DURANTE LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA
Los compromisos del Gobierno con ETA cumplidos por Zapatero y Rajoy
- Desaparición de la Ley de Partidos
- Derogación de la doctrina Parot
- Paralización de las detenciones...
- Buen trato a los presos de ETA y el caso De Juana
- Derogación de la doctrina Parot
Junto a la promesa de buen trato para los presos, el Gobierno prometió a ETA la derogación de la doctrina Parot. La primera intención del Ejecutivo era hacerlo en los tribunales españoles, exactamente, en el Tribunal Constitucional, pero se encontró con serias dificultades internas cuando sus asesores realizaron los primeros sondeos internos. Entonces utilizó para ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que envió como juez español a su ex secretario de Estado de Justicia entre 2003 y 2007:
El juez socialista colaborador con la banda etarra enviado por Zapatero a Estrasburgo y mantenido por Rajoy en cumplimiento de la hoja de ruta.
Mucho se ha hablado últimamente sobre la derogación de la Doctrina Parot, pero sería muy conveniente no olvidar otra hoja de ruta que se marcaron una serie de sinvergüenzas de socialistas y sindicalistas con la “Doctrina ERE”.
ResponderEliminarEsto no está parado, pero si un poco eclipsado por el tema terrorista, aunque esto tiene mucho de terrorismo.
La juez Mercedes Alaya, vuelve a citar como imputada a Magdalena Álvarez, la que fuera ministra socialista y “piquito de oro” del gobierno Zapatero.
La juez Mercedes Alaya mantiene el caso de los ERE fraudulentos bajo su lupa pese a que afecta, al menos, a siete políticos aforados. La Audiencia de Sevilla alertó a la magistrada la semana pasada de que su investigación había alcanzado “el límite máximo” y que por tanto debía elevarla al Tribunal Supremo, al estar examinando la actuación de aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este jueves la juez Alaya replicó a los jueces de la Audiencia que, de momento, sus planes no contemplan ese escenario. Lo dejó claro en el auto por el que volvía a imputar a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra socialista, Magdalena Álvarez, después de que la Audiencia anulara su imputación inicial por falta de motivación.
“La mayor parte de la causa es inescindible”, arguye la instructora para aclarar que no puede desgajar la parte de la investigación que afecta a los expresidentes y exconsejeros andaluces, ya que sus acusaciones y la de los 20 altos cargos de la Junta imputados el pasado junio, pertenecen a un todo. A continuación, la juez aclara que antes de remitir la causa al alto tribunal debe recibir dos atestados y varios informes de empresas de la Guardia Civil, el informe pericial de la Intervención General del Estado y el de la Dirección General de Seguros sobre las sobrecomisiones pagadas en los ERE. Y finalmente, sobre sus tiempos, la juez avisa de que el final de la instrucción “no está lejos”, aunque sin aclarar si se refiere a la parte de la financiación de los ERE que afecta a los aforados o toda la causa, que acumula ya 136 imputados.
El auto tiene el sello inconfundible de la prosa de Alaya. Defiende con tesón su propia investigación y elogia a sus colaboradores: “Este equipo, ellos [los agentes] y yo, necesitamos calma para afrontar esta última etapa de trabajo y estudio, para encajar los cambios (...) y poder en suma culminar con dignidad el trabajo que iniciamos hace menos de tres años unos pocos incansables”. Y avisa de que los próximos meses serán clave a través de nuevas declaraciones de imputados y el análisis de diversos informes.
Entre líneas, la juez Alaya desliza respuestas a las frecuentes críticas que su instrucción recibe desde diversos flancos, tanto de la Junta andaluza como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que le han pedido celeridad en las numerosas causas que instruye en paralelo. En la defensa de sus prioridades investigadoras y tiempos de trabajo, interrumpidos durante seis meses por una baja por enfermedad, Alaya subraya: “Esta instrucción siempre ha respondido a un diseño bien definido (...) Nada tiene que ver con una instrucción espasmódica”.
Continuara
Enrique Castillo
La juez Mercedes Alaya considera que no ha alcanzado “el límite máximo de instrucción”, como apuntaba la Audiencia de Sevilla, porque tiene que recibir aún varios informes para concluir su tarea. La documentación esperada depende de los ministerios del Interior y Economía y de la Intervención General del Estado.
ResponderEliminarEn primer lugar, Alaya espera tener en breve dos atestados de la Guardia Civil. Uno referido a las ayudas que la Consejería de Empleo concedió en municipios de la Sierra Norte de Sevilla, especialmente las otorgadas a los exconcejales del PSOE y empresarios Enrique Rosendo y José María Sayago, que percibieron 17 millones del fondo de los ERE. En febrero de 2012 la Guardia Civil señaló que este informe, que se anunciaba casi inminente, recogería el “papel esencial” del exconsejero y diputado socialista en el Congreso José Antonio Viera en el reparto de ayudas. El segundo atestado es sobre la Consejería de Innovación y la agencia pública Idea, a través de la cual se canalizaban los pagos del fondo.
Alaya también confía en tener pronto un informe de la Intervención General del Estado sobre el procedimiento con el que se daban las ayudas, las transferencias de financiación, una herramienta presupuestaria que la juez considera ilegal y que el Gobierno andaluz defiende. Este punto es clave porque es la base de la juez para imputar a la mayoría de los altos cargos de la Junta y para señalar a aforados como José Antonio Griñán y Manuel Chaves. “El contenido del mismo es imprescindible”, dice la juez, “para entender el proceso, cómo se inició, cómo se desarrolló, su idoneidad o su ilegalidad”.
