Peor que Venezuela. Pucherazo Judicial ó Golpe de Estado. Ha llegado el momento /

Peor que Venezuela. Pucherazo Judicial

 ó Golpe de Estado. Ha llegado el momento

Coronel Manrique

El Correo de Madrid • 2019-10-06 

La sentencia del Supremo sobre la exhumación de Franco, que recoge punto por punto las pretensiones del Gobierno, quebranta con un viciado de origen Real Decreto-Ley de modificación de la Ley 52/2007 los artículos 86 y 14 de la Constitución Española -CE- (RDL 10/2018: falta la extraordinaria y urgente necesidad, y la igualdad ante la ley, al ser una disposición de carácter singular ó de caso único -solo busca desenterrar al Generalísimo Franco-). Además, y como dice la abogacía de la familia Franco, no solamente son nulos los dos acuerdos del Consejo de Ministros (de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019, “complementario” del anterior), sino que la propia Ley 52/2007 conculca de manera manifiesta, los Artº 1.1 (Estado de derecho) y 9.3 (principio de legalidad) del Título Preliminar, así como los 10.1 (respeto a la ley y a los derechos de los demás), 16 (libertad religiosa y de culto) y 24 de la CE (acceso a la Justicia y tutela judicial efectiva) de la CE.

En el plano internacional también se han transgredido los Acuerdos Iglesia Estado de 1979 y los derechos fundamentales protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos -CEDH-: Artº 8 (derecho al respeto y a la vida privada y familiar), 9 (libertad de religión), 14 (prohibición de discriminación) y 17 (abuso de derecho).

A lo anterior hay que sumar el quebrantamiento tanto el Código Civil como el Penal (tres profanaciones, de iglesia, penalizada en el Artº 524 del Código Penal -CP-, y de tumba y cadáver, Artº 526; más robo con fuerza en las cosas, Artº 237); y las conexas Ley 49/1978 (Artº 2.1: los ritos funerarios se practicarán de conformidad con lo que la familia determine), Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ 6/1985- (injerencia en un proceso de otro órgano judicial, como es el caso del que instruye la licencia de obras de levantamiento de la sepultura).

Por último, el Tribunal Supremo quebranta el Artº. 71.2º de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dado que los jueces de lo C-A no pueden determinar o redactar el contenido de un acto administrativo, es decir, no pueden decir en qué cementerio sí o en qué cementerio no, que es lo que han hecho al avalar de forma implícita el lugar propuesto por el Gobierno y rechazar la propuesta de la familia.

La sentencia, para más Inri, se ha difundido oficiosamente a los medios de comunicación social antes que a las partes procesales, haciéndose incluso alarde de ella hasta en la ONU, además de hacerse coincidir con la nueva campaña electoral. E incluso parece que han quedado sin anular las medidas cautelares previas, por lo que todas sentencias que conciernen a los cuatro recursos interpuestos (familia Franco, Fundación Francisco Franco -FFF-, Abadía del Valle de los Caídos y Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, estas tres últimas aun no comunicadas) tendrán que esperar para que sean firmes.

 División de Poderes.

Por supuesto, se ha vulnerado el Artº 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (“una sociedad en la que no existe división de poderes, no tiene Constitución”). Aunque, y desgraciadamente, no es ninguna novedad, dado que ya el Sr. Alfonso Guerra anunció “la muerte de Montesquieu” (1985).  También lo demuestran anteriores casos sentenciados por el Tribunal Supremo, como los de la previa expropiación de Rumasa (1983) o el de la Librería Blanquerna (2013-17), en el que se elevó la condena de la Audiencia de Madrid de uno a cuatro años de cárcel por la agravante de odio contra la ideología separatista catalana, mientras que esa misma agravante no se aplica a los separatistas en el caso de odio a España.

Estamos ante un aterrador “pucherazo” judicial similar al de las pasadas elecciones: Sánchez-Tezanos fijaron los resultados y el sistema obedeció al pié de la letra. En este caso Sánchez-Gobierno dijeron lo que querían hacer con los restos del Jefe del Estado y el Tribunal Supremo ha hecho exactamente lo pedido. Estamos peor que en Venezuela y lo palparemos pronto.

