Según ha informado la institución dependiente del Ministerio del Interior, Prisiones ha dispuesto el traslado de Iparraguirre «por razones judiciales y en calidad de presa preventiva». Estaba interna en Madrid I y va a ser enviada a la cárcel de Álava.
«Va a ser acercada con sus familiares sin haber colaborado con la justicia y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, algo que ya hemos podido comprobar en primera persona en nuestra asociación en sus últimos juicios», ha denunciado este viernes la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
Iparraguirre tiene pendientes en España como la colocación en 1987 de un artefacto explosivo trampa a las puertas de un bar de una localidad guipuzcoana de Escoriza, con el que buscaba causar la muerte de los guardias civiles que acudiesen a desactivarlo.
En abril fue absuelta de haber participado en 1985 en la colocación de un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria y un mes antes fue condenada por la Audiencia Nacional a 61 años de cárcel por ordenar dos acciones terroristas.
Esas dos sentencias condenatorias se sumaban a la condena, ya firme por el Tribunal Supremo, que confirmó 122 años de cárcel por ordenar y facilitar material para cometer otro atentado, el del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en León.
Y a los asesinos de Ernest Lluch y Tomás Caballero
Prisiones también ha dispuesto el traslado de dos sanguinarios de ETA hasta la cárcel de León. Uno de ellos es José Ignacio Cruchaga Elezcano, actualmente en Almería. Ingresó en prisión el 16 de enero de 2001 y cumple una condena acumulada de 30 años por los delitos de atentado, asesinatos y homicidio, entre otros. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en julio de 2023.
En 2002, la Audiencia Nacional le condenó a 54 años de prisión como responsable del asesinato de Juan Miguel Gervilla y a 33 años de prisión como autor del asesinato de Ernest Lluch. Además, en el 2003 fue condenado a 34 años y 6 meses de prisión como autor del atentado que acabó con la vida de José Luis Ruiz Casado.
La Secretaría General ha resuelto su progresión a segundo grado, al igual que para Francisco Ruiz Romero, que también irá a León desde la cárcel de Murcia II. Ingresó en prisión el 25 de febrero de 2002 y cumple una condena acumulada de 30 años y 15 días por atentados, asesinato, depósito y tráfico de armas y lesiones. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en diciembre de 2025 tras ser condenado a 30 años de cárcel por el asesinato en 1998 del concejal de UPN Tomás Caballero en Pamplona.
El último etarra es Alberto Viedma Morillas. Está en la cárcel de Almería e irá a la de Topas (Salamanca). Ingresó en prisión el 4 de marzo de 2002 y cumple una condena acumulada de 30 años por los delitos de asesinatos, homicidio en grado de tentativa, pertenencia a banda armada y depósito y tráfico de armas. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en noviembre de 2022 y ha sido progresado al segundo grado.
En su caso, en 2003 fue condenado a 30 años de prisión como responsable también del asesinato de Tomás Caballero y luego a 30 años como autor del asesinato de Francisco Casanova. También fue condenado por el intento de homicidio del subteniente del Ejército José Díez Pareja en la localidad navarra de Cizur Mayor en 2001.
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