..si sus Señorías fallan conforme a lo que dicta el derecho (y la razón) habrán hecho un gran servicio a España, pues creo que eso sería el principio del fin de esta locura revisionista y fraudulenta en la que nos ha metido esta chusma malnacida y el principio también de la cicatrización definitiva de las heridas que con su maldad e irresponsabilidad han reabierto estos canallas.
La enorme responsabilidad histórica a la que se enfrenta mañana el Tribunal Supremo
Tomás García Madrid
Parece ser que mañana, martes 24, a las 10:00 se reúnen los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS), sala de lo Contencioso-Administrativo, para dictar sentencia sobre los diferentes recursos presentados por los nietos del General Franco y por otras instituciones (Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, FNFF y Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos) contra el infausto Real Decreto Ley (RDL) 10/2018 en el que se habilita la profanación de los restos mortales de Francisco Franco –RDL claramente inconstitucional en opinión de muchos y muy acreditados juristas y expertos en Derecho– y sobre las actuaciones administrativas posteriores de Gobierno en este asunto.
El TS no juzga la constitucionalidad o no del RDL, pues eso compete al Tribunal Constitucional (TC), que desgraciadamente no ha intervenido todavía en este atropello debido a que ninguna de las personas o grupos de personas legitimadas para hacerlo (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo o un grupo de al menos cincuenta diputados o senadores) han presentado recurso de inconstitucionalidad. En mi opinión, después de leer lo mucho que se ha escrito al respecto (no soy jurista), si un grupo de al menos 50 diputados y senadores del PP hubieran cumplido con su obligación frente a sus votantes, hubieran tenido un mínimo de responsabilidad histórica y de agallas y hubieran presentado en su momento un recurso de inconstitucionalidad contra ese RDL, el TC hubiera anulado este abuso y no estaríamos donde estamos; pero esa es otra historia, la historia de la cobardía y la insensatez del PP, que estoy convencido que el PP pagará, tarde o temprano, si es que no lo está pagando ya.
El TS es nuestro órgano judicial superior en todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo, laboral y militar) salvo lo ya indicado en cuanto a garantías y derechos constitucionales, que corresponde al TC (que, por cierto, es un órgano independiente del poder judicial, es decir, un órgano político, donde los magistrados son elegidos por los partidos políticos; una aberración). Las sentencias del TS no admiten recurso a ninguna instancia superior, pues no la hay, y son por tanto firmes y “definitivas” (termino no jurídico que ruego me disculpen los abogados), salvo que alguna de las partes encuentren razones para apelar al TC (y que este lo admita) y, por supuesto –aunque esto ya exceda del ámbito jurisdiccional español–, los recursos ante los tribunales europeos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo), instancias a las que confío y espero que recurran los afectados en el caso de que el TS dictara una incomprensible sentencia que no reconozca la evidente ilegalidad de todo el proceso iniciado por el abominable Sánchez Castejón.
Además, y en este caso este hecho me parece importantísimo, las sentencias del TS establecen jurisprudencia, es decir, que lo que decida el TS en este asunto tendrá una influencia determinante en todos los asuntos futuros relativos a la infausta Ley de Mentira Histórica (LMH) y todas sus consecuencias de venganza, revanchismo, ataque a la reputación y al honor de nuestros muertos y repugnante manipulación de la historia.
En definitiva, lo que decida el TS en los próximos días es de trascendencia capital no solo para la salvaguarda los derechos individuales de los que tenemos el honor de tener en nuestro árbol genealógico a gloriosos Caídos, o a honrados y leales servidores a España entre 1936 y 1975, sino que es de trascendencia capital para el futuro de España, pues es bien sabido que una nación (o un pueblo) que vive en la mentira, el rencor y el enfrentamiento es una nación enferma que, tarde o temprano, acaba muriendo.
Por no ser jurista no me atrevo a disertar por escrito sobre las múltiples y evidentes ilegalidades que, desde el mismo RDL, concurren en todo este proceso, y que ameritan, sin duda, que en una interpretación correcta y sensata de la Ley el TS de la razón a los que se oponen a este disparate y han presentado los recursos (uso de un RDL para un asunto que es obvio que no tiene carácter de urgencia ni de extrema necesidad; dictar una ley contra una sola persona, el general Franco, vistiéndolo engañosamente como que se dirige a todos los enterrados en el Valle que no sean “personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española”; asalto a un lugar sagrado, protegido frente a estas tropelías de los poderes públicos por los acuerdos en vigor entre el Estado español y la Santa Sede firmados en 1979; establecer en el propio RDL que los restos mortales del Generalísimo se re-inhumarían donde indique la familia, para después decidir arbitrariamente que lo sean en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo (Madrid), en contra de los deseos de la familia; impedir el acceso al expediente administrativo a las partes personadas; elaborar ridículos y escandalosos informes de parte –Delegación del Gobierno, i.e. ellos mismos– para intentar justificar lo injustificable, etc.), pero si me atrevo a decir que si los señores magistrados razonan en términos puramente legales, sin verse influidos por la ideología que tenga cada uno, emitirán un fallo unánime dando la razón a los recurrentes e impidiendo, por tanto, la iniquidad que supone la profanación de los restos del Caudillo.
