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Pepe Bienvenida / La suerte suprema

miércoles, 7 de junio de 2017

Colombia, solución final / Por Jorge Arturo Díaz Reyes


Independiente de la prédica y el camuflaje legal con qué los nuevos creyentes pretendan investirse, de por medio están los derechos humanos. Los de las minorías culturales a existir, los de los individuos al pensamiento, culto y expresión libres. Para violarlos con su clamada solución final tendrán la fuerza, pero no la razón.

Colombia, solución final 

Cali, 6 de junio 2017
Las fuerzas alineadas contra la tauromaquia en Colombia son muchas. Las posiciones ya están asumidas. El diálogo no es viable. Los argumentos no valen, y el supuesto “debate” es parodia, porque la desproporción entre las partes garantiza la unilateralidad de la decisión última. El aniquilamiento.

¿Y la justicia? Ya tomó partido. La Corte Constitucional contradiciendo múltiples sentencias suyas anteriores la condenó y conminó a realizar de inmediato un referendo en Bogotá de resultado previsto y costo estrambótico.

¿Y el gobierno? Es el autor del proyecto de prohibición en todo el territorio nacional, a través de su ministro del interior.

¿Y el parlamento? Su primera votación en la comisión 7ª de la Cámara de Representes fue 11 a 0, unánimemente antitaurina. Según eso, los aficionados colombianos no están representados en la democracia nacional. No existen.

Además, la campaña hostil de prosélitos, políticos, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, candidatos oportunistas coincide con los desmanes callejeros y el terrorismo desatados contra la pasada temporada en la plaza de Santamaría.

Sofismas como la humanización de animales y su definición acomodaticia cual derechohabientes. Consignas falsas como que acabar las corridas es necesario para la pacificación del país. Rotulaciones de barbarie, sadismo, tortura, crueldad, asesinato; satanizan, segregan e incitan al odio hacia una tradición cultural milenaria, protegida por la Constitución.

Sí. “Los espectáculos taurinos son considerados una expresión artística del ser humano.” Dice literalmente la ley 916 de 2004 de la República de Colombia, en su artículo 1º.

Pero de pronto, tras quinientos años, los auto-designados voceros animales, han convertido mayorías circunstanciales y representantes temporales de los tres poderes a la causa de criminalizar, perseguir y extirpar hasta del idioma esa legítima expresión artística.

Independiente de la prédica y el camuflaje legal con qué los nuevos creyentes pretendan investirse, de por medio están los derechos humanos. Los de las minorías culturales a existir, los de los individuos al pensamiento, culto y expresión libres. Para violarlos con su clamada solución final tendrán la fuerza, pero no la razón.