Foto: Philippe Gil Mir
'..La Plaza de Toros de La Misericordia debería ser un referente del patrimonio taurino aragonés, un espacio vivo, formativo, abierto y respetuoso con su propia historia. Convertirla en un muro contra el que chocan los jóvenes que quieren aprender es, además de injusto, una declaración de principios, y no precisamente buenos..'
¿La plaza de todos o el cortijo ideológico de algunos?
Carlos Bueno
La polémica sobre el uso de la Plaza de Toros de La Misericordia ha vuelto con la misma carga ideológica de siempre. El rechazo de los grupos de izquierda en la Diputación de Zaragoza a la propuesta del Grupo Popular —una petición tan sencilla como permitir que las escuelas taurinas entrenen en el coso de la capital— no se defiende sobre argumentos técnicos, jurídicos ni de gestión. Se sostiene, exclusivamente, sobre una postura política que pretende imponer una visión moral por encima de los derechos de los ciudadanos.
Lo que se plantea no es un uso extraordinario, ni un privilegio, ni un evento privado. Se trata de que unos jóvenes puedan entrenar en el espacio que la lógica y la propia naturaleza del recinto dictan como el adecuado. Sin embargo, el pleno del 11 de diciembre decidió lo contrario: cerrar la puerta. Y cuando un espacio público se cierra sin razones objetivas, es inevitable preguntarse qué intereses lo empujan.
Los representantes políticos deberían tener siempre presente que los bienes públicos no son suyos. No son patrimonio de un partido ni de un gobierno. Son patrimonio de todos.
La Plaza de Toros de La Misericordia es un inmueble público que no puede usarse como herramienta para premiar afinidades ideológicas o castigar tradiciones que no gustan a algunos grupos, aunque éstos sean tan incoherentes que aceptan la tauromaquia como válida cuando se trata de cobrar el canon de arrendamiento, pero levantan barricadas políticas cuando toca facilitar el acceso a quienes están formándose.
La Ley 18/2013 es clara: la tauromaquia es patrimonio cultural en España. Y eso implica obligaciones. No sólo la de “no obstaculizar”, sino también la de fomentar, preservar y garantizar el acceso a este patrimonio. Quienes hoy votan en contra de habilitar un uso formativo en la plaza no pueden escudarse en que la ley no va con ellos. Va con todos los poderes públicos, sin exclusión posible.
No se puede invocar la cultura sólo cuando conviene. No se puede exigir pluralidad cultural en unos ámbitos y negarla en otros. No se puede eliminar un derecho que la ley reconoce únicamente porque incomoda a ciertos sectores políticos. La situación es tan absurda que cuesta encontrar un paralelismo que la retrate con fidelidad. Nadie entendería que se negara a unos chavales que quieren ser futbolistas el acceso al campo municipal. Nadie aceptaría que se prohibiera a los músicos de una escuela ensayar en un auditorio público. Nadie vería lógico que se vete a un grupo de teatro juvenil en un centro cultural. Pero con la tauromaquia ese razonamiento básico parece evaporarse con una tranquilidad sorprendente, como si la cultura pudiera gestionarse a golpe de veto ideológico sin que pase nada.
La Plaza de Toros de La Misericordia debería ser un referente del patrimonio taurino aragonés, un espacio vivo, formativo, abierto y respetuoso con su propia historia. Convertirla en un muro contra el que chocan los jóvenes que quieren aprender es, además de injusto, una declaración de principios, y no precisamente buenos.
Porque cuando un gobierno olvida que su obligación es servir al patrimonio cultural, no moldearlo a su antojo, está fallando a quienes representa. La libertad cultural, el acceso a lo público y el respeto a la ley es cosa de todos.
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