El vandalismo no es protesta: cuando la calle se convierte en coartada / por Ricardo Rodríguez

'..La democracia no se mide por la cantidad de cristales que permite romper, sino por su capacidad para garantizar que quien quiera manifestarse pueda hacerlo libremente y que quien cometa actos violentos responda ante la ley..'

El vandalismo no es protesta: cuando la calle se convierte en coartada

Una cosa es levantar la voz contra el poder y otra, muy distinta, levantar adoquines contra los derechos de los demás.

Ricardo Rodríguez Fernández

La Razón 08.11.2026

Hay una curiosa perversión del lenguaje político contemporáneo: cuando alguien rompe un escaparate, incendia un contenedor o agrede a un policía durante una manifestación, no tarda en aparecer quien busca una explicación social para lo ocurrido. Como si la indignación concediera una licencia para delinquir. Como si el descontento justificara la destrucción. Pues no. La democracia reconoce el derecho a protestar, pero no el derecho a destrozar. Y convendría recordarlo antes de que terminemos confundiendo la libertad de expresión con la libertad de destrucción.

Lo sucedido el 24 de octubre en Barcelona resulta inquietante. Una convocatoria difundida por las redes sociales desembocó en graves disturbios en el entorno de la plaza de Cataluña. El balance policial habla por sí solo: 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad, 23 comercios vandalizados, 33 intervenciones de bomberos por incendios y quince agentes lesionados, cuatro de gravedad. No parecen precisamente los ingredientes de una pacífica reivindicación ciudadana.

Pero hay un dato que debería preocuparnos especialmente: más de la mitad de los detenidos eran menores. ¿Qué está sucediendo para que tantos adolescentes acaben involucrados en semejantes episodios? ¿Qué educación cívica estamos transmitiendo a una generación para la que, en ocasiones, parece importar más la repercusión de un destrozo en las redes sociales que sus consecuencias reales? ¿En qué momento romper escaparates, enfrentarse a la policía o incendiar mobiliario urbano puede convertirse para algunos jóvenes en una forma de diversión, desafío o protagonismo?

Las redes sociales permiten convocar concentraciones en cuestión de horas. Pero también pueden convertir la violencia en espectáculo, donde el destrozo proporciona imágenes, las imágenes generan seguidores y los seguidores alimentan nuevos destrozos. Una inquietante cadena que merece algo más que un encogimiento de hombros.

Y no se trata de un fenómeno exclusivamente español. En Francia, las movilizaciones de ese día reunieron a 410.000 personas, 110.000 de ellas en París, y se saldaron con 1.314 detenciones en todo el país. Ahora bien, sería profundamente injusto identificar a los centenares de miles de ciudadanos que ejercieron pacíficamente sus derechos con quienes aprovecharon aquellas concentraciones para protagonizar actos violentos.

Porque aquí aparece una distinción esencial: no toda protesta desemboca en violencia, ni toda violencia merece ser presentada como protesta. La reivindicación pacífica fortalece la democracia; el vandalismo, por el contrario, lesiona los derechos de terceros y deteriora la convivencia.

Nuestra Constitución es clara. El artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Y la TC S 8/2024, de 16 de enero, recuerda que el derecho de reunión no ampara las conductas que, mediante el ejercicio de la violencia contra personas o bienes, desnaturalizan su contenido constitucional. Dicho de manera sencilla: el derecho de reunión protege la protesta, incluso la más incómoda para el poder; lo que no protege es utilizarla como coartada para la violencia.

Nuestro Código Penal contempla los delitos de desórdenes públicos, daños, atentado contra agentes de la autoridad y otras conductas punibles. No necesitamos inventar nuevos delitos ni reclamar penas desproporcionadas. Necesitamos aplicar las leyes existentes, investigar con rigor, identificar a los responsables y garantizar la reparación de los perjudicados. Porque detrás de un escaparate destrozado hay un comerciante que quizá llevaba años levantando su negocio. Detrás de un vehículo incendiado puede haber un trabajador que lo necesita para ganarse la vida. Y detrás de un policía agredido hay una persona cuya integridad física merece exactamente la misma protección que la de cualquier ciudadano.

Resulta paradójico que quienes dicen combatir las injusticias sociales terminen causándolas precisamente a personas que ninguna responsabilidad tienen en aquello contra lo que supuestamente protestan. Curiosa manera de construir un futuro mejor: empezar por incendiar el presente.

Pero tampoco debemos cometer el error contrario: utilizar los incidentes violentos para desacreditar cualquier movilización ciudadana. La responsabilidad penal es individual. Ni todos los manifestantes son violentos ni todos los detenidos son culpables. La presunción de inocencia no desaparece porque las imágenes resulten indignantes. Y la actuación policial debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La firmeza democrática no consiste en sustituir las garantías por la contundencia, sino en ejercer la autoridad precisamente dentro de esas garantías.

Ahora bien, tampoco podemos resignarnos a que el vandalismo se convierta en una especie de peaje inevitable de las libertades públicas. Las autoridades deben prevenir y perseguir las conductas delictivas. Y las familias, las instituciones educativas y la sociedad deberían preguntarse por qué algunos jóvenes encuentran más atractivo destrozar una ciudad que participar en su construcción.

Conviene recordarlo sin eufemismos y, si se me permite, con algo de retranca gallega: el adoquín no es una enmienda parlamentaria, el cóctel molotov no es un argumento político y el saqueo de una tienda no constituye una modalidad especialmente vehemente de libertad de expresión.

La democracia no se mide por la cantidad de cristales que permite romper, sino por su capacidad para garantizar que quien quiera manifestarse pueda hacerlo libremente y que quien cometa actos violentos responda ante la ley. Eso sí, con todas las garantías. Porque una cosa es levantar la voz contra el poder y otra, muy distinta, levantar adoquines contra los derechos de los demás.

-Ricardo Rodríguez Fernández es Magistrado. Doctor en Derecho