España, ¿un país del Tercer Mundo?
En solo dos generaciones, una pequeña nación del sudeste asiático llamada Singapur pasó de ser un país pobre y sin recursos a convertirse en un país enormemente próspero. El arquitecto de dicha prosperidad fue Lee Kwan Yew, primer ministro durante tres décadas, quien, si bien tonteó con el socialismo en sus dos primeros años, pronto observó sus lamentables resultados y se convenció de que sólo el libre mercado sacaría a su nación de la pobreza. Hoy Singapur es el país más rico del mundo en PIB per cápita (PPP), con una renta que casi triplica a la de España. No ha sido casualidad ni buena suerte, como no es casualidad ni mala suerte que España ocupe el puesto 36 del mundo en el mismo ranking[1].
En mi libro Una vida tranquila y sosegada dedico parte de un capítulo a relatar el éxito de Lee Kwan Yew, que tituló sus memorias From Third World to First, esto es, Del Tercer Mundo al Primero. Pues bien: España está siguiendo el camino opuesto a Singapur, de modo que Sánchez bien podría titular sus memorias: Del Primer al Tercer Mundo: cómo convertí un país desarrollado en uno tercermundista.
En efecto, si bien el preocupante declive de nuestra nación que muestran multitud de parámetros socioeconómicos comenzó hace algunas décadas, este ha sido bruscamente acelerado desde 2018 a causa de la demolición sistemática llevada a cabo por el PSOE y sus socios comunistas (incluyendo ERC y Bildu, los más leales).
La degradación de las infraestructuras
Los dos desastres ferroviarios sufridos en nuestro país, que han causado más de un centenar de muertos en menos de un año ―algo sin parangón en el mundo desarrollado―, son un ejemplo patente de este declive.
El coraje, la solidaridad y, en muchos casos, la fe del pueblo español al responder a la tragedia ha contrastado con la presunta negligencia criminal del gobierno en su abandono del mantenimiento de las infraestructuras públicas. Este abandono venía poniéndose de manifiesto con las constantes impuntualidades, retrasos y averías de trenes —fenómeno típicamente tercermundista— en un sistema ferroviario antaño modélico.
El intento de culpar del último desastre a un operario resulta un engañabobos, pues la seguridad ferroviaria constituye un sistema complejo cuya máxima es precisamente no depender de decisiones humanas. Como ocurre con el tráfico aéreo o los ascensores, la seguridad depende de sistemas automáticos redundantes diseñados precisamente para no fallar en cadena ni depender de una persona.
Sin embargo, para que todos estos sistemas de respaldo sucesivo funcionen, deben estar debidamente mantenidos, del mismo modo que revisamos y mantenemos los neumáticos y los frenos de un coche. Pues bien: las infraestructuras en España son hoy el equivalente a un coche con los neumáticos desgastados y las pastillas de freno gastadas lanzado a toda velocidad por un grupo de incompetentes sin escrúpulos que no duda en poner en peligro a los pasajeros para fingir que el coche funciona perfectamente.
Los dos desastres ferroviarios del 2026 tienen un factor común: el insuficiente mantenimiento de la red. Sin embargo, esta no es la única responsabilidad del gobierno. En efecto, más allá de los sistemas de seguridad, deben existir protocolos que limiten la posibilidad de tomar decisiones arbitrarias y protejan a los operarios de presiones políticas destinadas a mantener una apariencia de eficacia. Asimismo, el gobierno debe garantizar la existencia de un número adecuado de profesionales con óptimas condiciones de trabajo y asegurarse de que estén dirigidos por personas cualificadas y competentes, y no por amiguetes políticamente afines, que es lo que ocurre en España (y en países tercermundistas).
El otro responsable de los accidentes
Pero existe otro responsable de estos accidentes del que nadie habla. Se trata de la política de gastar dinero público sólo en aquellas partidas que compran votos, y no en aquello que es bueno para el país. Es esta una política populista típicamente socialista. Por ejemplo, desde 2018 el gobierno de Sánchez ha destinado a subvencionar el transporte público (incluyendo billetes gratuitos o rebajados en RENFE) cerca de 10.000 millones de euros. Esta cantidad equivale a 25 años de mantenimiento de la red de AVE en toda España[2]. Si en vez de dedicar ese dinero a comprar votos se hubiera dedicado a mantener las vías de tren, no habrían muerto estas personas. En otras palabras, en la imaginaria tesitura de comprar votos para mantenerse en el poder o comprar seguridad para mantener con vida a los pasajeros, el PSOE de Sánchez pareció elegir lo primero.
