Cornudos y apaleados. Pagamos a nuestros asesinos

Los tres fugitivos relacionados con los atentados de Barcelona y Cambrils podrían haberse beneficiado del cobro de la Renta Mínima de Inserción (RMI) desde al menos 2016, según ha confirmado una fuente de la Generalitat digna de todo crédito.

Cornudos y apaleados

Pagamos a nuestros asesinos 

El Manifiesto / 20 de Agosto de 2017

Cornudos y apaleados: tal es nuestro más adecuado epíteto, el de quienes, además de acoger con los brazos abiertos a las poblaciones que van a acabar reemplazándonos étnica y culturalmente, otorgamos toda clase de ayudas económicas a quienes han declarado la Guerra Santa contra nuestra civilización.

Tal es la conclusión que se impone a la lectura de las siguientes informaciones publicadas por Alerta Digital.

Los tres fugitivos relacionados con los atentados de Barcelona y Cambrils podrían haberse beneficiado del cobro de la Renta Mínima de Inserción (RMI) desde al menos 2016, según ha confirmado una fuente de la Generalitat digna de todo crédito. Se trata de Mohamed Hychami, Younes Abouyaaqoub, vecinos de Ripoll, y Said Aallaa, de Ribes de Freser. Los tres jóvenes son de origen marroquí y de 24, 22 y 18 años respectivamente.

Said Aallaa nació en Naour (Marruecos), en agosto de 1998, por lo que cumpliría este mes los 19 años y no contaría con antecedentes policiales por delitos de terrorismo.

Mohamed Hychami y Younes Abouyaaquoub, que cuentan con 24 y 22 años, respectivamente, nacieron en la misma localidad de Marruecos, Mrirt y los padres de ambos están domiciliados en Ripoll, al menos desde el año 2006. Ninguno contaba hasta ayer con antecedentes por terrorismo.

La renta mínima de inserción es una prestación de tipo económico para personas que no disponen de medios suficientes para atender necesidades esenciales de la vida, mientras se le ofrece también una inserción social y laboral. La duración de la prestación es de 12 pagos mensuales, prorrogables por años naturales.

El importe de la prestación oscila entre los 105,93 euros al mes hasta un máximo de 645,30 euros mensuales, dependiendo del numero de miembros de la unidad familiar. También existen ayudas complementarias a la renta mínima de inserción por casos como tener hijos menores de 16 años o con discapacidad.

De acuerdo con la misma fuente, al menos dos de los terroristas muertos percibían, además de las ayudas sociales, otros 200 euros para el alquiler de sus viviendas. No se les conoce otra vía de ingreso reconocida, por lo que oficialmente sobrevivían de las ayudas provenientes del Gobierno catalán.

Yihadistas cobraban ayudas del Gobierno vasco

Este caso recuerda al de los últimos detenidos por las fuerzas de seguridad en Vascongadas por su presunta relación con el terrorismo yihadista, quien cobraban ayudas sociales del Gobierno y de las instituciones vascas. Entre ellos se encontraba Saib Lachhab detenido en Vitoria y un beneficiario que continuó recibiendo subsidios tras fallecer en marzo de 2014 en Siria, según informó El Confidencial.

Se trataba de un marroquí de 41 años retornado a España desde Siria y una mujer de 36 años con nacionalidad española que pretendía unirse a las filas del Estado Islámico

En su auto el magistrado justifica su decisión debido al riesgo de reiteración delictiva y el escaso arraigo de Saib Lachhab en Vascongadas a pesar de que, dice textualmente Velasco, “el detenido vive de ayudas públicas”. El juez constata su experiencia en las guerras chechenas, sus conocimientos para falsificar tarjetas y que disponía de 9.000 euros para irse a Siria.

Saib Lachhab cobraba, según fuentes policiales, 625 euros de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en vigor en el País Vasco y 250 euros por complemento de vivienda. Entre agosto y diciembre cobró 900 euros mensuales de Fremap por una baja laboral.

Las citadas fuentes explicaron a Europa Press que al menos cinco casos contabilizados en los últimos años de detenidos por yihadismo en las Vascongadas vivían en gran parte gracias al sustento de la Renta de Garantía de Ingresos y de otras ayudas en concepto de apoyo al alquiler. Samir Mahdjoub es un argelino de 44 años que fue detenido por la Guardia Civil en Bilbao el pasado 14 de febrero acusado de enaltecimiento, autoadoctrinamiento, captación y difusión de propaganda de Daesh. Las citadas fuentes han precisado que cobró 650 euros de la RGI y 250 de ayudas para la vivienda entre 2011 y 2013.

Un caso paradigmático es el del marroquí de 26 años Redouan Bensbih. Murió en Siria en marzo de 2014 y cobró ayudas sociales desde septiembre de 2009, concretamente 836 euros de la RGI, una cifra que siguió recibiendo cuando comenzó a realizar continuas idas y venidas a esta comunidad autónoma a partir de 2013.

Redouan Bensbih continuó cobrando el subsidio para las personas con escasos recursos una vez que falleció en Siria, toda vez que el sistema del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) no recibió ninguna notificación de su fallecimiento.

Unos 900 euros mensuales de media

Amigo de este último es Ahmed Bourguerba, argelino de 31 años afincado en Bilbao y detenido por la Ertzaintza el 22 de julio de 2015. Ha sido condenado recientemente a tres años y medio de cárcel por autoadoctrinarse en terrorismo yihadista, momento en el que se interrumpió la percepción de la ayuda en concepto de RGI. Bouguerba recibió hasta entonces 625 euros más otros 250 euros complementarios para el alquiler de una vivienda en una ayuda que disfrutó desde 2011, cuando tenía 26 años.

Otro caso notorio fue el de Mehdi Kacem, detenido por la Policía Nacional el pasado 16 de enero. La ayuda en este caso la canalizaba a través de la ONG Kolore Guztiak, una asociación subvencionada para tal fin por la Diputación de Guipúzcoa, llegando a percibir casi 800 euros.

Este marroquí contó su testimonio en un reportaje para Noticias de Guipúzcoa el 12 de marzo de 2015. Por entonces tenía 24 años y había pasado de dormir en las calles a pelear por el título de campeón de boxeo en esta provincia. También hacía prácticas en una fontanería en Errenteria. “Estoy muy ocupado y el boxeo me sirve para relajarme, es una gran ayuda”, decía este joven arrestado en el barrio de Polloe de San Sebastián gracias a una operación de la Policía, con información del CNI y de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos.