El Gobierno de España debe hacer frente a la sedición independentista / ABC

Manifestantes este 11-S en la Diada. Pese a sus cánticos y pancartas en inglés, Cataluña sí es España, para eso hay un marco jurídico que se dieron por mayoría todos los españoles.- REUTERS

ABC publica hoy en su edición impresa un editorial en el que exige al Gobierno central que tome las medidas necesarias para garantizar la unidad de España frente al desafío catalán

• Mas quiere romper el Estado y el marco que los españoles se dieron por mayoría 
• En resumen: está en marcha una operación de gran calado, sufragada con dinero público, para lograr en breve la independencia de Cataluña. Se da incluso el sarcasmo de que la Generalitat, rescatada por el Estado porque es incapaz de afrontar sus deudas y colocar sus bonos, destina parte de ese apoyo económico a financiar la demolición de España, de la que siempre ha formado parte y gracias a cuya solidaridad camina.

ABC / EL Ejecutivo de Artur Mas se ha alzado abiertamente contra nuestro ordenamiento legal, aprobado libremente en democracia. La Generalitat amenaza con organizar un referéndum inconstitucional. Además, desoye sistemáticamente las sentencias del Supremo y el TC cuando no se pliegan a sus dogmas. En una Cataluña con problemas económicos agudísimos, Artur Mas ha sido incapaz de aprobar los presupuestos, el primer deber de un gobernante. Su único programa es la persecución sectaria de todo lo que tenga el mínimo poso español, en un afán de romper las amarras afectivas seculares y fomentar la independencia. Los sediciosos trabajan a tiempo completo contra España, la nación de la que siempre han formado parte, pues Cataluña jamás ha sido independiente. Reescriben la historia con mentiras, que se inculcan desde las escuelas, donde se fomenta la aversión a lo español. Se miente también sobre la financiación, cuando, por ejemplo, ABC acaba de recordar con datos oficiales que el Estado destina a cada catalán un 20,6% más que a un valenciano, o un 7% más que a un madrileño. La televisión autonómica, que cuesta casi trescientos millones anuales a las arcas catalanas, se ha convertido en un aparato de propaganda continua a favor de la independencia. Los medios privados son subvencionados para que se avengan a las tesis del poder separatista. El español, el idioma más hablado en Cataluña, está prohibido de facto en las escuelas y en los rótulos. La Generalitat incumple las sentencias ante la mirada abúlica del Gobierno y la pose filonacionalista del PSOE, que no acierta a embridar al PSC.

Mas quiere romper el Estado y el marco que los españoles se dieron por mayoría. En resumen: está en marcha una operación de gran calado, sufragada con dinero público, para lograr en breve la independencia de Cataluña. Se da incluso el sarcasmo de que la Generalitat, rescatada por el Estado porque es incapaz de afrontar sus deudas y colocar sus bonos, destina parte de ese apoyo económico a financiar la demolición de España, de la que siempre ha formado parte y gracias a cuya solidaridad camina.

ABC tiene entre sus principios irrenunciables la defensa de España, de su unidad y de su sistema de libertades. Por eso ha llegado la hora de señalar que el Gobierno no está actuando con la diligencia debida ante el envite del nacionalismo catalán. Mantener una agenda secreta con Mas o buscar un perfil silencioso ante un desafío mayúsculo son tácticas que reflejan una actitud acomplejada ante el separatismo. El Gobierno ha renunciado a explicar a los catalanes y al resto de los españoles que la Generalitat está vulnerando flagrantemente las normas de nuestra democracia. Y lo que es peor, no obliga al infractor a cumplirlas, una desidia que pone en riesgo la propia integridad de España. El Gobierno no ha hecho pedagogía. No responde políticamente a la batalla propagandística que ha entablado la Generalitat. No existe un contradiscurso que cuente la verdad frente al bulo del «España nos roba» y la mixtificación del pasado.

La historia de la democracia española ha sido la de constantes cesiones a los nacionalismos disgregadores, error en el que han incurrido tanto PSOE como PP. Los sucesivos modelos de financiación se han diseñado al dictado del nacionalismo catalán. Zapatero, que hizo un daño incalculable a la estabilidad de este país, abrió la caja de Pandora estatutaria, dando alas al separatismo. Rajoy acaba de aprobar un déficit a la carta para Cataluña y negocia en la sombra un estatus económico específico, discriminador para el resto de los españoles. Las lecciones de la historia son concluyentes. Las concesiones no calman las ansias secesionistas, al revés. Cada renuncia es solo la antesala de una exigencia mayor, hasta llegar a la ruptura del Estado, objetivo por naturaleza de los partidos nacionalistas.

La vicepresidenta del Gobierno ha declarado que frente al envite de los insurgentes catalanes habrá «diálogo y Constitución». Pues no. Lo que debe haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes. La política del perfil bajo supone además dejar a su suerte a los millones de catalanes que se sienten españoles, acosados por la Generalitat, que fomenta el odio a España y a quienes se identifican con ella. ABC, en congruencia con su historia y sus principios, pide al Gobierno un cambio de rumbo y que tome las medidas necesarias para defender la unidad de España, tal y como demandan la mayoría de los españoles. De poco valdrá superar la crisis económica si lo que queda al final es una España mutilada.