Sustainable Development Goals 16 and 17 established by the United Nations have not been achieved even partially 19 years after their adoption. The world today is less peaceful, less inclusive, the number of societies where access to justice for all people has worsened, and institutions that are now less effective, less accountable and less inclusive have deteriorated. With regard to Goal 17 on the revitalization of global partnerships, a glance is enough to verify that in this matter, alliances have been to strengthen the interests of some states and less to achieve peace and care for the planet.
ONU ODS Paz Justicia Instituciones Alianzas Mérida Palabras claves
Introducción
Por gentil invitación de la profesora Maritza Rangel, me corresponde analizar, de cara a la ciudad y desde la Mérida Andina, que condiciona las reflexiones, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 y 17 que aprobó la Organización de las Naciones Unidas el 25 de septiembre del año 2015. Todos los 17 objetivos están relacionados, y estos mucho más, porque el Objetivo 16 establece la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Cuando nos pregunta en su página oficial ¿Qué debemos hacer?, nos propone:
“Ejercer nuestro derecho a exigir que los funcionarios electos rindan cuentas de su actuación, a la libertad de información y a compartir nuestra opinión con los representantes electos” ; líneas más adelante nos pide “Promover la inclusión y el respeto hacia las personas de diferente origen étnico, religión, género, orientación sexual u opinión.”
El Objetivo 17
“pretende revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. La Agenda 2023 es universal y exige la implicación de todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, para garantizar que nadie se quede atrás. También requiere la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.”
Y nos pregunta ¿Qué podemos hacer para ayudar? Y nos dice:
“Únase o cree un grupo en su comunidad local para promover la implementación de los ODS. Inste a los gobiernos a que colaboren con las empresas e implementen los ODS.”
La profesora Maritza Rangel ha aceptado esta invitación y nos estimula a unirnos con ella en este esfuerzo.
Mi visión tiene el condicionante de mi lugar que es la Mérida Andina y su Universidad de Los Andes, la base cultural y científica que han forjado en mí, cultivadas con fidelidad a los valores del humanismo cristiano, al estudio del Derecho, de las materias relacionadas con la ciudad, el territorio, y al estudio y la práctica de la política.
1. La ONU y sus circunstancias
La llegada del nuevo milenio despertó un gran optimismo, mucho mayor que el que produce el inicio de un año, y el mundo deseó que nunca más sucedieran las grandes desgracias del siglo XX, y se avanzara en la paz y en el bienestar con una mayor justicia en la distribución de la riqueza. Transcurrido un cuarto del siglo XXI, las cosas no han sucedido como se deseaba. Los avances científicos y tecnológicos han sido sorprendentes y vertiginosos en todos los campos del saber, y se ha alcanzado una conectividad global que nos permite comunicarnos al instante y acceder al conocimiento casi en tiempo real, al momento en que se produce un nuevo avance de la ciencia o lo que sucede en cualquier parte del mundo. Nos enteramos de los que nos interesa, de lo que no nos incumbe por simple curiosidad y de lo que les conviene a los que dominan el ciberespacio. Para ir directamente al objetivo 16 basta una primera mirada fugaz y detenerse en lo que llama la atención. Así nos llegan informaciones de cómo está la paz, la inclusión, el acceso a la justicia, y la calidad y eficacia de las instituciones en todos los niveles. Como se trata de las instituciones a todos los niveles, cabe evaluar cómo está la paz mundial hoy, la inclusión hoy, y a la propia Organización de las Naciones Unidas y constatar su eficacia, su responsabilidad y si es efectivamente inclusiva.
