Venezuela: La defensoría del pueblo a cornadas con la Fiesta / Por Rubén Darío Villafraz

Poco vale que sea considerado un espectáculo para el Ministerio Popular para el Turismo ente generador de servicios turísticos… Para la Defensoría del Pueblo su meta es eliminar la fiesta brava. Foto: EFE

La Defensoría del Pueblo mediante Proyecto de Ordenanza a consulta

Ahora solicita apoyo de Cámara Municipales del país

RUBÉN DARÍO VILLAFRAZ

@rubenvillafraz

Sin duda alguna la Defensoría del Pueblo no descansa ni desmaya en hacer cumplir el arbitrario designio de atacar la fiesta brava. En este caso, tras los engorrosos y poco practicas maneras de actuar en las recientes ferias venezolanas, en especial la recién finalizada Feria de Tovar, el que este ente se avoque a limitar la entrada o practica del toreo a menores de edad mediante la elaboración de un Proyecto de Ordenanza a consulta en las distintas Cámaras Municipales del país, con el firme propósito aparte de no permitir la asistencia de niños y adolescentes a las plazas de toros, el que así mismo no se autorice la realización de festejos taurinos de ninguna índole.

En tal sentido el abogado Rafael Escalona, cabeza visible de la Plataforma Taurina Nacional hace llegar a esta redacción lo que es el mencionado documento –el cual se puede leer totalmente en el blog ruben-villafraz.blogspot.com, el cual ya ha sido enviado a los mas de trescientos treinta y tres municipios venezolanos, con especial énfasis aquellos con profundas raíces taurinas.

La estrategia de parte de la máxima representante de la Defensoría de Pueblo, en la persona de la Dra. María Gabriela Ramírez, tal y como explica Rafael Escalona es maquiavélica en su contexto, «en virtud del poder público municipal ser un ente autónomo, y al ser un poder del estado venezolano, y su funcionamiento estar regulado por la Ley del Poder Público Municipal que establece taxativamente que las ordenanzas (que son la leyes municipales) solo son elaboradas y aprobadas por los Concejos Municipales de los municipios, y la Defensoría del Pueblo, a pesar que es otro de los entes del Poder Público Nacional, no poder elaborar esas ordenanzas, el que, en aras de alcanzar “eliminar” la fiesta de los toros en Venezuela, esté enviando a cada uno de los Concejos Municipales de la República Bolivariana de Venezuela, comunicación, con la finalidad de "exhortar" (ojo no mandar) -ya que la Defensoría del Pueblo no manda a los Concejos Municipales-, a que aprueben dicho Proyecto de Ordenanza que han elaborado, y así salirse la Defensoría del Pueblo del problema que enfrenta con los taurinos venezolanos actualmente en cada cita ferial».

Ante tal panorama se plantea –para Rafael Escalona- dos puntos de vistas a los cuales atenerse de proceder esta nueva visión “antitaurina” por parte de la Defensoría del Pueblo: el jurídico y el político, tal y como explica el propio Escalona.

«El jurídico: Que los taurinos tengamos -de darse el caso que un concejo municipal apruebe esa ordenanza- recurrir a demandar la nulidad de esa ordenanza ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por violatoria de los derechos y garantías constitucionales que nos asisten a quienes nos gusta la fiesta de los toros; aunado a la violación de derechos y garantías constitucionales de los niños niñas y adolescentes de que sus padres regulen su desarrollo físico y emocional a un distracción sana (entre muchísimas otras cosas que podemos alegar jurídicamente).

El político: En Venezuela vamos a vivir un proceso electoral para el venidero 8 de diciembre, y muy probablemente el panorama político municipal puede cambiar. Es decir que la mayoría de las 333 Alcaldías y Concejos Municipales de Venezuela pase a manos democráticas, que no acojan ese exhorto de la Defensoría del Pueblo, como un precepto de lealtad, obediencia e insubordinación que se ha hecho una rutina entre los diferentes poderes del estado venezolano en la actualidad. Es decir, es potestativo -por la autonomía de carácter constitucional-, de un Concejo Municipal si acepta o no el exhorto de la Defensoría del Pueblo».

Distintos entes taurinos como la Plataforma Taurina, Comisión Taurina de Mérida y San Cristóbal, así como la propia Cámara Municipal de Girardot, en Maracay, han rechazado tajantemente este proceder, y desde ya han enfilado estrategias concretas para con un ente que se ha dedicado a nimiedades irrelevantes en los últimos meses como esta, a otras más propias de su cometido, el cual han abandonado en aras de hacerse notorios.