Otra actuación populista típicamente socialista es construir con dinero público nuevas infraestructuras, que compran votos y lucen mucho —la famosa foto de la inauguración—, en vez de mantener las existentes, pues el mantenimiento suele ser políticamente invisible. Resulta revelador que España sea el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad (después de China) y el país de Europa con más kilómetros de autopistas y autovías: contamos con un 50% más de kilómetros que Francia (ajustado a superficie), aun teniendo un PIB per cápita un 25% inferior al país galo. Pues bien: España es de los países de la UE que menos dedica a mantenimiento respecto del total de inversión en infraestructuras: un 25% frente al 50% de media de la UE, el 60% de Alemania o el 70% de Francia[3]. Para más inri, el gasto en mantenimiento por pasajero ha caído casi un 40% en sólo tres años.
El mismo esquema de despilfarro de dinero público para comprar votos en infraestructuras sin tener en cuenta su mantenimiento lo encontramos en las redes de carreteras, cuyo deterioro es palpable. Las autopistas de peaje son mantenidas por las empresas concesionarias con estándares muy altos gracias al pago de sus usuarios. Sin embargo, las carreteras, autovías y autopistas sin peaje, financiadas por contribuyentes que jamás pisarán dichas vías, dependen de prioridades políticas y pueden acabar, por tanto, insuficientemente mantenidas. Un ejemplo es la autopista AP-4 de Sevilla a Cádiz, mantenida en estado óptimo durante casi 50 años mientras tuvo peaje. En 2020 Sánchez decidió no renovar la concesión —para comprar votos—; desde entonces, el firme está deteriorado y la siniestralidad, disparada.
Podríamos concluir acertadamente que la cultura de la gratuidad que promueve el socialismo —sin explicar nunca cómo se financiará— no funciona. Sin embargo, cabe preguntarse si lo que no funciona es un sistema político basado en la compra de votos con dinero público, esto es, en el aplauso de unas masas aduladas y sobornadas por gobernantes inescrupulosos.
La vivienda
Tras ocho años sin mencionar la palabra «vivienda», Sánchez convocó elecciones alrededor de un relato artificiosamente creado sobre el desahucio de una anciana, la cual había sido utilizada y exprimida sin escrúpulo alguno por la ultraizquierda a costa de su salud. Como suele ser el caso, en ese relato nada era verdad: ni las circunstancias de la anciana que llevaba dos décadas viviendo a expensas de otros ni el carácter de fondo «buitre» del casero linchado.
Sin embargo, el relato pronto se cayó, pues la anciana culpó de su situación en primer lugar al propio Sánchez, y la portavoz del PSOE tuvo que dimitir arrastrada por su hipocresía. Ello no obstó para que, tras ocho años de sepulcral silencio, los farsantes sindicatos del régimen ―que gozan del privilegio de la impunidad en el uso de la violencia y la extorsión― «recordaran» de pronto el problema de la vivienda y acudieran en apoyo de sus camaradas en el gobierno (socialistas y comunistas como ellos) con una escandalosa huelga general contra la oposición, como en los regímenes bolivarianos. Por cierto, de la inseguridad en los trenes no han dicho ni mu.
En realidad, es una pena que el debate se enterrara, porque el problema de acceso a la vivienda es, en gran medida, producto de la incompetencia de un gobierno cegado por su propia ideología.
En efecto, aunque entre los factores que explican el aumento del precio de la vivienda y del alquiler de los últimos cinco años está el aumento de la inflación y de los tipos de interés, el golpe mortal a los precios lo ha propinado un aumento de la demanda y una simultánea contracción de la oferta (en el caso del alquiler) directamente causados por el gobierno.
Incompetencia gubernamental
Desde el punto de vista de la demanda, no puedes atraer a 4 o 5 millones de inmigrantes regalando la nacionalidad y la residencia como si no valieran nada y no planear cómo crear nuevas viviendas donde alojar a todos estos millones de personas. Si hay más personas para el mismo número de viviendas, ¿cómo no van a subir los precios? Esta es otra consecuencia de las regularizaciones masivas realizadas por espurios motivos electoralistas, que atraen, además, inmigración ilegal.
Por eso, las ciudades que más inmigración han recibido —como Madrid— son las que mayor aumento de precios han tenido, pues la vivienda es siempre un mercado local. Los inmigrantes de alto poder adquisitivo han empujado hacia arriba los precios, mientras que los de bajo poder adquisitivo han copado el mercado de alquiler (un 52% de los inquilinos son inmigrantes) y aumentado su precio al estar dispuestos a compartir la vivienda con otros.
