"...Fue suspendida la semana pasada, la Feria Patronal Taurina de Valencia, Estado Carabobo y ahora, se recibe un nuevo zarpazo letal, con la suspensión de la corrida de toros organizada por el XIII Aniversario de creación del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) que se daría en la Plaza de Toros de San Cristóbal, Estado Táchira y los taurinos venezolanos, como si nada hubiese pasado, todos callados, tapados, en un silencio sepulcral..."
SILENCIO SEPULCRAL
Venezuela
Ni modo, es un hecho, no es la primera vez que lo digo y escribo. La Fiesta Brava en Venezuela no tiene dolientes por ningún lado.
Fue suspendida la semana pasada, la Feria Patronal Taurina de Valencia, Estado Carabobo y ahora, se recibe un nuevo zarpazo letal, con la suspensión de la corrida de toros organizada por el XIII Aniversario de creación del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) que se daría en la Plaza de Toros de San Cristóbal, Estado Táchira y los taurinos venezolanos, como si nada hubiese pasado, todos callados, tapados, en un silencio sepulcral.
Lo que ha sucedido con el ciclo taurino de la Feria del Socorro de Valencia en el Estado Carabobo, indistintamente, sea cual fuesen las causas y razones de la suspensión, que de paso no conocemos a ciencia cierta, porque nadie de los involucrados, han dado la cara al respecto, ha caído en un verdadero secreto de confesión, en un frío y tétrico, silencio sepulcral, que desquebraja nuestra Fiesta Brava.
Tal es, el silencio sepulcral, que ni pío han dicho, los gremios taurinos que tienen vida en Venezuela, entre ellos, los que agrupan a los matadores de toros y novilleros, subalternos y picadores, ni la Asociación de Comunicadores Taurinos, ni la de los ganaderos de lidia, bueno ni siquiera, los matadores de toros venezolanos, los más perjudicados, que actuarían en las cuatro corridas de toros de la feria valenciana y en la corrida sancristoblense; solo a duras penas, se han pronunciado, uno que otro periodista, cronista, comentarista taurino y más ná, silencio total.
Alguien por allí me dijo tranquilo nos vamos para la Feria de La Chinita, allá matamos la gana de toros pero no es tan simple la cuestión. Lo de Valencia, aunque quieran taparlo con un dedo, con un silencio sepulcral, es de pensarlo y reflexionarlo muy bien, porque ello traerá cola para las futuras Ferias Taurinas Venezolanas, no exagero, ni pretendo ser pájaro de mal agüero, a las pruebas me remito.
Lo de Valencia, ha sido un fuerte toque de diana, un aviso directo, preciso y conciso y en sus efectos, las cosas empresariales de las futuras ferias taurinas venezolanas, tendrán que ser sopesadas muy bien, arroparse hasta donde la cobija alcance, no darse ínfulas de grandeza donde no la hay ni se necesita que las haya, una realidad tan verdadera, como que el sol sale cada día.
Venezuela tiene ganaderías, novilleros, matadores de toros, escuelas taurinas, entonces, consumamos lo nuestro primero, segundo tercero, cuarto e indefinidamente lo nuestro, el resto viene dado sobre la base sopesada, ante la dura coyuntura socio, política, económica que se vive en el país; se ha llegado al llegadero, hay que pensársela bien, con la cabeza bien puesta sobre los hombros, ya que no podemos nosotros mismos, incluidos todos en general, apoyados solapadamente por nuestros adversarios, ser los sepultureros de nuestra Fiesta Brava Venezolana, por lo que este silencio sepulcral, taurinos venezolanos, de que mata....mata, ¿dejaremos que ello suceda?.
Ante el silencio sepulcral que ha venido teniendo la cúpula del PSOE en el caso de los ERE con los expresidentes Chaves y Griñán, por fin y ya era hora tomar en serio los ERE.
ResponderEliminarEl Tribunal Supremo ha acordado abrir una causa por el caso de los ERE contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los tres exconsejeros socialistas José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno para investigar si contribuyeron a la creación o el mantenimiento del sistema que durante 12 años presuntamente permitió al Gobierno autonómico conceder ayudas a empresas e intrusos, que se incluían como prejubilados en expedientes de regulación de empleo, sin ningún tipo de control. Unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
La apertura de este procedimiento contra estos cinco aforados nacionales -todos ellos diputados por el PSOE menos Griñán y Moreno, que son senadores socialistas- no supone su imputación de momento. En un comunicado conjunto han asegurado que "se personarán de inmediato" para declarar ante el Tribunal Supremo.
