Los toros son tradición, historia, economía, ecología, emoción, vida y arte, por eso pertenecen al Ministerio de Cultura. Están protegidos por la Constitución y, más allá de malas intenciones partidistas, necesitan del mismo apoyo institucional que el resto de actividades culturales, tanto en cuanto a obligaciones como a derechos se refiere. No hacerlo sería, entre otras cosas, un delito.
Silencio administrativo absoluto
Carlos Bueno
Avance taurino /16 Abril 2020
El Covid-19 nos mata y nos cambia la forma de vivir y nuestras costumbres. Con casi dos millones de contagiados y más de 100.000 fallecidos en el mundo, este maldito coronavirus se ha convertido en la peor pandemia desde la erradicación de la llamada “gripe española” hace justo un siglo. Siempre las muertes son lo peor. Pero el mundo seguirá adelante a pesar de las irreparables defunciones y de una economía global que quedará más que maltrecha. Seguirá de manera diferente, con incertidumbre laboral y también festiva. Quizá haya tradiciones que tendrán que readaptarse a un nuevo escenario social si quieren seguir perdurando y, con total seguridad, la tauromaquia será una de ellas.
La primera feria taurina en ser suspendida fue la de Fallas, un ciclo que cada año genera un impacto económico en Valencia de unos 14 millones de euros. Al tiempo se paralizó La Magdalena, que dejó de influir en el ingreso de cinco millones en la ciudad de Castellón. Luego fue el turno del ciclo abrileño, que causó una merma monetaria superior a los 17 millones de euros en Sevilla. Pronto San Isidro sacrificará más de 60 millones en Madrid y San Fermín más de 26 en Pamplona.
La huella económica que dejan los toros es muy profunda. Solamente en España el impacto anual se estima que es de 3.550 millones. Además se recaudan 139 millones en concepto de IVA y proporcionan 200.000 puestos de trabajo. Este año todas estas cifras se irán al traste.
Todavía no se sabe cuándo volveremos a tener una vida mínimamente normal -y mucho menos cuándo podrán organizarse festejos taurinos de nuevo- y las pérdidas ya se cuentan por millones.
Desde que el 10 de marzo, el Gobierno decidiera suspender las ferias de Fallas y Magdalena, el Covid-19 ha dado la puntilla a 90 festejos taurinos. Es difícil calcular cuánto han dejado de ingresar los matadores, los empresarios y los apoderados. Las cuadrillas han perdido ya casi dos millones de euros. Además está el infortunio que soportan las cuadras de picar, transportistas, vaqueros, veterinarios, nutricionistas, personal de plaza… y la especial tragedia que viven los ganaderos, muchos de los cuales ya han mandado un buen número de sus reses al matadero.
En cuanto a los festejos populares, sólo en Valencia ya han sido aplazados o suspendidos casi 1.000 actos en más de 65 municipios. En definitiva, se trata de un verdadero drama profesional, económico y personal que tiene que ser escuchado y resuelto por nuestros dirigentes. De momento, la esfera taurina ha enviado distintas cartas al Ministerio y también a las Secretarías de Empleo y Seguridad Social para que sus reivindicaciones sean tenidas en cuenta. A pesar de todo, hay quien detesta tanto al mundo de los toros que prefiere la ruina de sus congéneres y la muerte de medio millón de animales bravos que ayudar al sector. Ahí está el ejemplo del senador de Compromís Carles Mulet, que presentó una iniciativa para exigir que no se apliquen beneficios fiscales a la tauromaquia. Un caso fragante de prevaricación que sólo se explica desde el partidismo más dictatorial, injusto, tendencioso, inmoral y detestable.
Pero, con independencia de las actitudes de ciertos seres abominables que pueblan nuestra fauna política, los profesionales taurinos han planteado al Ministerio de Cultura una batería de 15 medidas de “rescate” orientadas a lidiar con la crisis del coronavirus, entre ellas una reducción del IVA cultural del 10% al 4%, la renegociación de los contratos de alquiler de plazas de toros de titularidad pública, la revisión de los criterios de cotización de los profesionales taurinos, el impulso de líneas de financiación ICO para aquellas empresas afectadas por la suspensión de espectáculos ya anunciados, la exención del IBI y del Impuesto de Actividades Económicas, la reestructuración de gastos asumiendo la Administración Pública la cobertura sanitaria y veterinaria en festejos taurinos, la aprobación de prestaciones específicas para los profesionales taurinos dado que no pueden acogerse a ningún tipo de prestación por cese de actividad o desempleo, la aprobación de indemnizaciones específicas para aquellos profesionales taurinos cuyos contratos no pudieron ejecutarse, o la dotación de fondos estatales para favorecer la organización de novilladas entre otras peticiones.
Los toros son tradición, historia, economía, ecología, emoción, vida y arte, por eso pertenecen al Ministerio de Cultura. Están protegidos por nuestra Constitución y, más allá de malas intenciones partidistas, deben tenerse en cuenta en la misma medida que el resto de actividades culturales, tanto en cuanto a obligaciones como a derechos se refiere. No hacerlo sería, entre otras cosas, un delito. El Covid-19 nos mata y nos cambia la forma de vivir y nuestras costumbres. La tauromaquia se readaptará a las circunstancias, seguro, pero necesitará de un apoyo institucional que se ajuste a la ley y sea proporcional a cuanto genera. Por el momento, desde el Gobierno no hay ningún tipo de medidas económicas sectoriales que hagan referencia a los toros. Silencio administrativo absoluto. Por el momento, mal asunto.
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