'..Los Estados y sus agentes ya no están para proteger a los ciudadanos de los delincuentes, sino para proteger al Estado de los ciudadanos. Uno de los efectos más odiosos del afán de los Estados contemporáneos por controlar cada día más férreamente a los ciudadanos es la extensión de su campo de acción desde los hechos hasta las palabras e incluso los pensamientos, ésos que en derecho clásico no delinquían..'
El Estado contra los ciudadanos
Jesús Laínz
En un régimen político libre y justo la distancia entre la ley y el ciudadano debería ser muy grande, tan grande que la ley pasase casi inadvertida para las personas honradas. Pero cuando el ciudadano traspase la línea de la ley, ésta debería caer sobre él con todo su peso. En nuestra época, por el contrario, el Estado se encarga de que la ley nos acose, nos restrinja, nos asfixie, nos persiga, nos limite cada día más.
Los gobiernos no paran de producir normas para regular el más pequeño detalle de nuestras vidas; acabaremos pagando impuestos hasta por respirar; las calles están llenas de cámaras; nuestros ingresos, nuestros pagos, nuestros depósitos, nuestros movimientos bancarios están controlados como nunca antes lo estuvieron; el pago en metálico está cada vez más restringido; se obliga a las empresas a contratar a personas no por sus facultades sino por su sexo, opción sexual u otros criterios de cuota; en el Reino Unido se estudia prohibir las conversaciones sobre temas controvertidos en los bares; se censura lo que se expresa en las redes sociales; se dicta lo que los medios de comunicación pueden dar a conocer y lo que tienen que ocultar; se regula si nuestros perros y gatos pueden o no pueden tener crías; el gobierno pretende inmiscuirse en cómo deben administrarse los sacramentos en la Iglesia católica; en no sé cuántas regiones españolas está prohibido coger setas, caracoles y manzanilla; en Tenerife está prohibido hacer castillos de arena sin permiso del ayuntamiento; en Cádiz está prohibido arrojar arroz en las bodas; y así hasta el infinito.
Los Estados y sus agentes ya no están para proteger a los ciudadanos de los delincuentes, sino para proteger al Estado de los ciudadanos. Uno de los efectos más odiosos del afán de los Estados contemporáneos por controlar cada día más férreamente a los ciudadanos es la extensión de su campo de acción desde los hechos hasta las palabras e incluso los pensamientos, ésos que en derecho clásico no delinquían. Cuando el mundo, al menos el occidental, seguía siendo civilizado, al Estado no le importaban las opiniones de los ciudadanos, por peculiares o reprochables que pudieran ser, siempre que no se plasmaran en hechos que dañaran a los demás. Sólo en los Estados totalitarios se traspasaba esa barrera, lo que demuestra que los europeos de hoy vivimos bajo ese tipo de regímenes por mucho que pasemos por las urnas cada cuatro años.
Y así nació la corrección política para amordazar a quienes se salieran de la ortodoxia. Como consecuencia de ello, en tiempos recientes se ha inventado esa aberración jurídica y moral denominada delito de odio según la cual se considera agravado un delito cuando el juzgador estima que el móvil del infractor fue el odio racial, religioso o ideológico, generalmente el primero. Pero un crimen debe ser castigado por ser un crimen con independencia de las escurridizas deducciones ideológicas que se pretendan descubrir detrás de él.
Malos tiempos para el pensamiento. Los totalitarios con piel de demócratas saben muy bien que un hombre educado y consciente es mucho más peligroso para el Estado que un criminal, puesto que mientras que éste representa un peligro solamente para los demás ciudadanos, aquél puede encarnar una amenaza contra el orden establecido. Y nunca se sabe dónde, cuándo y cómo se recogerá el fruto que siembra una palabra.
Quizá de ahí provenga la destrucción de la educación desde parvulitos hasta la universidad. Con un pueblo de ignorantes se consigue un excelente rebaño de borregos.
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