Por ahora, la Sala de lo Penal se ha declarado competente para instruir y en su caso enjuiciar a estos cinco aforados por su condición actual parlamentarios nacionales en un auto conocido este jueves después de que la juez Mercedes Alaya enviara en agosto una exposición razonada al Supremo para que asumiera la investigación respecto a ellos al entender que no tomaron medidas a pesar de las advertencias de la Intervención General de la Junta sobre las presuntas irregularidades. La Fiscalía se pronunció a favor de que el Supremo investigara a Chaves y Griñán la semana pasada.
Los magistrados subrayan en el auto conocido este jueves que "en este momento procesal" le corresponde "exclusivamente" a la Sala de lo Penal "verificar si en la exposición que le ha sido remitida se consignan hechos que, según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos, y si existen indicios consistentes o, dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas".
El Tribunal Supremo señala que de la exposición razonada de la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, "resulta indiciariamente" que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se organizó un sistema que, desde el año 2000 y durante 12 años, permitió "disponer de importantes cantidades de dinero, ascendentes a 855 millones de euros" para pagar ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo "sin sujetarse al procedimiento y a los controles propios de las subvenciones".
Continuara
Las cantidades se orientaron mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a sindicatos, cargos de la Junta y del PSOE.
ResponderEliminarSegún trasladó la instructora Mercedes Alaya al Supremo, este sistema habría permitido realizar pagos a los beneficiarios que decidía directamente la propia Consejería, de forma que "el destino de las cantidades previstas de las ayudas se orientó mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a los sindicatos, a cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz".
"Tales hechos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos", señala en su auto el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Penal señala que, según la exposición razonada, los indicios que existen sobre la participación de Chaves y Griñán y de los otros tres exconsejeros en estos hechos "derivan de la posición de alta y especial responsabilidad política" por los cargos que desempeñaban en la Junta de Andalucía y por "su intervención en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema" y en el caso de "alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema".
Los indicios sobre su participación derivan de la posición de alta y especial responsabilidad política.
Por eso el Tribunal Supremo considera "imprescindible" continuar la investigación sobre los hechos y su participación en los mismos de los aforados Manuel Chaves (presidente de la Junta 1990-2009), José Antonio Griñán (presidente andaluz 2009-2013) , José Antonio Viera (consejero de Empleo 2000-2004), Gaspar Zarrías (consejero de Presidencia 1996-2009) y Mar Morerno (consejera de Presidencia 2010-2012).
Según Alaya, las irregularidades fueron puestas de relieve en varios informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía entre 2003 y 2008 que fueron comunicados a las consejerías de Hacienda y Empleo "sin que se produjera alteración en la forma de proceder".
La exposición razonada de la juez del caso de los ERE señala que la Consejería de Empleo acordaba la concesión de las ayudas sin ajustarse a ningún procedimiento y realizaba después traspasos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y luego a la Agencia de Innovación de Desarrollo de Andalucía (IDEA) para que pagara a los beneficiarios que ella misma elegía.
Esos traspasos se hacían en forma de transferencias de financiación -que no podían emplearse con esa finalidad-, primero a través de modificaciones presupuestarias con la creación de una partida no prevista en los presupuestos, y posteriormente con la incorporación de esa partida a los presupuestos.
La consecuencia de usar estas transferencias "era la facilitad de elusión de todos los controles en tanto se evitaba la aplicación del procedimiento legalmente aplicable a las subvenciones, que era el correspondiente". Ello permitía, prosigue el Supremo citando la exposición razonada de Alaya, "la absoluta discrecionalidad en el uso de los fondos, pues no existía ninguna normativa que estableciera de antemano los requisitos de los posibles beneficiarios de esas ayudas".
El instructor que se hará cargo de la investigación referente a estos cinco aforados será el magistrado José Alberto Barreiro.
Según informa Efe, el sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre 2000 y 2010, aunque el pasado 15 de julio la jueza acordó ampliarlo a las subvenciones de 2011 y de 2012.
Continuara
El PSOE no dará un trato distinto a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán si ambos fueran procesados en el caso de los ERE fraudulentos. El portavoz de este partido en el Congreso, Antonio Hernando, afirmó ayer en la Cadena Ser que el partido les «aplicaría el código ético», es decir, se les expulsaría de sus cargos y de la militancia, si se les abriera juicio oral. Hernando añadió, no obstante, su convencimiento de que no serán llevados a juicio.
ResponderEliminarManuel Chaves es diputado en el Congreso y José Antonio Griñán es senador por la comunidad autónoma de Andalucía. Por ello tienen la condición de aforados y solo el Tribunal Supremo puede investigarles. El pasado agosto, la jueza que instruye el presunto fraude en las ayudas sociolaborales pagadas con dinero de la Junta, Mercedes Alaya, remitió al Supremo una exposición razonada en la que involucra en la trama del procedimiento específico a los expresidentes de la Junta de Andalucía y a otros siete exconsejeros también aforados.
