En opinión de Ricardo Rodríguez, magistrado y doctor en Derecho, el ingreso de Manuel Marchena en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España no es solo un reconocimiento personal: es una afirmación institucional en defensa de la legalidad, la motivación judicial y los límites del poder. Foto: Confilegal
Frente a la banalización del Derecho, Marchena
Ricardo Rodríguez
CONFILEGAL / 17 / 04 / 2026
Hay nombramientos que honran a quien los recibe.
Y hay otros -los menos- que, además, refuerzan la institución que los concede.
El ingreso de Manuel Marchena Gómez como Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España pertenece, sin duda, a esta segunda categoría.
No es irrelevante el escenario. Nunca lo es en el mundo del Derecho.
La Real Academia no es un mero cenáculo honorífico, sino una de las más antiguas expresiones del pensamiento jurídico español, heredera de aquella tradición ilustrada que entendió -con acierto- que el Derecho no podía quedar al albur del poder, sino que debía ser objeto de estudio, depuración y sistematización permanente.
Desde entonces, su función ha sido clara: pensar el Derecho para preservarlo.
Tampoco lo es su sede.
El edificio madrileño que alberga la Academia -sobrio, institucional, ajeno a cualquier tentación ornamental- proyecta exactamente lo que debe proyectar: permanencia, seriedad y respeto por la norma.
Sus salones no están concebidos para el lucimiento, sino para la reflexión; no para el aplauso fácil, sino para el debate exigente.
En definitiva, un espacio coherente con la idea de que el Derecho es una construcción racional, no una herramienta coyuntural.
En ese contexto -y esto es lo relevante- se produce la incorporación de Manuel Marchena.
Uno de los juristas más influyentes de nuestro país
Conviene decirlo sin ambages: Marchena es uno de los juristas más influyentes de la España contemporánea.
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, su trayectoria ha estado marcada por una constante que no abunda: la coherencia.
Coherencia técnica, en la construcción de su jurisprudencia.
Y coherencia institucional, en la defensa de los límites que el propio Estado de Derecho impone al poder.
Pero reducir su aportación a una idea genérica de influencia sería injusto.
No se trata solo de presencia, sino de método.
La jurisprudencia de la Sala Segunda bajo su presidencia ha contribuido a fijar criterios estables en ámbitos especialmente sensibles -la valoración de la prueba, la motivación de las resoluciones, los delitos económicos o la responsabilidad penal de las personas jurídicas-.
Con ello ha consolidado una forma de razonar que rehúye tanto el automatismo como la improvisación.
En sus resoluciones hay técnica, sí, pero también hay sistema.
Y eso, en Derecho Penal, no es frecuente: es imprescindible.
No es circunstancial.
Doble fidelidad
En un tiempo en el que la presión sobre la función jurisdiccional se ha intensificado -en ocasiones de forma preocupante-, mantener esa doble fidelidad al Derecho y a la institución no es solo una virtud; es una exigencia.
Quien haya leído sus resoluciones lo sabe.
En ellas no hay concesiones a la retórica vacía ni al efectismo.
Hay técnica, hay sistema y, sobre todo, hay motivación.
Y la motivación -conviene recordarlo- no es un formalismo, sino una garantía constitucional.
Es la expresión más tangible de que el juez no decide arbitrariamente, sino que razona.
Ya en su anterior ingreso en otra corporación académica, Marchena dejó una idea que hoy resulta imprescindible.
La justicia no puede ser sustituida por algoritmos sin vaciarse de contenido.
La inteligencia artificial podrá asistir, podrá ordenar, podrá sugerir… pero nunca podrá juzgar.
Porque juzgar implica algo más que aplicar reglas: implica comprender, ponderar y decidir conforme a Derecho.
Esta afirmación no es una simple reflexión teórica.
Es una línea de defensa del Estado de Derecho.
Y es aquí donde el nombramiento adquiere toda su dimensión.
Las Reales Academias no están para distribuir reconocimientos, sino para custodiar principios.
Son, o deberían ser, espacios de resistencia frente a la banalización del Derecho.
Frente a su instrumentalización.
Y frente a la peligrosa deriva que lo convierte en un producto más de consumo político.
Por eso, no todos los nombramientos son iguales.
Un acierto indiscutible
En una época en la que la inflación de méritos amenaza con diluir el valor de las instituciones, la elección de Manuel Marchena como Académico de número constituye un acierto indiscutible.
No solo por su trayectoria, sino por lo que simboliza: una forma de entender el Derecho como límite, como garantía y como estructura de convivencia.
Frente a la tentación -cada vez más presente- de flexibilizar la norma en función de intereses coyunturales, Marchena representa justamente lo contrario.
La afirmación de que el Derecho no se adapta al poder, sino que lo contiene.
Y eso, en términos institucionales, no es menor.
Quienes hemos tenido ocasión de escucharle -en sala, en conferencias o en foros académicos- sabemos que esa forma de razonar no es impostada.
Responde a una concepción profundamente interiorizada del Derecho como límite y como responsabilidad.
No hay en ello artificio, sino convicción.
He asistido a suficientes actos jurídicos como para saber que el protocolo, la solemnidad y la escenografía pueden, en ocasiones, vaciar de contenido el mensaje.
Pero también -y esto es lo excepcional- hay momentos en los que forma y fondo se alinean.
En los que el lugar, la institución y la persona designada responden a una misma lógica de rigor y exigencia.
Este es uno de ellos.
Porque, en definitiva, el ingreso de Manuel Marchena en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación no es solo un reconocimiento personal -que lo es-.
Es una afirmación institucional que conviene subrayar.
La de que el Estado de Derecho sigue necesitando juristas que crean en él.
Juristas que razonen.
Juristas que motiven.
Juristas que resistan.
Y que, precisamente por ello, resultan hoy imprescindibles.
He dicho.
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