De repente, la mayor democracia occidental, EEUU, se encontró con la posibilidad de que un candidato no del agrado de las élites globalistas (Donald Trump) pudiera convertirse en presidente. Y la reacción fue al tiempo cínica y miserable: se inventaron dossieres, se manipularon informaciones, se coordinaron las redes sociales, se expulsó de la plaza pública a aquéllos que disentían.
Para cuando llegó la crisis del Covid de 2020, las mismas élites sabían lo que podían hacer: venderte que las máscaras eran inútiles cuando querían ellos, e imprescindibles cuando no; que no había posibilidad de contagio en las manifas de izquierdas (del Día de la Mujer, contra el racismo…) pero sí en el entierro de tu padre; que personajes como Fernando Simón representan a la “ciencia”.
Ahora estamos en una cuesta abajo sin frenos. Cuando la UE logró liquidar políticamente a Silvio Berlusconi en 2013 (porque intentó preparar un plan para sacar a Italia del euro) esta maniobra fue la culminación de años de discreta poda de cualquier rama peligrosa en el árbol de la derecha patriótica: el pionero Jorg Haider en Austria fue mantenido bajo control vía sanciones diplomáticas y presiones discretas, así como ciertas condenas por actos no políticos que fueron facilitadas por jueces flexibles (algo que se usó mucho contra Berlusconi también); cuando Pim Fortyun fue asesinado días antes de ganar las elecciones generales holandesas en 2002, los medios pudieron convencer a las masas de que su asesino era una especie de animalista pirado, ocultando la realidad de que era un activista pro-immigración de extrema izquierda, lo que minimizó el impacto del magnicidio.
El Russiagate y la orgía de mentiras relacionadas con el Covid (¿recuerdan cómo estábamos a años de una vacuna hasta que Joe Biden ganó las elecciones y se anunció la vacuna en cuestión de días?) animó a la UE a ser más directa en sus intervenciones. Las presiones contra la Hungría de Viktor Orban se hicieron sistemáticas a partir de esta era, y la invasión rusa de Ucrania en 2022 solo facilitó el trabajo. A partir de ese momento, todos los niños del cole entendieron que, si no habías hecho los deberes, era porque se los había comido Vladimir Putin.
Los extremos a los que llegó la UE para intervenir en la política interna de sus países miembros serían increíbles si no fuera porque están ampliamente documentados, por ejemplo en un reciente informe emitido por el Comité Judicial del Congreso de Estados Unidos y titulado (para que nadie se llame a engaños) «Una década de esfuerzos en Europa para censurar el internet global».
El informe es una obra de terror, de realismo terrorífico. Como es resultado de investigaciones específicamente sobre la censure en Internet, se centra en lo que describe como “estrategia sistemática” de la Comisión Europea para influir y controlar la moderación de contenidos en internet a escala global, también con efectos directos sobre la libertad de expresión de ciudadanos estadounidenses dentro de EEUU.
Sobre la base de miles de documentos internos obtenidos mediante citaciones judiciales a grandes empresas tecnológicas, el informe afirma que estas prácticas se llevaron a cabo en secreto en gran medida y sobre todo a partir de 2016, en un contexto de preocupación por el terrorismo, la desinformación y el auge de movimientos políticos considerados “populistas” en Europa.
Aunque inicialmente, estas iniciativas se presentaron como foros voluntarios de cooperación entre reguladores europeos y plataformas tecnológicas (como el EU Internet Forum, con el objetivo declarado de combatir contenidos extremistas ilegales) esto era un mero intento de esconder censura dirigida por la Comisión sobre lo que el informe denomina “contenido legal pero problemático”.
Uno de los ejes centrales del informe es la afirmación de que la Comisión Europea mantuvo más de 100 reuniones privadas con grandes plataformas tecnológicas desde al menos 2020, en las que presionó activamente para que modificaran sus normas globales de moderación de contenido, a nivel mundial. Estas presiones no se limitaron a recomendaciones generales, sino que incluyeron solicitudes específicas para eliminar, reducir visibilidad o etiquetar contenido político concreto, incluso cuando dicho contenido era legal y veraz según las legislaciones estadounidense y europeas. Las plataformas aceptaron estas demandas para evitar sanciones económicas o regulatorias.
Esto va mucho más allá de echar de Facebook a su tío obsesionado con quejarse de la inmigración ilegal. La Comisión “presionó a las redes sociales para que censuraran contenido antes de las elecciones parlamentarias de 2023 en Eslovaquia, Países Bajos, Francia, Moldavia, Rumanía e Irlanda, así como de las elecciones europeas de 2024”, según señala el informe.
Más allá de valoraciones morales con las que podríamos pasarnos días enteros, esto es una injerencia de la Comisión en temas que no son en absoluto de su competencia, desde el punto de vista meramente legal. Y el informe, dado su enfoque en los temas de Internet, ni siquiera se centra a estudiar o valorar el vergonzoso pucherazo que se condujo en Rumanía a finales de 2024, cuando las elecciones presidenciales se detuvieron justo cuando las iba a ganar el candidato patriótico Calin Georgescu, y se repitieron después de expulsarle de los comicios bajo ridículas acusaciones de injerencia rusa que se demostraron tan falsas como los engaños del Russiagate.
Una vez más, fueron jueces europeístas impulsados y apoyados por la Comisión los que condujeron el pucherazo, sin aportar nada más que informes de inteligencia corta y pega de los que en España hemos visto toneladas desde tiempo inmemorial. Al año siguiente, el gobierno de la vecina Moldavia, impulsado por la Comisión, prohibió a dos partidos prorrusos participar en las elecciones moldavas, asegurando así la victoria (una vez más) de su candidato preferido.
Otro juez fiable inhabilitó a Marine Le Pen en 2025, por malversación de fondos públicos dedicados a sus asistentes parlamentarios, durante cinco años, lo que impedirá su participación en las próximas elecciones presidenciales francesas. Observen que, después de una decisión del Consejo Constitucional francés de 2010, las penas de cárcel en aquel país no conllevan inhabilitación política: con lo que un terrorista asesino y violador puede presentarse a las elecciones desde la cárcel, pero Le Pen (jamás condenada a prisión) está incapacitada por el juez. Juez europeísta, no olviden. /Ideas-La Gaceta/
*David Román: Madrid, 1973. Fue empleado del Partido Comunista Chino en Pekín, antes de convertirse en corresponsal en Asia-Pacífico y en Europa del Wall Street Journal y Bloomberg News. Ha publicado cuatro libros en inglés y español, incluyendo 'Podemos en Venezuela', sobre los orígenes del partido morado en el chavismo bolivariano. En la actualidad reside en Washington, DC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario