El primer criterio de valoración no puede ser el de saber si la soberanía estatal es respetada o vulnerada.
Venezuela: ¿defender la libertad o el derecho internacional?
Por Javier Ruiz Portella
Las políticas emprendidas desde hace un año por Donald Trump han modificado hasta tal punto el panorama internacional que han sumido a nuestra derecha soberanista en una incómoda situación.
Dicha incomodidad se condensa en una pregunta muy sencilla: ¿cómo pueden unas fuerzas que se definen soberanistas apoyar una agresión tan manifiesta a la soberanía nacional como es el cerco naval que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela y que ha concluido con la captura de su jefe máximo? Y al revés. ¿Cómo podrían dichas fuerzas soberanistas no apoyar la política de Donald Trump? ¿Cómo podrían no aclamar una política que, desde el bastión originario de tales males, combate con ahínco los delirios woke, la globalización del mundo y el fomento de la invasión migratoria?
Un claro ejemplo de este dilema lo tenemos en la forma diametralmente opuesta en la que Marine le Pen y Éric Zemmour (representantes de las dos principales fuerzas soberanistas en Francia) han valorado la captura de Nicolás Maduro.
Marine le Pen empezó reconociendo todas las vilezas que abruman a un tirano de la calaña de Maduro. Su reconocimiento, sin embargo, era retórico (dos líneas más tarde se deshacía de él), pero vale la pena agradecérselo, pues no todas las voces que, atacando a Trump y a su indudable agresión, se han alzado en nuestras filas han reconocido el carácter despótico del régimen venezolano. Tampoco es que hayan defendido o ensalzado el chavismo; se han limitado a guardar un púdico y quiero suponer que incómodo silencio.
Después de haber reconocido las ignominias de Maduro, la presidente de Rassemblement national se ha dedicado a lamentar la caída del tiranozuelo, diciendo: «Había mil razones para condenar el régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico autoritario […]. Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de provocar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, su poder o el continente al que pertenezcan. Es inviolable y sagrada».
Todo lo contrario declaraba Éric Zemmour, quien afirmaba: «La captura de Maduro nos recuerda tres verdades: la fuerza nunca ha abandonado la geopolítica. Los blandengues y bonachones pueden guardar sus blandenguerías. No sirve de nada saltar en la silla como un cabrito gritando “soberanía”. El deber de un hombre de Estado es hacer de su país un país fuerte para que no sea atacado. La inmigración y la droga son guerras que nos son impuestas sin declaración previa. No es porque uno rechace la guerra que los demás no te la van a imponer».
¡Ay, la soberanía, la soberanía! Ha sido conculcada, la pobre. En realidad, lo conculcado por el ataque de Estados Unidos no ha sido la soberanía nacional (ninguna nación encarnaba o representaba el déspota Maduro, cuya derrota en las últimas elecciones fue abrumadora, aplastante). Lo que sí ha vulnerado dicho ataque es otra cosa: la soberanía estatal. También el derecho internacional, no cabe duda, se ha visto pisoteado. Ahora bien, ¿qué es ese espíritu leguleyo que invade a algunos de los nuestros? ¿Qué es ese formalismo jurídico consistente en colocar la ley y su letra por encima de la realidad, por encima del hambre, la cárcel y la muerte? ¡Y qué ley, por Dios! La ley de ese acartonado, fatuo, inoperante derecho internacional (cosa de ONUs y demás burocracias); un derecho que defiende la soberanía de cualquier Estado («El Estado, el monstruo más frío de todos los monstruos fríos», decía Nietzsche) sin que le importe lo más mínimo que el Estado en cuestión aplaste el bien común y la libertad de la nación que tiene sojuzgada.
Dos únicos principios
La libertad y el bien común. Es esto lo «sagrado», no el Estado como tal, no ese Estado al que, confundiéndolo con la nación, Marine le Pen le atribuye el carácter de sagrado, de inviolable. Sólo hay dos principios mayores, intangibles, innegociables: la libertad y el bien común. A ellos hay que añadir, se dirá, un tercer principio: el de la fuerza. Esa fuerza, en efecto, de la que alardea el Trump que, como señalaba Alain de Benoist (pero lo hacía para reprochárselo), «admira a los fuertes y desprecia a los débiles». No se puede desdeñar la fuerza, hay que contar con ella, con esa fuerza que hoy como ayer y como siempre es lo único que, en la confrontación con sus enemigos, sostiene a quienes están más cerca —pero nadie lo alcanzará del todo— de lo verdadero, lo bueno y lo bello, que decían los griegos. Que no nos duelan prendas en reconocerlo: quien sí se acerca a ello —por primera vez y a una distancia sideral de los sátrapas y patanes del Caribe; por primera vez y contrariamente a los actuales gobiernos europeos— es el gobierno de Donald Trump, cualesquiera que sean los errores que pueda cometer.