Desde el punto de vista de la oferta, si te dedicas a atacar la propiedad privada protegiendo al okupa caradura y violento mientras demonizas al legítimo y pacífico propietario, ¿cómo no va a retraerse la oferta de alquiler? ¿Quién va a querer alquilar en un país sin seguridad jurídica donde, en un acto de flagrante injusticia, las autoridades amparan al delincuente y abandonan a su víctima? Si además fijas precios o condiciones inasumibles para el propietario deseoso de alquilar, éste retirará su piso del mercado, y se perjudicará tanto al inquilino (que quiere una casa) como al propietario (que quiere una renta). Cabe añadir que estas políticas de persecución al propietario son típicas de regímenes totalitarios: la Alemania nazi (nacionalsocialista o socialista-nacionalista) prohibió en 1936 los desahucios y congeló los alquileres, con un resultado igualmente deplorable.
En realidad, el llamado problema de la vivienda es fundamentalmente un reflejo del preocupante empobrecimiento de la población española, consecuencia inexorable de décadas de políticas socialistas y de un Estado Vampiro asfixiante en lo regulatorio y confiscatorio en lo fiscal. Dicho eso, la situación se ha agravado enormemente estos últimos ocho años. El PSOE de Sánchez ha subido impuestos, de media, una vez cada tres semanas, a pesar de lo cual la deuda pública —si hemos de fiarnos de las cuentas— ha alcanzado el 100% del PIB. Asimismo, según el IPC, los salarios están estancados desde 2018 en términos constantes, pero la realidad es que han perdido poder adquisitivo, pues la inflación real ha sido superior a la publicada. Esta depauperación afecta particularmente a los más jóvenes, sacrificados en el altar de la tiranía de la mayoría ―comúnmente denominada democracia― determinada por la pirámide demográfica, favorable a los pensionistas.
El candidato de Marruecos
En definitiva, el balance de estos ocho años es terrible. Fiel a su psicopatía, Sánchez ha engañado constantemente a sus votantes, desde su alianza con Podemos y Bildu hasta la amnistía, y ha presidido un gobierno plagado de casos de corrupción excesivamente cercanos a su persona ―incluyendo presuntamente la de su mentor Zapatero, una «joya» de individuo―. También ha subido la presión fiscal a un ritmo sin precedentes, vulnerado la Constitución, desmembrado el Estado para pagar el voto de los separatistas, parasitado todas las instituciones con comisarios políticos y amiguetes sectarios (incluyendo el Tribunal Constitucional), quebrado el Estado de Derecho e intentado presuntamente un pucherazo bananero con la falsa ley de nietos, según todos los indicios.
Pero lo que más ha dañado la imagen de Sánchez, que nunca fue especialmente popular (es el candidato socialista menos votado de la democracia), ha sido su turbia entrega a los intereses de Marruecos. Esto quedó especialmente patente cuando se dedicó a mentir descaradamente, una vez más, al exonerar al gobierno marroquí de su evidente responsabilidad en el asalto a Ceuta. Recordemos que la agresión se produjo por tierra y también por mar (algo que el gobierno quiso ocultar), con buques de guerra marroquíes que no acudieron «convocados por redes sociales». Observen el extraño contraste del lenguaje corporal de Sánchez —habitualmente chulesco— cuando se presenta, tenso y sumiso, ante un relajado rey marroquí:
Por lo tanto, debe quedar claro que Sánchez es ante todo el candidato de Marruecos, el topo de Mohamed VI: si quiere usted hacer feliz al rey marroquí y a los asaltantes de Ceuta, vote PSOE.
Conclusión
El gobierno de Sánchez ha sido, con diferencia, el más dañino para España de las últimas décadas: una banda ávida de poder y dinero que está arrastrándonos hacia el tercermundismo, incompetente en todo salvo en engañar, delinquir y traicionar los intereses nacionales, y cuya única bandera es una palabrería hueca y una abierta compra de votos ―subvenciones, pensiones y salario mínimo— que está destrozando el país.
Por todo ello, produce asombro que un porcentaje significativo de la población, aun menguante, siga votándole. Quizá lo hagan por ignorancia, ceguera ideológica, partidismo, necedad o paguita, pero a estos votantes aplica lo que Solón, uno de los siete sabios de la Antigua Grecia, recriminó a los atenienses cuando quisieron entregar el poder al tirano Pisístrato: «Os prendáis de la lengua y las palabras de un hombre, más no miráis, atentos, su conducta. Uno a uno sois una astuta zorra, pero juntos sois un tropel de bobos».
Han pasado 2.600 años, pero sigue habiendo tiranos y bobos. Faltan, sin embargo, sabios.
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