La teoría de Alaya es que los gobiernos socialistas de al menos tres legislaturas utilizaron adrede un procedimiento ilegal para pagar las ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones para distraer los controles. Alaya ha acusado a una cuarentena de cargos de la Junta no aforados, entre ellos Magdalena Álvarez, de los delito de prevaricación y malversación de fondos públicos por ello. En ningún caso les atribuye enriquecimiento ilícito con el dinero supuestamente defraudado. No están acusados, por tanto, de corrupción en los términos conocidos. El Supremo está a la espera de la calificación de los hechos que haga la Fiscalía para tomar la decisión de si imputa o no a los aforados.
La aclaración de Hernando llega después de que Mariano Rajoy preguntara al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, si va a expulsar a Chaves y Griñán. «¿Va a tomar decisiones en el tema de los ERE? ¿No le deja Susana Díaz tomar medidas o no las quiere tomar? Conteste, ¿sí o no?», dijo el presidente del Gobierno en el Congreso.
Hernando recuerda que todavía «no se les acusa de ningún hecho» y que lo que se cuestiona es la legalidad de la «transferencia de financiación», que es una «figura administrativa que no se ha usado sólo en la Junta» y que el partido piensa que «es legal», según recoge Europa Press. «Por tanto, no creo que se vaya a abrir una instrucción respecto a los dos expresidentes», intentó zanjar.
Pero aún en el caso de que el Supremo los citara como imputados, tampoco se les expulsaría. Hernando dejó claro que solo en el momento «en que sean llamados a juicio oral tendrían que dejar sus escaños».
Es la primera vez que un miembro de la cúpula socialista habla de la situación de Chaves y Griñán, pese a las muchas veces que se le ha preguntado a sus dirigentes. Hasta ahora tanto la dirección federal como la regional habían guardado silencio y solo se habían limitado a defender la honorabilidad de los expresidentes andaluces, que también son expresidentes del PSOE.
Florencio De Las Heras
Lo que parece no estar dispuesto a silenciar es el caso de los crímenes del franquismo.
ResponderEliminarLa sección de Interpol radicada en Argentina ha cursado una comunicación «muy urgente» a su oficina de Interpol Madrid solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas por la juez María Servini por crímenes del franquismo, entre los que se encuentran los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa.
Así lo expone en un escrito, presentado ante el juzgado del que es titular María Servini de Cubría en el que le pide todos los datos identificativos de los imputados como requisito «indispensable» para emitir una orden de captura internacional completa y evitar detener a personas con su mismo nombre, «casos de homonimia», dice.
No obstante, dentro del mercado de la cooperación policial internacional existente, Interpol Argentina ya ha reclamado que proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean sobre los investigados.
Hay que destacar la postura de Martín Villa, ofreciéndose a declarar ante la juez argentina que pide su extradición.
El exministro Rodolfo Martín Villa tiene intención de prestar declaración ante la juez argentina María Servini, que ha pedido la extradición de varios cargos del franquismo en su investigación contra los crímenes del régimen.
Así lo ha anunciado el propio Martín Villa en declaraciones a Onda Cero, en las que ha dejado claro que quiere defenderse sin usar como «parapeto» la decisión del Gobierno de no extraditar a los afectados ni tampoco la Ley de Amnistía: «Para eso tenía que haber cometido algún delito que fuera objeto de esa ley».
Martín Villa, que está estudiando los consejos de sus abogados, ha explicado que aún no está claro cómo se materializará esa declaración, ya que considera que no tendría que viajar a Buenos Aires sino que podría hacerlo a través de una comisión rogatoria, por escrito, por videoconferencia o a través de una cooperación jurídica internacional.
El exministro también ha avanzado que, puesto que se trata de una cuestión política, está valorando la posibilidad de pedir una comparecencia ante el Congreso de los Diputados. La juez persigue a Martín Villa por los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, que dejó cinco muertos en la represión de una huelga general.
Antonio Luis Morales
Me sonaba y lo he buscado y efectivamente hubo recientemente otro colega que no vio publicado sus comentarios.
ResponderEliminarO casualidad, que tanto aquellos del colega como los míos tiene por “titulares” parte de unas vivencias del franquismo, que por lo visto y observado el coto cerrado en este blog.
Al igual que mi colega Narciso Salazar, tratare de buscar otro sitio donde la pluralidad este más abierta y todos los comentarios tenga cabida.
Ya dije en mi posdata “Se que para algunos no sea agradable leer todo esto. Pero a su vez se muestra una parte de la historia de España en una época con muchas luces, pero también con sombras. Igual que le pasa a cualquier partido político, ya sea de derechas, de izquierdas o neutro”.
Santiago Cruz
P. D. Obviamente esto tampoco será publicado