Nos guste poco o nada, los toros no pueden depender de financiación estatal para que sean viables. La tauromaquia ha de ser defendida y promovida por las Administraciones porque así lo estipula la Constitución Española. Pero esa promoción ha de ser genérica en pro del toreo, no asignada en forma de donativo a los promotores para que monten festejos para su propio lucro. Esa práctica no sería avalada por muchos partidos políticos actuales y acabaría provocando reacciones en contra del negocio taurino.
Por otra parte, el resultado de cuentas de una función puede ser negativo una o diez veces, dependerá del colchón monetario del que disponga el empresario. Pero, tal cual ocurre en cualquier otra actividad de nuestra sociedad, éste dejará de organizar corridas en cuanto no obtenga rentabilidad y pierda sus ahorros. Si los toros no ofrecen beneficios, el espectáculo tiene los días contados.
Y si para que banderilleros y picadores perciban su pasta los matadores y novilleros la tienen que soltar de su bolsillo, es que hay un desequilibrio anómalo que, o se solventa, o devorará la continuidad de la Fiesta. Además, hay que reconocer que la lógica dicta que por idéntico trabajo todos deberían recibir lo mismo, y la ley española impone homogeneidad de salarios dentro de equivalente categoría profesional. Luego, cada sector funciona según unos convenios firmados por la patronal y los sindicatos que tratan con equidad a los empleados de una empresa que llevan a cabo labores análogas con independencia de su filiación.
Los profesionales taurinos se rigen por un Convenio Colectivo que, en materia de honorarios, no siempre se puede cumplir; esa es la maldita realidad. Para poder tirar para adelante, en ocasiones muchos peones han aceptado actuar por menos dinero del estipulado. También lo han hecho algunos matadores y la práctica totalidad de novilleros, que incluso han tenido que pagar por torear. Y aunque ha sido un procedimiento muy habitual, todos lo han negado siempre. Ante tales evidencias sólo cabe una revisión de emolumentos, y con mayor motivo en estos tiempos de preocupante crisis que ha provocado la pandemia.
Hace unas semanas un sindicato minoritario de subalternos encontró una solución puntual firmando un acuerdo extra-estatutario para que se pudiera dar la feria de novilladas de Villaseca de la Sagra. El pacto conllevaba una rebaja en sus percepciones a cambio de embolsarse lo establecido antes de la función y de que los novilleros también se llevaran un pellizco. Pero ese trato sentó tan mal a los sindicatos mayoritarios que sus afiliados amenazaron a los compañeros que aceptaran torear en esas condiciones. Ahora el boicot se está cumpliendo y a quienes actuaron en Villaseca se les impide seguir ejerciendo.
No es mi intención entrar en debates sobre quién tiene o deja de tener la razón. Pero resulta incuestionable que se debe predicar con el ejemplo y, ahora que se está pidiendo de forma reiterada que ciertos políticos dejen de lado sus actitudes totalitarias en contra de la tauromaquia, es el momento de tratar las discrepancias de forma interna, con civismo y diálogo, nunca desde posturas impositivas, desafiantes y de dudosa legalidad. Es de justicia disentir, pero aportando nuevas ideas, no coaccionando. De momento los únicos beneficiados con esta situación son los antis, que ven con satisfacción cómo peligra la continuidad de muchas novilladas y, por tanto, el futuro del toreo.
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