¿Qué es, en últimas, la tan traída y llevada inviolabilidad de la soberanía estatal? ¿Qué es, sino el principio más transgredido de todos, el principio en torno a cuya transgresión —invasiones, ataques, conquistas…— se ha organizado, desde que el mundo es mundo, la historia? Voluntad de poder, lo llamaba Nietzsche: el motor de la vida, la fuerza motriz de la historia. Voluntad de poder, anhelo de fuerza, ansia de grandeza con la que doblegar la iniquidad y la debilidad.
¿Perdón?, se preguntará el asombrado lector. ¿Doblegar la iniquidad, dice usted? Se comprende lo de que la fuerza doblegue la debilidad, pero… ¿la iniquidad? ¿No son incontables los casos de Estados inicuos, totalitarios incluso, cuya mayor fuerza les ha permitido doblegar a otros más débiles pero no enfangados en lo vil e inicuo? ¿Acaso, y por poner un ejemplo, no fue la fuerza de los ejércitos soviéticos lo que doblegó a la Hungría resistente de 1956, a la Checoslovaquia de 1968 y al conjunto de los «países satélites»?
Por supuesto que fue la fuerza lo que los doblegó; por supuesto que en tales casos —en todos, en realidad— la fuerza, esa mera cuestión fáctica, no debe constituir el criterio primero con el que valorar a los contendientes. Ahora bien, el primer criterio de valoración tampoco puede ser el de saber si la soberanía estatal es respetada o vulnerada. El único criterio debe consistir en ir al fondo de las cosas y, olvidándonos de formalismos jurídicos, determinar cuál de los contendientes está más cerca o más lejos de lo verdadero, lo justo y lo bello.
¡Ah!, exclamará de nuevo el mismo lector. Pero esto implica que existe entonces algo como una Verdad firme, indiscutible, a la que atenerse y respetar. ¡Por supuesto! Por supuesto que existe la Verdad, al igual que existe el error (otra cosa es que a quienes caen en él se les reconozca el derecho a defender su equivocación).
¿En qué consiste, entonces, seguirá preguntando el lector, lo verdadero y lo justo, hoy y aquí entre nosotros? No vamos a repetirlo una vez más. De sobra lo sabe el lector de unas páginas que, como éstas, no hacen sino defender constantemente dicha verdad. Negar la existencia de ésta, diluirla en un mar de opiniones y verdades variopintas y contradictorias; pretender que sólo es justo y verdadero lo que, en medio de dicho mar, es decidido por la mayoría (suponiendo que sea ella quien en realidad decide); pretender, en fin, que todo vale, que todo es lícito con tal de que se respete la ley formal, tal es la gran disolución que promueve el democratismo junto con el buenismo y el espíritu leguleyo que le están íntimamente asociados.
Huyamos de ello. Apostemos y luchemos por lo verdadero, lo justo y lo bello (sí, también por lo bello, también por la belleza con la que extirpar la fealdad que ensombrece hoy al mundo). Y si la desfachatez y la incuria de las oligarquías, más la impotencia de los pueblos de Hispanoamérica dificulta o impide que éstos se liberen por sí mismos (pero hay excepciones: la más notoria, la de Bukele en El Salvador), sólo queda entonces una posibilidad: alegrarse —como se alegran los millones de exiliados, los miles de presos políticos y las masas hambrientas de Venezuela— de la intervención que, efectuada desde el exterior, les habrá permitido liberarse del sátrapa que los sojuzgaba.
El precio que tocará pagar
La intervención norteamericana no será gratuita, ni que decir tiene. La benevolencia y la filantropía no caracterizan ni tienen por qué caracterizar la acción política. Las grandes compañías estadounidenses sacarán suculenta tajada de los cientos de miles de millones de dólares que deberán invertir para poner a flote la devastada industria petrolera de Venezuela. El régimen que se consolide en los próximos meses o años tampoco será el que uno desearía; pero no hay color —la distancia es infinita— entre lo que vaya a ser dicho régimen y lo que ha sido la tiranía que obligaba al exilio, encarcelaba a los oponentes y sumía en la miseria al país en cuyo subsuelo yacen las mayores riquezas de toda América.
Siempre, en todas partes ocurre lo mismo cuando se implanta el «socialismo real». No contento éste con sumir al país en una negra noche de opresión, lo hunde también en la miseria, lo deja devastado, por más próspero y floreciente que haya sido. Como lo era Cuba, el país más adelantado, la economía más boyante de toda Hispanoamérica[1], hasta que llegó la revolución castrista y lo convirtió en el país más mísero del continente. Sólo Haití lo supera hoy en esta desdichada clasificación.
Han sido heroicos los diversos intentos que el pueblo cubano ha emprendido de cara a liberarse. Pero como, por desgracia, dichos intentos han fracasado, sólo queda una posibilidad: esperar —quiéranlo los dioses— que el poderoso vecino del norte tenga a bien vulnerar, como en Venezuela, la soberanía del Estado cubano.
[1] Sólo un ejemplo: la televisión y el aire acondicionado llegaron a Cuba antes que a los mismísimos Estados Unidos.
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