Sin embargo, la defensa de España no puede ser jamás utilizada como una excusa endeble para vulnerar los derechos fundamentales de los españoles. Y no podemos sino pensar que este anteproyecto Ley de Seguridad Nacional busca con desesperación la excusa totalitaria cuando no es capaz de definir qué es una crisis nacional y todo lo remite a una arbitraria «situación de interés». ¿Quién lo define, quién lo autoriza, quién lo controla, qué plazos, qué son las prestaciones personales, qué situaciones de interés y qué intereses son capaces de invocar una ley ordinaria para no tener que recurrir a los estados —más garantizas— de alarma, excepción o sitio…? Demasiadas preguntas sin respuesta en el articulado de un anteproyecto que aprovecha la extraordinaria debilidad mental de los españoles tras el año y medio de pandemia sufrido por la incompetencia de nuestros gobernantes.
Si nos hubieran dicho a finales del pasado siglo que en un par de décadas estaríamos viendo a un Gobierno de España tramitar leyes ordinarias —ni siquiera Orgánicas, como es preceptivo cuando se vulneran derechos fundamentales— para asaltar la libertad y la propiedad de los españoles en ‘situaciones de interés’ indefinidas por el propio Gobierno con ausencia de tutela judicial y de intervención de las Cortes, habríamos rechazado la distopía por increíble. Pero también es cierto que si nos hubieran dicho a finales del siglo pasado que en pleno siglo XXI tendríamos un Gobierno de socialistas y comunistas, lo habríamos negado. Y ahí está, desconstruyendo España con feroz determinación y legislando un futuro de corralitos financieros, nacionalizaciones, incautaciones y todo tipo de asaltos a la propiedad privada y a la libertad personal.
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