el lenguaje y respetuosa de la Constitución que contiene el
proyecto de país que nos dimos los venezolanos. Deberá evitar el debate inútil,
el uso excesivo de adverbios y adjetivos. Tampoco se trata en principio de ir a
un proceso constituyente, que habrá tiempo para ello, sino volver a los
valores, principios e instituciones vigentes con lealtad y transparencia. Se
trata de hacer política, legislar y controlar conforme a los fines
constitucionales que no son otros que el bienestar y la prosperidad del pueblo.
Fortunato González Cruz
Por la calle real
La
nueva Asamblea Nacional que elegiremos los venezolanos el 6 de diciembre tiene
como tarea inicial volver al Estado Constitucional que aprobó el pueblo
venezolano el 15 de diciembre de 1999 y ratificó cuando negó su reforma ocho
años después. Debe asumir sus competencias políticas, legislativas y de control
sin sumisión a ningún otro poder y emprender el desarrollo legislativo de los
valores, principios e instituciones constitucionales, desde la plena vigencia
de los derechos humanos hasta la recomposición de los poderes que se encuentran
secuestrados por el Ejecutivo y el PSUV.
Venezuela
tiene excelentes normas constitucionales en derechos humanos pero un pésimo
desempeño que habrá que conciliar con una Ley de Amnistía, que es competencia
exclusiva de la Asamblea Nacional y no requiere ejecútese del Ejecutivo. Luego
sancionar una Ley de Acatamiento de las Decisiones de los Tribunales
Internacionales como lo ordena la Constitución. Debe desarrollar el artículo
117 que garantiza el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, la
libertad de elección y el trato equitativo y digno de manera que se eliminen
las colas, el desabastecimiento y la discriminación. Ello implica recomponer el
modelo económico constitucional e impulsar la producción nacional y el
desarrollo endógeno.
En
cuanto a los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, está la Asamblea Nacional
en capacidad de revisar los procesos de selección de los magistrados y rectores
por ser violatorios de la Constitución. No hay duda que esta decisión generará
conflictos de poderes y un clima de confrontación que debe resolverse mediante
una gran capacidad de diálogo y el absoluto respeto a la Constitución. En ese
mismo orden deberá devolverse los militares a los cuarteles, poner la
Administración Pública en manos de civiles y las armas en los parques militares
mediante un procedimiento nacional de desarme.
Sin
ánimo de venganza ni de retaliación es clave terminar el saqueo de los dineros
públicos que ha sido de tal magnitud que sus cifras escandalizan al mundo
entero y han dejado maltrecho el tesoro nacional. Es de primera necesidad la
repatriación de las inmensas sumas de dinero depositados en los paraísos
fiscales y la liquidación de muebles e inmuebles adquiridos con dineros
públicos o provenientes de delitos, de modo que se puedan aplicar a la atención
de las necesidades de la población.
Enorme
es la responsabilidad de la nueva Asamblea Nacional que debe ser prudente pero
firme, moderada en el lenguaje y respetuosa de la Constitución que contiene el
proyecto de país que nos dimos los venezolanos. Deberá evitar el debate inútil,
el uso excesivo de adverbios y adjetivos. Tampoco se trata en principio de ir a
un proceso constituyente, que habrá tiempo para ello, sino volver a los
valores, principios e instituciones vigentes con lealtad y transparencia. Se
trata de hacer política, legislar y controlar conforme a los fines
constitucionales que no son otros que el bienestar y la prosperidad del pueblo.
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**Fortunato González, es Catedratico de la U.L.A. de Mérida-Venezuela / Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Fundador y Director de la Cátedra de Tauromaquia "G. Briceño Ferrigni" de la U.L.A.
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