¿Explicación?

Alguien comentaba muy oportunamente que sin duda hay una historia oculta en esta sentencia, dado que unos días antes se decía que los miembros de la Sala C-A del Tribunal Supremo no se ponían de acuerdo, y dos días después resolvían por unanimidad, preguntándose si no tendría algo que ver con lo que contaba la Ministro de “Justicia” acerca de lo que ella presenció en Cartagena de Indias (jueces españoles con menores en Colombia). Puede, pero, sin descartarlo, solo hay que partir de premisas históricas y de hemerotecas recientes para ver la mano de la(s) masonería(s) en ello.

Expertos masones, como el jesuita Ferrer Benimelli (H.·. Danubio Azul: “más de 1.000 jueces masones en 1882”), y no masones, nos explican el poder de las sociedades secretas en la(s) España(s) del siglo XIX y XX, y en internet podemos constatar que muchos jueces y ministros de justica españoles son masones (por no hablar de otros ministerios). Todo el mundo puede poner en su navegador las palabras adecuadas y constatar la pertenencia a la secta de los siguientes, al menos:

Fernando Ledesma, socialista, Ministro de Justicia de 1982 a 1988 y miembro de Tribunal Supremo, quien reveló públicamente su pertenencia a la masonería y también la de uno de sus hermanos, el propio Pascual Sala, Presidente del Tribunal Supremo (1990-1996) y del Tribunal Constitucional (2011-2013).

Francisco Caamaño Domínguez, miembro del PSOE y Ministro de Justicia entre 2009/11 (pertenece a la Gran Logia de España, según la revista “Fénix, Journal masónico del Perú para América y el Mundo”).

Carmelo Ordóñez, juez de lo mercantil en Ciudad Real (el de la sentencia del aeropuerto).

En resumen, el Ministerio de Justicia ha sido, durante los gobiernos socialistas, un feudo masónico. Aunque el PSOE no agota el tema de la pertenencia de jueces y cargos del Ministerio de Justicia a la masonería: a mí mismo me dijo Ricardo de la Cierva que Gallardón -PP- era masón (tenía su ficha masónica) y de Pío Cabanillas -UCD- se ha escrito que lo fue.

¿Son masones los inolvidables miembros de la Sala C-A?

Imposible saberlo ahora; pero no es descartable, aunque el propuesto por el PP sea del Opus, puesto que en todas partes cuecen habas y, por ejemplo, el opusino Rafael Larreina comparte su militancia religiosa con pertenecer al partido independentista vasco Eusko Alkartasuna.

La “iglesia” (con minúscula)

La postura de las jerarquías eclesiásticas española y romana, parte de nuestra queridísima e infiltrada Iglesia, tan directamente implicadas en el asunto, es aparentemente inexplicable. Como dice Pío Moa, “la profanación planeada de la tumba sería un paso más para ilegitimar a la monarquía (instaurada por Franco) y humillar a la Iglesia (salvada del exterminio por Franco)”, cuya Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos sería “resignifica”, lo que muy probablemente equivale volar la cruz más alta del mundo, como piden Podemos, Izquierda Unida y otros partidos `democráticos´.

Ante tamaña sin razón, a mí me viene inmediatamente a la memoria las fotos oficiales de la entrada y salida de la visita que, hace un año, hizo la Vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo al Secretario de Estado Monseñor Parolín, el insólito invitado oficial a la última “tenida blanca” de Bilderberg: en ambas imágenes se ve el ocultamiento de la cruz pectoral y unos claros saludos masónicos que enlazan con el punto anterior.

Recordemos que las “fraternidades masónicas” son las formadas, a modo de logias (no lo son en sentido estricto), por `hermanos´ (frater en latín) o masones de una misma profesión u `ocupación´, de cualquier Obediencia y Rito, de la misma o diferente nación; es decir, en lenguaje militar, son una especie de “agrupamientos tácticos” para un fin determinado, como las de jueces y policías que explican en gran medida oscuros sucesos del pasado en cualquier parte del mundo.

