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Pepe Bienvenida / La suerte suprema

domingo, 11 de marzo de 2018

«Legislar sobre la Historia es un signo de totalitarismo antidemocrático y liberticida»



Varios centenares de españoles, encabezados por los intelectuales Stanley Payne y Juan Velarde, han firmado un manifiesto en «defensa de la libertad», que califica la Ley de Memoria Histórica como una «manipulación política partidista»

«Legislar sobre la Historia es un signo de totalitarismo antidemocrático y liberticida»

La Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 y su reforma propuesta por el PSOE han generado una gran polémica en el mundo de la cultura. Un grupo formado varios centenares de españoles, encabezados por los intelectuales Stanley Payne y Juan Velarde, han firmado un manifiesto en defensa de la Historia y la libertad. Reproducimos, a continuación, el texto íntegro del documento:

"No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley  la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida".

Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante "historicidio" desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.

Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria Ley de Memoria Histórica, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España.

Con la implantación de una "Comisión de la Verdad", amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la 'verdad única', la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no 'gratos', y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.  

Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu. 

El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza y la violencia del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con el nazismo y con otros regímenes similares, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica. 

Estamos ante una ley de tipo sovietizante que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.

Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos. 

Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.

Los hechos históricos y los estudios e investigaciones de los mismos, deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un Estado democrático.

Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.»

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