FISCAL GENERAL / por Eduardo Balbás

'Nadie representa mejor la degradación institucional de la abyecta presidencia de Pedro Sánchez, que Álvaro García Ortiz. En más de cuarenta años de “democracia”, nunca un fiscal general desempeñó su papel de una forma tan servil y tan explícitamente alineada exclusivamente  con los intereses del Gobierno' 

FISCAL GENERAL

Eduardo Balbás

Alvaro García Ortiz, es el Fiscal General del Estado más descaradamente corrupto y prevaricador de toda nuestra historia. Fue propuesto por el Consejo de ministrejos sanchistas hace dos años, por iniciativa de su anterior jefa, Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, ex Fiscal General del Estado, igual de prevaricadora y corrupta pero menos descarada. También novia entonces y ahora mujer del ex magistrado Baltasar Garzón (expulsado del Cuerpo e inhabilitado por prevaricador) y cómplice de la banda de Villarejo.

Dolores Delgado fue luego nombrada por García Ortiz Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada y Fiscal de Memoria Democrática. Nombramientos que fueron anulados por el Tribunal Supremo y reprendido García Ortiz por insistir en mantenerla en el cargo.

Nadie representa mejor la degradación institucional de la abyecta presidencia de Pedro Sánchez, que Álvaro García Ortiz. En más de cuarenta años de “democracia”, nunca un fiscal general desempeñó su papel de una forma tan servil y tan explícitamente alineada exclusivamente  con los intereses del Gobierno. (A la par que el presidente del Tribunal Constitucional). 

Tampoco un presidente se había jactado públicamente de controlar y dirigir la Fiscalía General del Estado de una manera tan impúdica como lo ha hecho el felón Sánchez, incluso en una entrevista televisada: “¿De quién depende la Fiscalía?. ¿De quién depende?”, insistió en preguntar a su entrevistador. Éste finalmente respondió: “del gobierno”. “¡Pues eso!”, afirmó Sánchez.

García Ortiz ha sido reprobado por el Senado. Y se ha presentado una querella contra él por revelación de secretos. El magistrado Francisco José Goyena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha elevado al Tribunal Supremo la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodriguez por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario , en relación a la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidente de la CAM, Díaz Ayuso. El Supremo debe decidir si investiga por estos hechos al Fiscal general del Estado, que se jactó de asumir él la responsabilidad del delito.

Este gris y corrupto individuo jamás debió ser nombrado para el cargo por carecer de la idoneidad necesaria (que ya cuestionó el CGPJ). Y debería dimitir por más de veinte motivos. Pero desde la admisión de la querella, la situación del Fiscal General del Estado es insostenible. Los jueces (y los  querellantes, y la mitad de la Junta de Fiscales de Sala) consideran a García Ortiz autor de un hecho delictivo. Si bien tiene derecho a la defensa, como fiscal general tiene la obligación de establecer la verdad de lo ocurrido. Tiene que perseguir los delitos, pero no puede hacerlo, ya que el autor, si fuera delito lo que se le reprocha (que sin duda lo es), sería él mismo.

Claro que está  en sintonía en ese aspecto (el del de la falta de idoneidad, el sectarismo, la corrupción y la prevaricación) que el propio Sánchez; y que todos sus ministros, y como el Presidente del Tribunal Constitucional (¿Prostitucional?) Conde-Pumpido y sus siete miembros “progresistas”.

También Tezanos, mentiroso malversador de caudales públicos, que preside el CIS. Y tantos otros cargos cuyo nombramiento hubiera sido imposible en un país democrático, con criterio y memoria.