La ley entra por casa es una máxima muy antigua que recuerda que norma es, primero, doméstica, y se interpreta por extensión a los estatutos institucionales, el primero con naturaleza mundial es el de la ONU. La pregunta es ¿cómo está la salud de la ONU? ¿Es eficaz? ¿Es responsable? ¿Es transparente? ¿Es inclusiva? “El mundo se expone a fracasar estrepitosamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no se toman medidas para acelerar su implementación”, advierte la ONU. Señala explícitamente como principales responsables a los líderes mundiales, que son, precisamente, los que componen su Asamblea General y la cúpula dominante y exclusiva que es su Consejo de Seguridad integrado por Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido, los ganadores en la Segunda Guerra Mundial, que tienen derecho a veto. Se amplía con 10 miembros no permanentes elegidos por la Asamblea General, mediante fórmulas de rotación y mecanismos de negociación entre los países miembros de la ONU. En enero de 2023 Rusia asumió la presidencia del Consejo de Seguridad, por turno en la rotación. De manera que la paz mundial está, respecto de la ONU, bajo la responsabilidad de 5 países, todos ellos comprometidos en guerras y en la producción de armas, incluso nucleares.
La última Cumbre del Clima COP 2023 se realizó en Dubái, capital de Los Emiratos Árabes Unidos, con más de 70.000 participantes. Al concluir, se produjo una declaración de mero trámite, elaborada en un pequeño comité que dejó satisfechos a los grandes financistas, entre ellas de la ONU y de muchas ongs defensoras del ambiente y alertan sobre el cambio climático. No he podido obtener las cuentas de los gastos que costó la COP 2023, ni las ganancias de Dubái, mucho menos las razones por las cuales se escogió una ciudad que es el peor ejemplo en matera de agresión al ambiente. Quizás fue un buen lugar para la cómoda estancia de los 70.000 asistentes más sus acompañantes, todos a costa de la ONU y de las ongs ecologistas financiadas por la propia ONU y por grandes empresas responsables de la contaminación del planeta.
Si bien la ONU tiene una importante actividad en favor de los refugiados y de otras comunidades que sufren las guerras, las hambrunas y otras desgracias, luce cada vez más inocua, incapaz de liderar las acciones que la misma organización propone, como contra el cambio climático. Basta leer su Informe Anual 2023, disponible en su página Web, para constatar su inoperancia.
El reconocido jurista italiano Luigi Ferrajoli (2023) ha manifestado su preocupación por la ineficacia de la ONU en esto de la defensa de la tierra y otros asuntos, penetrada por neoideologías alimentadas por el igualitarismo, con marcada influencia marxista. Más coherente ha sido el Papa Francisco, quien en Láudate Deum, reafirma sus conceptos expresados en Laudato Si, e insiste en el origen antrópico del cambio climático, en la debilidad de la política internacional para enfrentar este problema, y propone organizaciones mundiales más eficaces, con lo cual reconoce el fracaso de la ONU.
Al jurista Luigi Ferrajoli se le ocurre proponer una Constitución para la Tierra, por sobre los estados nacionales en una especie de federalismo mundial creado por organizaciones de la sociedad civil de intelectuales, empresarios y semejantes. He leído a Ferrajoli y conozco sus ideas, porque, además, me anoto en la corriente de Norberto Bobbio, con una extensa obra, firme defensor de la libertad y de la democracia, de pensamiento liberal y positivista, ajeno al relativismo que domina en la ONU. Lo que resulta incomprensible, incluso una ironía, es que se avanza en el conocimiento, pero se retrocede en el cuidado de la casa común, como dice el Papa Bergoglio.
¿Qué debemos hacer?, nos pregunta la ONU y nos propone: “Ejercer nuestro derecho a exigir que los funcionarios electos rindan cuentas de su actuación, a la libertad de información y a compartir nuestra opinión con los representantes electos.”
Líneas más adelante no pide “Promover la inclusión y el respeto hacia las personas de diferente origen étnico, religión, género, orientación sexual u opinión.”
Tenemos el derecho de petición y solicitar información a los gobiernos, y en casi todas las constituciones políticas de los países del mundo lo consagra. La declaración de la ONU es una frase puesta allí por algún funcionario de este organismo como por escribir algo, puesto que ese derecho no es sólo respecto de los funcionarios electos, mucho más cuando la mayoría de los gobiernos del mundo no son producto de elecciones libres, transparentes y democráticas, comenzando por la elección de los representantes de los países en la ONU.
