Ricardo Rodríguez, doctor en derecho y magistrado, explica cómo el Estrecho de Ormuz, eje estratégico del comercio global, ejemplifica históricamente que la soberanía solo existe cuando puede ejercerse con poder efectivo. Lo que no hizo el rey Felipe IV, permitiendo la pérdida de esa plaza vital.
Hay momentos en los que la historia no es pasado, sino diagnóstico. Y el Estrecho de Ormuz -hoy convertido en epicentro de tensiones globales- es uno de ellos. Porque lo que allí sucede no es nuevo. Ya ocurrió. Y, como tantas veces, no hemos aprendido nada.
Conviene empezar por decir que Ormuz fue español. O, con mayor precisión jurídica, formó parte de la Monarquía Hispánica tras la integración de la Corona de Portugal en 1580.
No era una posesión exótica ni una anomalía imperial: era un nudo esencial de un sistema jurídico-político que articulaba comercio, fiscalidad y control estratégico de rutas marítimas.
Pero esa realidad tiene un origen concreto. En 1515, Alfonso de Albuquerque incorporó Ormuz al sistema del Estado da India, consolidando un modelo de dominio basado en enclaves fortificados, control aduanero y supremacía naval.
No se trataba de ocupar territorios extensos, sino de dominar los puntos críticos del comercio global.
Ormuz era uno de ellos: una isla árida, dependiente del suministro de agua exterior, pero situada en la bisagra por la que transitaba la riqueza entre Persia, Arabia e India hacia Europa.
Desde entonces, la plaza operó como un auténtico dispositivo institucional: fortaleza permanente, administración fiscal, regulación del tráfico marítimo y presencia militar suficiente para garantizar el cumplimiento de ese orden.
Cuando en 1580 Felipe II asumió la Corona portuguesa, ese sistema no se alteró; se integró. Y con ello, la Monarquía Hispánica pasó a controlar una de las arterias económicas más decisivas del mundo conocido.
Durante décadas, ese modelo funcionó con una lógica impecable desde el punto de vista del poder efectivo: quien controlaba Ormuz controlaba el tráfico entre Asia y Europa.
Mapa del estrecho de Ormuz, sobre el que gira la columna de Ricardo Rodríguez.No hablamos de una simple fortaleza, sino de la aduana más rentable del imperio, la pieza clave de un entramado que garantizaba ingresos, presencia y autoridad en el Golfo Pérsico.
En esa época en la que se decía que en el Imperio Español no se ponía el sol, había otro dicho que lo resumía todo: «El mundo es un anillo y Ormuz es su piedra preciosa«.
Pero el derecho -también entonces- tenía un presupuesto ineludible: la capacidad de sostenerlo.
A comienzos del siglo XVII, ese equilibrio empezó a erosionarse. La presión del Imperio persa, bajo el sha Abbás I, coincidió con la irrupción de Inglaterra como potencia comercial en la región a través de la Compañía de las Indias Orientales.
Mientras la Monarquía Hispánica intentaba sostener múltiples frentes abiertos en Europa y en ultramar, sus adversarios operaban con una lógica más simple y más eficaz: golpear donde el sistema era vulnerable.
En 1622, la alianza anglo-persa ejecutó esa estrategia con precisión. Primero, ocuparon la isla de Qeshm, asegurando el control de los pozos de agua que abastecían Ormuz.
Después, bloquearon el acceso marítimo, hundieron embarcaciones y aislaron la plaza. Diez semanas bastaron para que una soberanía formalmente incuestionable se desmoronara por falta de medios materiales.
El cierre del estrecho representó para el Imperio español de Felipe IV, el nieto de Felipe II, un golpe devastador que combinó pérdidas económicas, humillación geopolítica y la ruptura de un delicado equilibrio diplomático.
Cuando España perdió el Estrecho de Ormuz, Quevedo perdió la paciencia y escribió su verso “El daño es pronto y el remedio tarde” al mal gobierno del rey.
No era literatura; era un diagnóstico institucional. Entre la crisis y la decisión, el aparato político de la Monarquía llegaba siempre tarde. Demasiado tarde.
Y ahí está la clave que trasciende el episodio histórico.
Por qué se perdió Ormuz
Porque Ormuz no se perdió por falta de legitimidad, ni por ausencia de títulos, ni por carencia de normas. Se perdió por algo mucho más prosaico y determinante: la incapacidad de garantizar, en tiempo y forma, el ejercicio efectivo de la soberanía.
Ese mismo patrón -con otros actores, otro lenguaje y una escenografía distinta – se reproduce hoy.
Se invoca el derecho internacional. La libertad de navegación. La seguridad colectiva.
Se multiplican las declaraciones, los marcos normativos, los compromisos multilaterales.
Pero la pregunta decisiva sigue siendo la misma que en 1622: ¿quién está en condiciones de hacer cumplir esas normas cuando dejan de ser convenientes?
La respuesta, si se analiza sin complacencia, es incómoda.
El derecho internacional contemporáneo opera, en demasiadas ocasiones, como una arquitectura declarativa sin garante efectivo.
Y cuando eso ocurre, deja de ordenar la realidad para convertirse en un repertorio de aspiraciones. Es decir, en retórica institucionalizada.
Porque el problema no es la ausencia de normas. Es la ausencia de estructuras capaces de ejecutarlas con rapidez, coherencia y continuidad.
La Monarquía Hispánica -con todas sus limitaciones- no incurría en ese autoengaño conceptual.
Sabía que la soberanía no es un atributo que se proclama, sino una potestad que se ejerce. Y que, cuando no puede ejercerse, deja de existir en términos reales.
Ormuz no es, por tanto, una curiosidad histórica ni un episodio remoto.
Es un patrón.
Un patrón que demuestra, ayer y hoy, que el derecho sin capacidad de imposición no ordena, no protege y no vincula.
Y que cuando las estructuras políticas no pueden reaccionar a tiempo, la soberanía no se discute: simplemente se pierde.
Eso fue Ormuz en 1622.
Y nada indica que hayamos aprendido lo suficiente como para que deje de serlo.
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