Los nietos de los emigrantes no son españoles / por Irene González

'..Si los exiliados políticos y sus hijos no han vuelto a España en 50 años de democracia ya no son exiliados, no pueden tener esa categoría y desde luego no tienen derecho, ni nosotros obligación de resarcir a quienes eligieron por interés quedarse fuera..'

Los nietos de los emigrantes no son españoles

Esto es un reemplazo poblacional, es ingeniería electoral como bien dice Feijóo ahora, tarde.

Irene González

Lo que se ha venido a llamar ‘ley de nietos’ es el último puñal al corazón del español expoliado, el fin de una España democrática viable, un último tango sobre la tumba del pueblo español, al que el PSOE no perdona que no votemos en masa a quien nos desprecia.

Es necesario empezar por aclarar cuestiones de fondo que, por vileza o falta de capacidad, quedan apartadas y silenciadas en la arena política y mediática. Todo el asunto del debate oficial está mal enfocado, pues se centra en resarcir a los descendientes de exiliados españoles tras la guerra civil otorgándoles la nacionalidad española de origen y por tanto el derecho a votar en un país en el que no viven ni probablemente hayan pisado. El PP, y Feijóo en particular, defendió este derecho creado por el PSOE para que la izquierda no les llamase franquistas. Asumió la ley de ruptura de la Memoria Histórica con Rajoy y hoy, tres años después, su denuncia se centra en el desarrollo a través de una Instrucción de la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, que amplía hasta el paroxismo los supuestos al otorgar la nacionalidad a cualquier descendiente de emigrante por el motivo que fuese e incluso antes del inicio de la guerra civil, hasta 2,5 millones de personas que han solicitado la nacionalidad española.

En primer lugar, los nietos de emigrantes españoles que no han retornado, no son españoles. Si los exiliados políticos y sus hijos no han vuelto a España en 50 años de democracia ya no son exiliados, no pueden tener esa categoría y desde luego no tienen derecho, ni nosotros obligación de resarcir a quienes eligieron por interés quedarse fuera. Y en el caso en el que se quiera mantener esa ficción de exiliado décadas después, como acordaron el PSOE y el PP, no puede ser que la nacionalidad española ni el voto sean una moneda de pago, pues representan la identidad del español y la poca libertad que tenemos aún como ciudadanos españoles de decidir nuestro futuro. Es inmoral y lunático que pueda tener derecho de voto, que decida los impuestos que pagan quienes viven en España los que no viven aquí ni son españoles temporalmente fuera huyendo de este infierno socialista globalista. El caso del emigrante que se fue por causas económicas e hizo su vida allí, sus nietos no son españoles. La nacionalidad es un privilegio que puede perderse y ha de ser así en la tercera generación. En el caso del derecho de voto, ha de acabar en la persona que salió de España, jamás puede transmitirse a los descendientes que no volvieron. Quienes se largaron no contribuyeron a que España saliese adelante, quienes se mantuvieron durante generaciones fuera no han aportado nada, somos lo que somos sin que ellos hayan participado. ¿Derecho de resarcimiento de qué?

El proyecto de Zapatero

El proyecto político de Zapatero siempre tuvo como fin perpetuar en el poder al PSOE y resto de anti-España para asentar un régimen de expolio e impunidad, para lo que había que sacar de la dirección del Estado al que era el único partido de la derecha española, o al menos se percibía así hasta la llegada de Rajoy por falta de otras opciones. Ese proyecto de Zapatero y sus amos se vertebró alrededor de la ley de ruptura de España con su pasado y la verdad, la Ley de Memoria Histórica. Toda voz de resistencia a no desaparecer entre la vileza y la mentira fue tachada de fascista. En esta segunda fase, una vez que el PP ya se avino a la retórica de aceptar expulsar a la derecha del espacio público en nombre de la democracia, ahora bajo Pedro Sánchez y su escudero Bolaños, a quienes expulsan no es a unos partidos políticos, sino directamente a los votantes españoles, al pueblo español del ejercicio de la libertad política en una democracia de decidir el futuro del país en el que viven y pagan impuestos.

Esto es un reemplazo poblacional, es ingeniería electoral como bien dice Feijóo ahora, tarde. Los medios de izquierdas y centristas que él tanto venera le acusan de trumpista, que en lenguaje izquierdista es como llaman ellos a los “golpistas”, sólo por poner en duda la limpieza de las elecciones con millones de votos emitidos desde el régimen castrista en Cuba o afirmar que esto es ingeniería electoral, un fraude. La izquierda está en lo mismo de siempre, robar elecciones y acusar al robado de golpista para mantenerlo fuera de la legalidad que el criminal dicta. Pura república, puro 1936.

Claro que la ‘ley de nietos’ es un fraude, un robo, un expolio de lo más profundo de la identidad y del ser español, el derecho en exclusiva de decidir nuestro futuro colectivo como comunidad. No les es suficiente con habernos arrebatado la prosperidad, que ahora quieren quitarnos lo único que nos queda, un reducto de libertad política para votar en una exigüe democracia que legitime el gobierno de quien nos roba y desprecia. Éste es el enorme fraude que ahora niegan todos los necios mediáticos, el gran robo de los políticos españoles de nuestro derecho exclusivo a decidir nuestro futuro, nuestro destino como país, como pueblo. No quieren dejarnos ni siquiera lo poco que decide el voto en esta democracia antiespañola, hasta eso quieren dárselo a los de fuera, que decida sobre nosotros millones de personas que no son españolas y que no les afectarán las decisiones del Gobierno que ellos elijan. Se acepta con normalidad que vote un argentino con un abuelo español mientras te defienden que un valenciano en cuanto se empadrona en Madrid ya no vota en Valencia.

Un robo, una humillación

Sí, es un fraude, un robo una humillación, una injusticia y sí es inmoral. Una cuestión que hace saltar por los aires sin vuelta atrás cualquier reducto de democracia. No por poner en una norma que es legal el robo deja de ser un robo, al igual que no por poner en la Constitución el aborto deja de morir un bebé, ni un hombre es una mujer aunque se autodetermine como tal los días pares.

Esto son medidas políticas extraordinarias fuera de la normalidad democrática y no pueden solucionarse por los cauces jurídicos previstos para cuestiones ordinarias. Esto el PSOE lo sabe, y esto han de entenderlo aquellos que no estén dispuestos a certificar el fin de la libertad del pueblo español a decidir en exclusiva su futuro.

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