La petición siguiente sobre los derechos de las personas de diferente "origen étnico, religión, género, orientación sexual u opinión”, es una explícita declaración que revela cómo la ONU ha sido penetrada por las neoideologías. No se refiere, por ejemplo, a sexo, que es lo que tenemos los del reino animal, incluidas las personas: macho y hembra, masculino y femenino, una realidad impuesta por la naturaleza. Lo que tiene que declarar la ONU es la libertad como valor absoluto para que cada persona desarrolle libremente su personalidad, y condenar los gobiernos que no respetan ni creen en la dignidad de la persona humana. Opta por decirle esas recomendaciones al mundo occidental sin tocar los gobiernos que, por basarse en preceptos de su religión, interpretada de manera radical, desconocen todas las libertades, incluso la igualdad entre el hombre y la mujer, para dar razón de lo más relevante y evidente.
El Objetivo 17 se refiere a la principal misión de la ONU y su razón de ser. revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
“La Agenda 2030 es universal y exige la implicación de todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, para garantizar que nadie se quede atrás. También requiere la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.”
El problema es que la ONU es sólo de gobiernos, ni siquiera de estados, y nada tiene que ver en su organización ni el sector privado ni la sociedad civil. Cuando señala al sector privado ¿A qué se refiere? Por libre interpretación deduzco que a las grandes corporaciones financieras, comerciales e industriales. ¿Y a la sociedad civil? Supongo que a las ongs fundamentalmente. Las Universidades no son ni sector privado ni sociedad civil, sino instituciones públicas que tiene autonomía, al menos en Venezuela. Son las universidades, entre ellas la Universidad de Los Andes, las que han asumido con sentido de compromiso estos temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En su informe el, Secretario General António Guterres dijo que. “La cooperación internacional es más necesaria que nunca, pero nuestros mecanismos colectivos de resolución de problemas no están a la altura ni del ritmo ni de la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos”. Es una afirmación dura y que debería conducir a acciones de la ONU que él lidera.
¿Qué podemos hacer para ayudar? Y nos dice: “Únase o cree un grupo en su comunidad local para promover la implementación de los ODS. Inste a sus gobiernos a que colaboren con las empresas e implementen los ODS.” Que es lo que estamos haciendo, uniéndonos en un grupo de investigadores de la Universidad de Los Andes que asume su responsabilidad en estos temas. Además, nos corresponde instar a los gobiernos, en nuestro contexto a nuestras autoridades locales, estadales y nacionales no para que asuman sus compromisos con la ONU y las ODS, sino para nuestros gobiernos colaboren con las empresas e implementen las ODS. No vale la pena ni un comentario adicional. Este grupo convocado por la profesora Maritza Rangel asume un compromiso y se lanza a una tarea de análisis científico y compromiso académico, como miles de otros esfuerzos desde comunidades verdaderamente preocupadas por el daño que le hacemos a nuestro planeta.
Dejo así mis apreciaciones iniciales de la ONU
2. Paz, justicia, instituciones y alianzas en las circunstancias de Venezuela y Mérida.
Este trabajo dirigido por la profesora Maritza Rangel estudia cada uno de los ODS desde la visión propia de cada autor, desde su visión profesional, la investigación realizada y sus ideas, con el ánimo de contribuir a su conocimiento y su aplicación en Venezuela y en Mérida, siempre con la perspectiva mundial. Para centrarme en Venezuela y particularmente en Mérida, debo hacerme tres preguntas sobre el significado de la paz, a qué instituciones nos referimos y cuáles son las alianzas en nuestras circunstancias.
2.1 Paz
Respecto de la paz, el Diccionario RAE (2024) ofrece varios significados:
1. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países.
2. Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Sinónimos: concordia, armonía, conciliación, acuerdo, amistad, unión, avenencia, entendimiento.
3. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra.
4. f. Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Sinónimos: tranquilidad, sosiego, calma, serenidad, reposo, quietud.
