¿Parlamento de Cataluña? (Fotografía: Archivo "Del toro al infinito")
DEBATE SOBRE EL INICIO DE LA SECESIÓN
Mundotoro.com, editorial.- o4/03/2010
Los debates iniciales sobre la ILP para prohibir las corridas de toros en Cataluña han perpetrado el asalto político a la inteligencia del hombre. Jamás en la historia de la democracia un asunto de moral individual, cuyo debate excede al parlamentarismo democrático, fue trasladado a un parlamento para que dos bandos se lanzaran de forma cainita unos contra los otros con el argumento españolísimo del “Y tu más”. Con una puntualización objetiva: en el Parlament de Cataluña se insultó gravemente a la parte taurina sin que nadie, una vez más, entrara de lleno dentro de ese insulto que, a la vez, es un delito. Se cometieron delitos en un parlamento sin que nadie llamara al orden: comparar al partidario de toros con el que graba una pelea de chicas en un móvil y con los maltratos a las mujeres es un insulto. Un insulto es un delito, más grave aún cuando se hace en un parlamento democrático.
La parte taurina acudió a defenderse. Mal. Porque cayó en el error del debate que pretendían los antitaurinos: defenderse a través de una argumentación moral, con la salvaguarda de la tradición o del hecho cultural. Eso no es política. Y a un Parlamento se va a hacer política. Mucho más en Cataluña, en donde la estrategia de lLP ha sido absolutamente política, con recursos y medios de la política, algo que no ha tenido a su favor el mundo del si a los toros. Hacer política. Porque el objetivo de la clase nacionalista no taurina es doble: lograr escurrirse del debate político y conseguir para sus votantes el éxito de abolir la fiesta de toros en su Comunidad. Mejor dicho, en su País.
Esto pudo ser un debate de alta política si la sociedad del mundo del toro hubiera planteado de una vez por todas un debate que retratara a quien ha logrado llevar a su terreno, el parlamento, la fiesta de toros. Lo lleva para hablar de moral privada, convertirlo a continuación en ética pública, y no tener que enfrentarse al meollo de la cuestión. A las cuestiones de honda política que están en el fondo de este asunto y que son evidentes.
Primero. Un espectáculo libre y de derecho dentro del territorio nacional al que amparan varios articulados de la Constitución Española de 1978 no pude verse flagelado y prohibido por un parlamento atonómico, excepto si se violan los derechos constitucionales de los individuos, personas físicas y jurídicas.
Segundo. Un espectáculo que aporta el 1,6 de PIB no pude entrar en el debate de su desaparición a nivel autonómico sin que el resto de las autonomías (sociedades, personas, organizaciones, etc..) que forman parte de esa producción se personen en ese debate político y/o en los tribunales de justicia denunciando la violación y limitación de sus intereses legítimos por legales y constitucionales.
Tercero. Un espectáculo a cuyos actores les asiste el derecho reconocido en Acta Jurídica del otorgamiento de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura, acta firmada por el Presidente de la Nación y por el Rey, no pude ser objeto de libre prohibición en una Comunidad Autónoma, excepto si se está violando la legislación y el deber que obliga a cada ciudadano y político de cada rincón de España.
En este sentido, el toreo está tardando en iniciar una reivindicación clara y directa de sus derechos como artistas reconocidos jurídicamente para ser inscritos en el Registro afín al Ministerio de Cultura. De esta forma conseguirá reivindicar sus derechos como actor cultural y situar a la Fiesta en donde ya la ha situado ya la Comunidad de Madrid. En Cultura. La forma más vital y legal de protegerla, auspiciarla y evitar ataques como el de Cataluña.
Por tanto, estamos ante la gran oportunidad de hacer política en estado puro. En su lugar, hemos caído en la dialéctica de trincheras que los antitaurinos políticos deseaban: no hacer política, sino un enfrentamiento de bandos por razón de moral. Es un error. Porque la cuestión es simple. Hay una muy directa. Se trata de interrogar al Parlamento Catalán si observa y acata la Constitución de todos los españoles. Si las leyes vigentes en el Estado sirven en Cataluña. Si el Gobierno de la Nación está dispuesto a que un espectáculo legal en Lepe sea ilegal en Barcelona por razón de moral privada. Si este Estado se fractura legalmente, se está quebrando como nación.
