- Aunque gravemente herido, el toreo ha comenzado a contraatacar.
- Un “arte” controversial que se niega a desaparecer.
De sangre y arena
The Economist Newspaper Ltd,
London, 2015
La última temporada en la Plaza de Toros de Santamaría fue hace tres años, poco antes de que el alcalde bogotano Gustavo Petro revocase un contrato con sus operadores privados. Pero en febrero, el Tribunal Constitucional de Colombia confirmó su fallo previo de que el toreo es una “expresión artística” y que debe ser “repuesto inmediatamente”.
Los fans del toreo en América Latina, España y Portugal han tenido poco que celebrar últimamente. En el 2006, la estatal española TVE dejó de cubrir algunas de las mayores ferias, tanto por costos como por temor a que los niños pudieran ver las corridas. Cuatro años después, el Parlamento de Cataluña las prohibió, lo mismo hizo Panamá en el 2012 y el estado mexicano de Sonora, en el 2013. En el 2011, un referéndum en Ecuador condujo a la proscripción de la matanza de toros en el ruedo en Quito.
Pero incluso donde es legal, su popularidad está decreciendo. En España, aquejada por la recesión, el número de corridas cayó de 2,204 del 2007 a 956 el año pasado, en tanto que en México se redujo a la mitad en una decenio. Ahora es tan probable que los criadores envíen sus toros al camal como al ruedo.
Aunque gravemente herido, el toreo ha comenzado a contraatacar. En el 2014, el número de espectadores creció ligeramente en España. Uno de los motivos es el turismo: 20,000 extranjeros abarrotaron Pamplona en julio para los encierros de San Fermín.
Este año, 590,000 personas firmaron una petición en favor de este deporte que indujo al Gobierno a impulsar una ley que lo reconoce como parte del patrimonio cultural de España, que, en teoría, revoca la prohibición catalana. En México, se logró detener una propuesta para declararlo ilegal en todo el país y en Perú, sus devotos se están movilizando para defenderlo de un proyecto de ley que lo prohíbe. Solo en el departamento de Puno se realizan cien corridas al año.
Las encuestas en Europa y América Latina muestran que hay más opositores que simpatizantes, pero no todos quieren que el toreo sea proscrito. Los grupos antitaurinos han tenido más éxito en el ámbito local, como en Ecuador, donde la legalidad de matar toros en el ruedo depende de la votación en referéndum en cada localidad.
No obstante, los grupos que defienden los derechos de los animales mantienen las esperanzas. En vista de que la plaza de toros bogotana será remodelada, los activistas tendrán tiempo para apelar la decisión del Tribunal Constitucional ante el Congreso en un intento por forzar un referéndum.
Recientemente, un comité de las Naciones Unidas reprendió a Colombia y Portugal por no mantener a los niños alejados de espectáculos tan sangrientos como las corridas, así como de los entrenamientos, los cuales pueden comenzar con becerros y con aprendices de incluso nueve años de edad.
Al toreo “solo le queda una década”, afirma Marta Esteban, de la plataforma española “La tortura no es cultura”. “No creo que las nuevas generaciones permitan que continúe”. A lo mejor, pero los fans de hoy están listos para dar pelea.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd,
London, 2015
Aunque gravemente herido, el toreo ha comenzado a contraatacar.
A la sangre y arena habrá que añadirle la pena de ver una “figura” de la política como José Antonio Griñán compareciendo este jueves en el Tribunal Supremo para tratar de defender lo indefendible.
ResponderEliminarHa negado ante el juez que en su etapa de consejero recibiera informes alertando de las irregularidad del sistema empleado para pagar los ERE. Durante cuatro horas estuvo declarando como imputado el ex presidente de la Junta de Andalucía.
Griñán, que era consejero de Economía y Hacienda en la etapa investigada, ha insistido en que su departamento no recibió los informes de Intervención General de la Junta, según fuentes presentes en la declaración. Precisó que en todo caso habrían ido dirigidos a otra consejería, la de Empleo, que estaba a cargo de José Antonio Viera, quien declaró el martes. Explicó que ninguno de los informes de la Intervención que han salido a la luz en el 'caso ERE' contenía propuesta de actuación que afectaran a su departamento, por lo que era imposible que los recibiera.
“No creo que hubiera un gran plan pero sí un gran fraude” dijo a los medios informativos Griñán.
Canal Sur en su versión ce Canal del PSOE ha estado repitiendo machaconamente desde el martes al mediodía, para indignación de una parte de su audiencia, que a José Antonio Griñán y Manuel Chaves no sólo no se les ha imputado delito alguno -de momento-, sino que si el Tribunal Supremo ha llamado a ambos a declarar es porque ellos lo pidieron voluntariamente.
La decisión del alto tribunal respecto a ambos expresidentes de la Junta, sumada a la falta de palabra de Susana Díaz, han colocado a la cadena autonómica andaluza en una endiablada situación: defender lo indefendible.
Canal Sur llevaba desde el martes asomando la patita en los informativos, pero este miércoles en la tertulia de “Buenos días Andalucía” se destapó del todo.
Para disimular, el programa sentó en el plató al jefe de la sección de Economía de ABC Sevilla, Luis Montoto. Él fue la voz discordante, el único que se mostró partidario de que Chaves y Griñán abandonen sus escaños porque "como mínimo tienen una responsabilidad de no haberse enterado" de nada. Especialmente de la partida de 800 millones de euros que se repartió arbitrariamente a 200 empresas.
"Tú estabas dictando ya la sentencia", le afeó el director de Andalucesdiario.es, Antonio Avendaño. Quien consideró que lo de ahora no ha sido una "imputación efectiva" y que por tanto poco nuevo hay bajo el sol. "No pueden dejarlo, no deben dejarlo", sostuvo en alusión a los escaños de uno y otro.
Asimismo se quejó de "las maniobras" de Mercedes Alaya y contrapuso su trabajo al del juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro. "Es un juez serio", sostuvo.
Más beligerante fue la adjunta al director editorial de Medios Regionales de Vocento en Andalucía, Lalia González. "No hay imputación de delito, no se les acusa de nada formalmente, ni siquiera se formulan cargos en ese escrito. La imputación es una palabra un poco perversa", afirmó.
Y continuó: "Se está produciendo una condena a priori de todo lo que se mueve (...) No se puede hacer el trazo grueso y decir que le corten la cabeza a todo el mundo".
"La figura del imputado se ha convertido en sinónimo de acusación, se crea un maremágnum en el que se mezclan política y derecho", se quejó Bárbara Ruiz, redactora de Canal Sur. O lo que es lo mismo Canal PSOE.
Y la presentadora, Esperanza Torres, también aportó su granito de arena al considerar que la generación de Chaves y Griñán ya ha pagado la responsabilidad política “porque todos están fuera de la Junta”. "Ahora tenemos que hacer una tesis doctoral sobre la palabra imputación", ironizó.
Diego Barceló