Venezuela no está actualmente en lucha armada con ningún país, no obstante tener un alto nivel de conflictividad con muchos países de su entorno y en el ámbito mundial, lo que genera desosiego en la población. Otra cosa distinta es la relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. El gobierno estimula la conflictividad y divide a los venezolanos entre oficialistas y opositores, y deja con pocos espacios a los neutrales e indiferentes. A comienzos del 2024, el presidente de la República Nicolás Maduro llamó a la movilización de sus partidarios bajo la consigna de “La furia bolivariana”, evidente llamado a la violencia contra quienes no están de acuerdo con las políticas de su gobierno ni con su continuidad al frente del mismo. De modo que, desde el Estado, con todos sus poderes dominados por el ejecutivo, ha establecido una situación de dominación sobre la base de distintos mecanismos entre ellos el control totalitario para generar temor, miedo y sumisión.
Respecto de la armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos, es decir en armonía, Venezuela no es un buen ejemplo, puesto que la generación de la violencia ya no es entre delincuencia común, que es normal en toda sociedad por pacífica y armónica que sea, sino entre bandas organizadas que encuentran en el Estado protección e incluso penetrándolo en sus más altas instancias, como lo ha afirmado la Corte Penal Internacional, organismo creado por la ONU.
El punto 74 del Informe sobre la violencia del Observatorio de la Violencia LACSO dice: “En 2023 se pudo observar en Venezuela una reducción de la violencia que atribuimos a la disminución de la delincuencia que podemos calificar “desorganizada”, y la concentración y monopolización de la violencia vinculada a las organizaciones criminales poderosas y su focalización en algunos nichos de oportunidades.”
El punto 59 nos ilustra sobre “El establecimiento de diversas modalidades de gobernanza criminal, en varios territorios de la nación, muestra la expansión del modelo empresarial de negocios que han asumido los actores ilegales para controlar diversos tipos de rentas a partir de la construcción de monopolios fácticos de producción o distribución de bienes legales e ilegales con el uso de la fuerza. Este modelo empresarial, basado en la extorsión y en la participación directa o asociada en los negocios, ha conllevado a la represión de la pequeña delincuencia y violencia juvenil por parte de los grupos criminales organizados y provocado una sensación de seguridad entre los pobladores y una reducción en las tasas de violencia letal.”
El punto 80 explica que “La censura, la ausencia de información y la opacidad con la cual se tratan los casos calificados como averiguaciones de muerte, que representan el porcentaje más alto de las muertes violentas, y las altas cifras de muertes por intervención policial, mantienen la incertidumbre sobre la situación real de la violencia y la criminalidad en el país e impiden una más adecuada interpretación y diseño de políticas públicas.”
En la encuesta que acompaña el estudio, explicada en el punto 46 señala: “Casi la mitad de la población (47%) manifestó que por el temor a ser víctima del delito violento había restringido su asistencia a los lugares de recreación o en las horas en las cuales acostumbraba o le gustaría haber acudido.”
Vamos a Mérida, la ciudad serrana, de tamaño mediano y sin grandes barrios marginales, sino con una población asentada en barrios construidos por el antiguo INAVI, con dotación de servicios domiciliaros y buen acceso. Es una ciudad universitaria y arzobispal, acogedora, de vocación turística, con pequeñas y medianas empresas, rodeada de altas montañas, ríos rumorosos, tranquila. En medio de la opacidad por ausencia de estadísticas oficiales, dentro del Informe del Observatorio de Violencia LACSO, señala el punto 19: “Las cinco entidades con la menor tasa de muertes violentas fueron Mérida (17,9); Apure (15,1); Portuguesa (14,9), Nueva Esparta (14) y Táchira que tuvo la menor tasa con 11,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes. 20- Es importante destacar que, a pesar de la disminución experimentada, las tasas de muertes violentas de todas las entidades federales superaron las 10 víctimas por cada cien mil habitantes, umbral a partir del cual la violencia letal es calificada como epidemia.”
De modo que nuestra entidad está por debajo del promedio nacional, y dentro de las comunidades afectadas por la epidemia letal de la violencia. Nuestra entidad tiene un récord terrible en materia de violencia: “34- Por vigésimo segundo año consecutivo el estado Mérida se ubica en el primer lugar del ranking nacional, con la tasa de muertes por suicidio más elevada del país (15,5 muertes por cada 100 mil habitantes). Luego, le siguen dentro de las cinco con mayores tasas: Táchira (13,6%), Distrito Capital (13,3, que bajó al tercer puesto después de mantenerse durante dos años consecutivos en el segundo lugar), Trujillo (11,9) y Lara (10,2)."
De nuevo, los tres estados andinos vuelven a ubicarse en los primeros lugares, hecho frecuente que ha quedado demostrado a través de estudios retrospectivos sobre esta causa de muerte.
Algo pasa en Mérida y en los otros dos estados andinos que no se ha logrado explicar suficientemente, pese a los análisis realizados por el grupo de psicólogos de su gremio profesional. En conversaciones con psicólogos del grupo, con la legisladora Fabiana Santamaría, y su “Alianza por la Vida”, que logró reunir a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, a la Universidad de Los Andes y a diferentes congregaciones religiosas, todas con un mismo propósito: educar y crear conciencia sobre el suicidio, con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), y el Programa de Psicólogos Voluntarios Mérida, hay coincidencia en que la desesperanza es un factor a tomar en cuenta. Los jóvenes desean emigrar al no ver posibilidades ciertas de alcanzar un buen nivel de vida, y al no atreverse o no darse las circunstancias para comenzar el camino incierto y peligroso del Darién o cualquier otro también arriesgado, caen en la depresión, que puede terminar en suicidio.
Hemos visto casos de jóvenes campesinos de nuestros páramos que se arriesgan a emigrar y lo hacen, y allí los suicidios son menos puesto que en el campo la vida es apacible y algo se come, pero en la ciudad hay una realidad más difícil, con mayores dificultades para conseguir un trabajo bien remunerado, servicios médicos y medicamentos, existen largas colas para surtir combustible que obliga a pernoctar en el vehículo, las elevadas tarifas del transporte público que imponer caminar largos trechos, con frecuentes interrupciones de los servicios de agua potable y de electricidad. Pese a estos males, la emigración de los venezolanos es por supervivencia, con la esperanza de encontrar una vida mejor fuera del país, enviarle dinero a los familiares que se quedaron, y al poder hacerlo llevarse con ellos. Todo ello genera una elevada situación de angustia que apenas se disipa por momentos con alguna diversión gratuita.
La convivencia en el estado Mérida, sus pueblos y ciudades se ha visto afectada por la emigración. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, señala que cerca de 8 millones de venezolanos han emigrado. Esta cifra es semejante a la que ofrece La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V).
“Una evaluación preliminar de los datos estimados a nivel estadal y municipal -comparando con la proyección oficial del INE para 2020-, permite concluir que los estados Miranda, Mérida, Yaracuy, Trujillo y Táchira, son los que presentan mayor pérdida poblacional por la emigración.”
La situación que vive el Estado Mérida es de extrema gravedad, como toda Venezuela. Sus particularidades corresponden a su economía débil basada en un turismo estacional, una agricultura sometida a la dolarización, la carestía de los insumos, bajos precios de sus productos en el mercado, contrabando desde Colombia, la pérdida de mano de obra por la emigración y el pésimo estado de las vías estadales y de penetración rural. La pequeña y mediana empresa está azotada, además, por la voracidad fiscal de los gobiernos nacional y municipales. Hablar de paz es posible debido a la soledad de sus ciudades y pueblos que dejan notar el abandono de las casas, la debilidad del consumo, la pésima iluminación de los espacios públicos y otros males que dejan una sensación de tristeza.
3.2. Justicia
Los Principios Fundamentales de la Constitución de la República están consagrados en el Título I, algunos de cuyos artículos reproduzco. Y el Poder Público está organizado de acuerdo con el Título IV, que reproduzco parcialmente. Subrayo algunas palabras y frases por su interés particular a los fines de este trabajo.
TÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.
Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.
Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.
Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
TÍTULO IV
DEL PODER PÚBLICO
Capítulo I
De las Disposiciones Fundamentales
Sección Primera: Disposiciones Generales
Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.
La Carta Democrática Interamericana forma parte del Bloque Constitucional, es decir, es un texto que, aunque no es propio del de la Constitución, tiene rango constitucional. Reproduzco algunos de sus artículos:
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
VIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES
11 de septiembre de 2001
Lima, Perú
CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
LA ASAMBLEA GENERAL,
Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
Artículo 4. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.
Como se puede observar, existe una base constitucional suficiente para que en Venezuela exista una democracia moderna con una organización federal y una distribución del poder a tres niveles: Municipal, Estadal y Nacional; separación e independencia de los poderes públicos nacionales en Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Venezuela es el único país que le agrega a los poderes clásicos el Ciudadano y el Electoral.
Pese a estas sólidas e inequívocas disposiciones constitucionales, el gobierno del llamado “Socialismo del Siglo XXI” ha degenerado en un totalitarismo populista indefinible según los modelos teóricos de clasificación que ofrece la Ciencia Política. Como no es objetivo de este trabajo analizar estos asuntos, remito a la lectura de los libros sobre el tema escritos por el Dr., Allan Brewer Carías, disponibles en su página Web allanbrewercarias.com. Recomiendo por su actualidad el N°1385. Conferencia Inaugural sobre “Democracias actuales y falseamiento del Estado de Derecho” (Texto de base) en la Instalación del Primera Jornada Constitucional Ulises Francisco Espaillat, organizada por el Tribunal Constitucional de República Dominicana y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santiago, Santiago de los Caballeros, República Dominicana 12 de octubre, 2023. Lo más reciente es el Acuerdo de la Unión Europea del 8 de febrero de 2024 publicado en www.europarl.europa.eu
En Venezuela no existe la separación de poderes ni son independientes. Todos los poderes públicos nacionales están dominados por el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, y el grupo de personas que ejercen el poder. En materia de justicia, los índices internacionales revelan una situación gravísima. La Comisión Internacional de Juristas señaló en su informe del año 2022 que:
“El Tribunal Supremo de Justicia, controlado desde hace mucho tiempo por el Poder Ejecutivo, ha gestionado el colapso del Estado de Derecho en el país, ya que más del 85% de los jueces ocupan cargos provisionales, están sometidos a presiones políticas, y reciben presiones directas para que emitan decisiones judiciales en favor del gobierno y en contra de personas defensoras de derechos humanos y disidentes políticos.”
Más adelante La CIJ también
“insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mantener un mecanismo adecuado para la rendición de cuentas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, hasta que los fiscales, los tribunales y las cortes venezolanas sean capaces de investigar, procesar y juzgar eficazmente dichas violaciones con independencia e imparcialidad.”
https://www.icj.org/es/venezuela.
La Corte Penal Internacional mantiene un juicio abierto sobre la situación de la violación grave de los derechos humanos en Venezuela.
3.3. Instituciones
El Objetivo 16 se desagrega en crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Se refiere explícitamente a las instituciones públicas nacionales y locales. En esta materia, Venezuela y Mérida tampoco gozan de buena salud. Respecto de Venezuela creo que basta señalar los organismos que tienen alguna presencia en el Estado Mérida: Los organismos públicos nacionales relacionados con el cumplimiento de los ODS están en crisis por la emigración de sus funcionarios, sus oficinas lucen semivacías, los pocos que quedan sólo trabajan en turnos de dos o tres días a la semana, y los que ocupan cargo de jefatura dedican la mayor parte del tiempo a asuntos relacionados con el activismo político del partido gobernante. Son los casos de los Ministerios del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Agricultura Productiva y Tierras, para la Agricultura Urbana, para la Alimentación, para la Minería Ecológica, para la Industria y Producción Nacional, para el Comercio Nacional, para la Planificación, para la Juventud y el Deporte, para el Proceso Social del Trabajo, para Hábitat y Vivienda, para las Comunas y Movimientos Sociales, para los Pueblos Indígenas, para la Mujer y la Igualdad de Género, para la Ciencia y la Tecnología, para la Educación, para la Salud, para la Educación Universitaria, para la Defensa, para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para la Comunicación e Información, para la Cultura, para la Energía Eléctrica, para el Ecosocialismo, para la Atención de Las Aguas, para Obras Públicas, para el Transporte, y para la Nueva Frontera de Paz. No incluyo algunos otros por tener atribuciones exclusivas nacionales, como el de Relaciones Exteriores. Son 33 ministerios en total, más los ministros de Estado, las Vicepresidencias y los Comisionados. Aparte existen una gran cantidad de organismos desconcentrados y descentralizados como el Instituto Nacional de Parques o el Instituto Nacional de Patrimonio con funciones asignadas en nuestro tema de análisis. En fin, una enorme burocracia inservible y parasitaria, salvo los cuerpos de seguridad que se ocupan del control de la población.