Ninguna razón ética puede provocar una legislación diferente en una parte u otra del Estado. Porque estamos hablando de un secesionismo encubierto. Ese es el inicio de la secesión, la doble legalidad bajo una misma Carta Constucional. Esta es la política cierta, directa. Este es el camino de una política valiente y eficaz. El resto es dejar al azar de los corazones una votación que excede al importante pero simple suceso de la moral privada. La primera moral de la política es la legitimidad y la legalidad, lo que nos iguala en un Estado de Derecho. En Lepe y en Las Ramblas.
La parte taurina acudió a defenderse. Mal. Porque cayó en el error del debate que pretendían los antitaurinos: defenderse a través de una argumentación moral, con la salvaguarda de la tradición o del hecho cultural. Eso no es política. Y a un Parlamento se va a hacer política. Mucho más en Cataluña, en donde la estrategia de lLP ha sido absolutamente política, con recursos y medios de la política, algo que no ha tenido a su favor el mundo del si a los toros. Hacer política. Porque el objetivo de la clase nacionalista no taurina es doble: lograr escurrirse del debate político y conseguir para sus votantes el éxito de abolir la fiesta de toros en su Comunidad. Mejor dicho, en su País.
Esto pudo ser un debate de alta política si la sociedad del mundo del toro hubiera planteado de una vez por todas un debate que retratara a quien ha logrado llevar a su terreno, el parlamento, la fiesta de toros. Lo lleva para hablar de moral privada, convertirlo a continuación en ética pública, y no tener que enfrentarse al meollo de la cuestión. A las cuestiones de honda política que están en el fondo de este asunto y que son evidentes.
Primero. Un espectáculo libre y de derecho dentro del territorio nacional al que amparan varios articulados de la Constitución Española de 1978 no pude verse flagelado y prohibido por un parlamento atonómico, excepto si se violan los derechos constitucionales de los individuos, personas físicas y jurídicas.
Segundo. Un espectáculo que aporta el 1,6 de PIB no pude entrar en el debate de su desaparición a nivel autonómico sin que el resto de las autonomías (sociedades, personas, organizaciones, etc..) que forman parte de esa producción se personen en ese debate político y/o en los tribunales de justicia denunciando la violación y limitación de sus intereses legítimos por legales y constitucionales.
Tercero. Un espectáculo a cuyos actores les asiste el derecho reconocido en Acta Jurídica del otorgamiento de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura, acta firmada por el Presidente de la Nación y por el Rey, no pude ser objeto de libre prohibición en una Comunidad Autónoma, excepto si se está violando la legislación y el deber que obliga a cada ciudadano y político de cada rincón de España.
En este sentido, el toreo está tardando en iniciar una reivindicación clara y directa de sus derechos como artistas reconocidos jurídicamente para ser inscritos en el Registro afín al Ministerio de Cultura. De esta forma conseguirá reivindicar sus derechos como actor cultural y situar a la Fiesta en donde ya la ha situado ya la Comunidad de Madrid. En Cultura. La forma más vital y legal de protegerla, auspiciarla y evitar ataques como el de Cataluña.
Por tanto, estamos ante la gran oportunidad de hacer política en estado puro. En su lugar, hemos caído en la dialéctica de trincheras que los antitaurinos políticos deseaban: no hacer política, sino un enfrentamiento de bandos por razón de moral. Es un error. Porque la cuestión es simple. Hay una muy directa. Se trata de interrogar al Parlamento Catalán si observa y acata la Constitución de todos los españoles. Si las leyes vigentes en el Estado sirven en Cataluña. Si el Gobierno de la Nación está dispuesto a que un espectáculo legal en Lepe sea ilegal en Barcelona por razón de moral privada. Si este Estado se fractura legalmente, se está quebrando como nación.
Ninguna razón ética puede provocar una legislación diferente en una parte u otra del Estado. Porque estamos hablando de un secesionismo encubierto. Ese es el inicio de la secesión, la doble legalidad bajo una misma Carta Constucional. Esta es la política cierta, directa. Este es el camino de una política valiente y eficaz. El resto es dejar al azar de los corazones una votación que excede al importante pero simple suceso de la moral privada. La primera moral de la política es la legitimidad y la legalidad, lo que nos iguala en un Estado de Derecho. En Lepe y en Las Ramblas.
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