LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE MÉRIDA (VENEZUELA)
intenta prohibir entrada a la plaza a los los menores en las corridas de toros
GIOVANNI CEGARRA
Los intereses que buscan prohibir las corridas de toros, esos intereses que violan los derechos colectivos y difusos de la sociedad venezolana, en este caso de niños, niñas y adolescentes, a disfrutar lo que mejor les gusta, montaron nueva emboscada a nuestra Fiesta Brava, esta vez, en Mérida, Estado Mérida, occidente venezolano, a través de la Defensoría del Pueblo Nacional, solicitando una medida cautelar que prohiba la entrada de menores de doce años de edad al espeCtáculo taurino.
Empresa y Comisión Taurina en la rueda de prensa
En sus efectos, la Empresa Taurina "Hermanos Rodríguez Jáuregui" conjuntamente con la Comisión Taurina Municipal, el Delegado Taurino de la Alcaldia del Municipio Libertador y representantes de COREALSA, hicieron saber a medios de comunicación social merideños su posición a esta medida cautelar que viola la Constitución Nacional Bolivariana, los derechos del niño, pasando por encima de una sentencia dictada por el Tribunal LOPNA del año 2010 que permitía a los niños, niñas y adolescentes menores de doce años asistir a las corridas de toros que se celebrasen en la Plaza de Toros "Román Eduardo Sandia" de Mérida en el marco de la Feria del Sol, Carnaval Taurino de América.
La cosa juzgada se debe respetar pero la Defensora del Pueblo en el Estado Mérida, cuyo nombre omitimos, no merece darlo a conocer, la viola, viola el Poder Judicial, viola los derechos del niño y su medida cautelar descabellada si produce un trauma, un daño psiquátrico a esos niños que en compañía de sus respectivos Padres se disponían a presenciar el espectáculo taurino a sabiendas que es Patrimonio Histórico Artístico Cultural del Municipio Libertador del Estado Mérida, algo que también olvidó la susodicha Defensora y Juez que emitió la medida cautelar.
Sí cree la Defensora del Pueblo que con esto va a morir la Fiesta Brava, que equivocada está, por al contrario, nos insta a impulsarla más, a defenderla más y pobre de ella, que tristeza y pena ajena da su actitud violatoria de la Constitución Nacional Bolivariana y lesionatoria del Poder Judicial atendiendo "una orden de Caracas" porque ni siquiera tiene dignidad personal para tomar sus propias decisiones si hubiese lugar a ello y con sentido profesional.
La Empresa Taurina Merideña cumplirá a cabalidad lo dispuesto en la medida cautelar inconstitucional pues no es su intención crear conflictos innecesarios pero las próximas horas habrá de producirse un acción legal para revocarla, hacer valer un derecho que le pertenece a los niños y el sol habrá de brillar aún más en beneficio de nuestra Brava.
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