La injerencia internacional.

Un año antes de la Ley de Memoria Histórica, en marzo de 2006, el Consejo de Europa adoptó una resolución condenando el franquismo e instando al Gobierno Español a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle.

En 2014 Pablo de Greiff (colombiano descendiente del famoso poeta judío de origen sueco León de Greiff), relator del Grupo de Trabajo de la ONU sobre “desapariciones forzadas o involuntarias de personas”, reprochó al Estado Español no investigar ni enjuiciar los “graves” crímenes de la Guerra Civil y “la dictadura”, y lamentó la “inmensa distancia”existente entre las autoridades españolas y las víctimas del franquismo, aludiendo, además, `la ambigüedad´ a la hora de enseñar la guerra civil y la dictadura en los colegios; pidiendo, por último, la reforma del Valle de los Caídos “tal y como exigen y merecen las víctimas”. Uno de los miembros del grupo de trabajo era Ariel Dulitzky, casualmente “descendiente de gauchos judíos”.

Después de todo lo dicho hasta ahora a mí me parece que el Presidente Sánchez no fue a la ONU a hablar del tiempo, perdón, del cambio climático, sino, precisamente, a dar públicas novedades de haber cumplido uno de los mandatos impuestos por los que le auparon al poder por medio de un golpe de estado trasvestido de moción de censura. 

Trascendencia

Me complace citar de nuevo a Pío Moa: «la infamia de un Tribunal Supremo que representa todo lo contrario de la justicia y la independencia, avalando la profanación de una tumba, y precisamente la del estadista mayor que ha tenido España en siglos … dicen algunos que la profanación de la tumba de Franco solo le interesa electoralmente “al Doctor” (Sánchez). Al revés, carece de importancia electoral. La tiene, e inmensa, política, histórica y simbólica. Por eso la Iglesia, y la monarquía se hacen los locos. … (Sobre ofender a la mitad de los españoles) se trata de una sentencia puramente política, que ataca la raíz de la democracia, la monarquía (instituida por Franco y que impuso su enterramiento en El Valle) y la unidad nacional decididas en referéndum de 1976, y también en la Constitución».

Todas las instituciones han quedado mortalmente tocadas. Y de nuevo la memoria me trae a primer plano el “defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” recogidos en el Artº 8 del Título Preliminar de la CE como misión de los Ejércitos. Ya sabemos que aparentemente el secesionismo catalán no preocupa a los mandos supremos militares y mucho me temo que el ordenamiento constitucional y la suerte de la monarquía tampoco. 

Conclusión.

Se ha traspasado el punto de no retorno y se ha dado la puntilla al régimen liberal del 78 (y no es que nos duela esa muerte sino su sustitución por otro peor y la desaparición de España en ese tránsito): se acabó palmariamente la legalidad (el tan cacareado estado de derecho, incluso con ruptura del tratado internacional con la Santa Sede, con consentimiento de ella o nó) y la democracia (independencia del poder judicial, respeto a la libertad y a la propiedad de la familia). Por supuesto también el régimen en sí mismo, pues se reniega de su origen (la transición desde el anterior), con la primera derivada que es el fin de la monarquía.

No podemos dejar en las solas manos de la familia y el prior todo el peso de oposición a tamaña profanación y ataque a España, que es el objetivo buscado ahora, en coordinación con el separatismo catalán, y al que seguirán la anunciada desacralización de la abadía y el derribo de la cruz.

Antes de que se ejecute la sentencia por la fuerza, algunos, pocos o muchos, deberemos oponernos con algo más que palabras (desde asistencia a Misas en El Valle, a, al menos, manifestaciones y barreras humanas).

Si falla la justicia, solo queda la vía de los hechos. Además, estamos en periodo electoral y las acciones tienen un rendimiento extra.

He dicho, tómeseme la palabra y cuéntese conmigo.