Y el tercer informe lo tiene que remitir la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, acerca de la legalidad de las comisiones que se percibieron (aseguradoras, sindicatos, bufetes de abogados...) por las mediaciones en los ERE.
Dirigentes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se enriquecieron “personalmente” con el caso de los ERE falsos, el mayor escándalo de corrupción de Andalucía, según consta en el auto de la juez Mercedes Alaya del pasado lunes contra dirigentes de estas dos organizaciones sindicales al que ha tenido acceso El Confidencial. Esta segunda fase de la Operación Heracles se salda con 45 imputados y ocho detenidos. La cifra total de imputados en todo el caso se eleva ya a 170 personas.
Alaya demuestra cómo Juan Antonio Florido García, exsecretario de Organización de Industria Textil de la Junta de Andalucía, habría obtenido, además de la cantidad de 221.543,29 euros correspondientes a las rentas derivadas de su prejubilación tras el ERE de Hytasa, la cantidad de 43.472,18 euros procedentes del holding Vitalia (derivado de las sobrecomisiones abonadas por la Junta de Andalucía).
La retribución de Florido se habría conseguido “por sus gestiones, trabajos, influencias y la facilitación de información, que habrían propiciado la participación de la mediadora en distintos procesos de reestructuración de empresa”, como figura en el escrito judicial de Alaya, que hace referencia al oficio recibido de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil respeto a medidas contra las irregularidades de las mediadoras Vitalia y Uniter, Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE, y el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasí.
El desvío de fondos públicos a través de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de renta habría provocado el enriquecimiento personal de terceras personas que habrían intervenido en la contratación y gestión de estas pólizas. “Fruto de este escrutinio”, especifica el auto, “estarían emergiendo numerosos indicios de la participación de personas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO, fundamentalmente como fuente de información respecto a empresas en crisis a las que pudiera resultar conveniente un proceso de reestructuración de plantilla, mediante ERE, prejubilaciones u otras medidas, así como facilitar los procesos habilitando la participación de las anteriores mediadoras”.
Continuara
Enrique Castillo
El despido de 2.000 mineros en Huelva.
ResponderEliminarLa implicación de los dos principales sindicatos en este caso también alcanza a otro exdirigente de Comisiones Obreras como Roberto Carmona Soto, exsecretario de Desarrollo Industrial de este sindicato, y Salvador Mera, secretario general de UGT en Cádiz desde noviembre de 2010, implicado, a través de la consultora Uniter, en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva que supuso el despido de 2.000 mineros. Carmona y Mera fueron detenidos ayer por la mañana.
El secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, suspendió una rueda de prensa que había convocado para explicar detalles de la investigación interna sobre las facturas de comilonas y fiestas a cargos de subvenciones de la Junta de Andalucía. UGT, a través de una nota informativa, exigió “respeto” a la labor sindical; también que la investigación judicial no se puede utilizar como “una causa general contra los sindicatos”.
El exconsejero andaluz de Empleo y diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera. (EFE)Según el sumario de los ERE, un informe de la Guardia Civil cifró en 7,6 millones de euros el dinero transferido "a entidades vinculadas directamente" con los sindicatos entre 2000 y 2010. Para el Instituto Armado, los conceptos por los que facturaban los sindicatos eran "asesoramiento, cálculos actuariales o recogida de datos" que "deberían haber tenido cobertura" mediante el trabajo de las propias mediadoras de los ERE.
La Fiscalía Anticorrupción quería saber más y solicitó a la magistrada Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que indagara en los pagos realizados a las empresas "vinculadas" a los sindicatos por parte de las mediadoras y despachos "de asesores" intervinientes en la tramitación de las ayudas sociolaborales.
Alto cargo de la Diputación de Sevilla
La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, por orden de Alaya, también arrestó ayer a Enrique Rodríguez Contreras, exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla. Rodríguez Contreras, que era mano derecha de José Antonio Viera en la Consejería de Empleo, ejercía actualmente de director del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla. El presidente de este organismo, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, lo destituyó de sus funciones de modo inmediato.
“Rodríguez Contreras tendría una intervención esencial como perfecto conocedor del sistema opaco utilizado, para la consecución de otras ayudas a personas de su círculo próximo, las de su propio municipio (Las Navas de la Concepción). Por las investigaciones practicadas, podría ser responsable de haber prometido y facilitado importantes subvenciones excepcionales, las cuales finalmente se otorgaron de forma fraudulenta con cargo a la partida 31L, por decisiones influidas de intereses particulares”, indica el auto de Alaya.
El empresario José María Sayago, con estrecha vinculación con la trama de ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, también ha sido detenido. Sayago fue concejal de El Pedroso. En la Sociedad de Desarrollo Local de este municipio sevillano recibió, junto a José Enrique Rosendo, que fue vicepresidente de esta sociedad, ayudas de 29 millones de euros, según se refleja en uno de los autos de la juez Alaya. Rosendo y Sayago habrían recibido el 39% de las ayudas de empleo y 17 millones para capitalizar empresas sin trabajadores.
Dentro de esta segunda fase de la Operación Heracles, fue detenido Ángel Quesada, director del complejo de hoteles Don Pedro y Don Pablo de Torremolinos. En el Don Pedro hubo en 2004 un ERE gestionado por la aseguradora Vitalia -ahora Generali- por el que se prejubilaron 54 personas. Quesada es además vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (AEHCOS).
Enrique Castillo