De Mérida haremos un examen objetivo del papel de las instituciones orientado a la materia de esta publicación, en particular en cuanto a espacios públicos, ambiente y cambio climático, agua potable y saneamiento, movilidad y conectividad, tratados de manera magistral por otros colaboradores de este trabajo sobre “Espacios públicos para el alcance de los ODS y el derecho a la ciudad.”
Mérida cuenta con algunas instituciones públicas eficaces, responsables e inclusivas. Destaco en primer lugar la Universidad de Los Andes, que pese a la grave crisis que atraviesa, sigue cumpliendo con sus fines de ofrecer educación superior, investigación y extensión de calidad, reconocida en los ámbitos nacional e internacional, y ocupa un buen nivel en los ratings. En The World University Rankings 2023, la ULA ocupa el segundo lugar después de la UCV, lo que dice mucho del esfuerzo de sus profesores e investigadores para trabajar con remuneraciones de alrededor de los 100 dólares americanos mensuales, sin apoyo a la investigación y con un presupuesto público que apenas alcanza a satisfacer un 10 % de su presupuesto anual, y con pocas posibilidades reales de generar recursos propios. Es una de las instituciones que más aportan a la economía local.
Luego la Academia de Mérida, un espacio multidisciplinario para la discusión y el análisis en todas las áreas del conocimiento, con particular compromiso con la ciudad, que goza de un alto grado de autonomía. Ambas contribuyen a sostener la investigación científica, las manifestaciones de la cultura local en particular las artes en todas sus manifestaciones, y son espacios abiertos para el estudio y la creación libre. A estos temas me he referido en varios de mis libros, en particular en Ciudad y Política.
La Arquidiócesis de Mérida es una institución no estatal que es fundamental como constructora de la identidad merideña desde su creación como obispado en 1778. El 29 de marzo de 1785 si primer obispo Fray Juan Ramos de Lora creó el Seminario Tridentino de San Buenaventura que sigue siendo formadora de sacerdotes. Es el origen de la Universidad de Los Andes. Tiene uno de los mejores archivos históricos de América, un Museo Arquidiocesano, la organización Cáritas y en general la iglesia católica cuenta con numerosos colegios de educación primaria, media y diversificada de gran calidad.
En cuanto a las instituciones de gobierno, Mérida es ciudad capital del Estado homónimo, por lo cual tiene un Poder Legislativo representado por el Consejo Legislativo, un Poder Ejecutivo representado por el Gobernador. Los tribunales, fiscales y defensores del pueblo son dependencias del poder judicial nacional. Es la capital del Municipio Libertador con su Concejo Municipal y su Alcalde.
La característica fundamental de las dos instituciones gubernamentales, Gobernación y Alcaldía, es que no desarrollan sus actuaciones según los planes de Ordenación del Territorio, no respetan el Plan de Ordenación Urbanística ni los planes operativos anuales, y, lamentablemente no existen un Plan de Desarrollo Urbano Local; por lo tanto, se realizan de acuerdo con lo que se les ocurra.