Sin embargo, y es por lo que estoy escribiendo esto, al acercarse el momento del fallo han empezado a circular rumores en los medios de desinformación, con seguridad dirigidos y pagados por los que necesitan que la profanación se lleve a cabo, en el sentido de que entre los cinco magistrados existe un debate (no me atrevo a llamarlo disputa) por un lado los jueces más “progresistas” (quiere decir más liberticidas) que estarían a favor de la profanación, frente a los jueces más “conservadores” contrarios a ella. Y también se ha especulado con una sentencia “salomónica”, un escandaloso pasteleo inimaginable en un tribunal de esta categoría, que fallara a favor del Gobierno en cuanto a la exhumación pero en favor de la Familia en cuanto al lugar de la inhumación (la Cripta de la Catedral de la Almudena, en Madrid); en definitiva, rumores en el sentido de que la actuación de los ilustres magistrados que se ocupan de este asunto haya dejado de ser algo puramente legal, de interpretación de la Ley y el Derecho, para convertirse en un asunto político.
Espero y confío en que no sea el caso, porque si así fuera, y según lo que decidan los señores magistrados, pueden estar encendiendo una mecha que, con más o menos retardo, termine en una explosión de consecuencias imprevisibles.
Una parte de los españoles, muchos miles (si no millones), llevamos años “haciendo de tripas corazón” y aguantando, por el bien de España y por la concordia entre los españoles, humillaciones, abusos y vejaciones de todo tipo contra nuestra Historia y contra los que primero salvaron a España de la destrucción entre 1936 y 1939 y después hicieron de ella una nación Unida, Grande y Libre, que se encontraba (ya no lo está) entre las primeras del mundo. Y no solo hemos aguantado las injurias y ofensas contra los nuestros, sino que hemos permitido, con gran dolor de corazón, que se hagan homenajes a los criminales, falseando la historia y presentándoles como grandes “demócratas” (sic) y defensores de la libertad; hemos soportado (y seguimos soportando) que –por poner un ejemplo– los bustos en piedra de dos malhechores como Largo Caballero y Prieto ocupen un lugar destacado en el Paseo de la Castellana, a pocos metros de donde, con nocturnidad y alevosía se retiró la estatua ecuestre del Generalísimo; hemos tragado con que a un genocida como Santiago Carrillo se le presente como a una prohombre de la historia reciente de España; hemos permitido que se quite el nombre de José Calvo Sotelo a un colegio público y que a otro se le ponga “Pasionaria”, que a nuestros hijos les intoxiquen con una pseudo-historia de España, pura invención, donde los buenos se convierten en malos y los malos en buenos, … y tantas cosas que llenarían no un artículo sino cientos de páginas de un periódico, hasta una enciclopedia.
Todos tenemos un límite. Hasta la persona más pacífica, más capaz de controlar sus impulsos, llega un momento, cuando se ve acorralado y vapuleado hasta el límite de su aguante, que reacciona, y esa reacción suele ser imprevisible, incontrolable y –generalmente– violenta.
Señores magistrados, por el bien de España: limítense a interpretar y aplicar la Ley, pero si –desgraciadamente– deciden que en su deliberación y en su fallo intervengan criterios no puramente objetivos y legales, tengan visión de Estado y sean muy conscientes de las consecuencias que para la sociedad española tendría una sentencia que diera cobertura legal a lo que, lo mires por donde lo mires, es un intento de dar definitivamente la puntilla a media España. En sentido contrario, si sus Señorías fallan conforme a lo que dicta el derecho (y la razón) habrán hecho un gran servicio a España, pues creo que eso sería el principio del fin de esta locura revisionista y fraudulenta en la que nos ha metido esta chusma malnacida y el principio también de la cicatrización definitiva de las heridas que con su maldad e irresponsabilidad han reabierto estos canallas.
Que Dios les ilumine en su decisión. Si aciertan, Él se lo premiará; si se equivocan, Él, el pueblo español y la Historia se lo demandarán.
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