Recibir subvenciones, pagar un tipo de impuestos u otros, construir un colegio, dotar de material un hospital, conducir un coche determinado, aparcar en zona azul, poder tener una mascota, vivir en la ciudad o en medio del monte… todo está supeditado a los dictámenes de nuestros representantes políticos que, como seres humanos que son, no siempre están acertados. Por eso es tan importante elegir bien a quiénes votamos.
La tauromaquia no se escapa a los designios de la política, y depende de ella para seguir produciéndose en libertad o sufrir cortapisas a su desarrollo. Lo natural es que los políticos no quieran imponer gustos partidistas y sectarios. Lo lógico sería que no trataran de influir sobre la voluntad de una parte de los ciudadanos para favorecer un movimiento antitaurino, porque auspiciar a unos en contra de otros sería algo parcial e injusto. Sin embargo eso acaba ocurriendo demasiadas veces.
Muchos políticos aseguran defender la libertad de ir a los toros, pero a la hora de demostrarlo todo queda en agua de borrajas.
Hay diferentes maneras de apoyar al toreo que no tienen por qué estar relacionadas con la asignación de ayudas económicas. La cesión gratuita de las plazas propiedad de las Administraciones sería una de ellas. Mientras auditorios y teatros de titularidad pública se sufragan con el dinero de los impuestos, los cosos taurinos pagan arrendamientos desproporcionados que acaban implicando un encarecimiento de los abonos que limita su adquisición a quienes no disfrutan de un poder adquisitivo notable, lo que coarta la disposición que nuestra Constitución marca a los poderes públicos de garantizar la conservación de la tauromaquia, promocionarla y promover su enriquecimiento.
Eliminar el coste de los alquileres de las plazas de toros a cambio de imponer a los empresarios un tope en el precio de las entradas sería una buena forma de proteger el toreo y los intereses de los bolsillos de los espectadores menos boyantes. Lo contrario está favoreciendo la aparición de arrendatarios cuyas ansias de copar poder taurino les lleva a presentar ofertas temerarias que provocan una subida de costes que hacen que la Fiesta sea más elitista y menos popular.
La función que la gran mayoría de cosos tenían cuando se construyeron era la de recaudar fondos para necesidades sociales y entidades benéficas. Asilos, residencias y sobre todo hospitales eran los habituales beneficiarios de las recaudaciones taurinas. Pero hoy en día ese papel ya no existe y los cánones de alquiler van directamente a engrosar las arcas de las Administraciones, montantes insignificantes en el total de los actuales presupuestos oficiales. No parece descabellado que las propietarias de los edificios únicamente cobrasen un mínimo porcentaje del billetaje vendido para destinarlo al mantenimiento de los recintos y que valorasen en sus pliegos de concesión las bonificaciones a abonados y público en general. Así se seguiría sin subvencionar los toros, pero el apoyo de los políticos a su organización y promoción sería incuestionable. Obras son amores.
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