Las competencias que le asigna la Constitución a los estados son precarias, pese a calificar al Estado como federal y descentralizado, que es redundante. Las más importantes son la vialidad estadal y la administración de carreteras nacionales. Las demás son concurrentes con los otros dos poderes territoriales, todas bajo el principio general de la cooperación.
Respecto de los municipios, a diferencia de los estados, tienen una gran cantidad de competencias en salud, educación, cultura, deporte, recreación, saneamiento, servicios públicos, aguas, alumbrado público, abastecimiento, ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio, vialidad urbana e interurbana, transporte público, turismo, ferias y fiestas, y todo cuanto tenga que ver con los asuntos propios de la vida local. Para atender estas materias cuenta con recursos fiscales provenientes del situado constitucional, transferencias del Fondo Interterritorial para la Descentralización que administra el Consejo Federal de Gobierno, y sus ingresos propios de tributos a la propiedad, a las actividades económicas, vehículos y otros menores; y las tasas por los servicios que presta. Al no regirse por planes ni programas de corto, mediano ni largo plazo, sino por lo que se le va ocurriendo a su Alcalde y la mayoría de su partido en el Concejo, sin verdadero control, la acción va dirigida a la promoción personal de quien ocupa la Alcaldía, en servicios que le dan visibilidad como la atención de los espacios públicos, el ornato y las fiestas. Es tan evidente que basta una mirada a la poca prensa, a los medios radiales y a las redes sociales ocupadas de la información para verificar estas afirmaciones.
IV. Conclusiones
En el Título de este trabajo coloqué un párrafo del filósofo, teólogo y antropólogo Teilhard de Chardin, que nos sugiere un gran desafío: somos los continuadores de la obra de la Creación. Nos dice en su libro El Medio Divino, del que tomo la cita, que Dios está en el pincel del pintor, en la aguja de la costurera, en el arado del agricultor, y, agrego, en cada herramienta o tecnología que usemos en nuestro trabajo, porque estamos comprometidos a alcanzar un mundo mejor con nuestro esfuerzo personal y colectivo, para lo cual contamos con nuestra inteligencia, nuestras capacidades y habilidades, como en la parábola de los denarios cada uno debe aporta en proporción a lo recibido. Cada ser humano según sus capacidades, y la humanidad entera tiene un compromiso con el mantenimiento y las mejoras de nuestra casa común. El mejor documento escrito sobre este tema, a mi modesto juicio, es la Encíclica Laudato Si, del papa Francisco, en cuya redacción contribuyeron intelectuales expertos en el tema.
La ONU ha perdido eficacia y su acción es reactiva, tardía y débil. Lo mismo se puede decir de la Corte Internacional de Justicia y de otros de sus organismos. Hay coincidencia cada vez más global de la necesidad de establecer nuevas instituciones con capacidad para asumir los retos de la paz mundial, y de parar la voracidad de la codicia que causa daños al planeta con sus graves consecuencias. El balance sobre los logros obtenidos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible expuestos en el Informe del Secretario General evidencia la debilidad del organismo y el poco compromiso de los estados y sus gobiernos.
Lo dicho no significa en modo alguno que no se deba trabajar en instrumentos tan valiosos como el trabajo que realiza la Universidad de Los Andes, cuyo impacto es más académico que práctico, mientras los gobiernos no asuman plenamente sus responsabilidades con esta iniciativa u otras que se diseñen en la misma línea.
Respecto de las instituciones en Venezuela el panorama es desolador, lo que significa grandes desafíos para volver a la Constitución, hacerle las reformas indispensables, recuperar la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, la prosperidad y definir las políticas públicas que preserve las grandes riquezas que tiene Venezuela, comenzando por el talante y los valores libertarios del pueblo.
V. Bibliografía
ACNUR https://www.acnur.org/emergencias/situacion-de-venezuela
Bobbio. Norberto (2023). Teoría general de la política. Trotta. Madrid.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20240202IPR17322/venezuela-el-pe-condena-los-ataques-contra-machado-y-defiende-que-sea-candidata
Comisión Internacional de Juristas. https://www.icj.org/es/venezuela.
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