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Pepe Bienvenida / La suerte suprema

miércoles, 11 de septiembre de 2013

VENEZUELA: Revocada medida que permitía entrada de menores a las corridas en Valencia



Nuevamente la semilla de la fiesta brava se le prohíbe el derecho que tienen sus padres de presenciar espectáculos taurinos, tras nuevo arremetida “inconstitucional” de la Defensoría del Pueblo cuyo principal representante nacional es la abogada Gabriela Ramírez. Fotos. Golfredo Rojas

Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo

Revocada medida que permitía entrada de menores a las corridas en Valencia
  • La empresa AGROCASTA C.A. (Erick Cortés)  no acatara dicha medida por inconstitucional
RUBÉN DARÍO VILLAFRAZ
@rubenvillafraz
Sigue la lucha entre despachos, por la legalidad y libertad de la presencia de los menores de edad con su respectivo representante en los espectáculos taurino. Y es que se ha vuelto una moda o especie de costumbre que en este periodo “democrático” venezolano se tomen medidas unilaterales por parte de quienes supuestamente corresponde aplicar el dictamen del pueblo.

Lo anterior viene a colación tras la medida emanada el pasado 9 del presente mes por el Tribunal Primero de Instancia de Mediación y Sustanciación de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el cual decretó, tras el consenso entre la alcaldía de Valencia y la empresa taurina AGROCASTA C.A. -de dar entrada libre a los menores de edad a las localidades no numeradas de la Plaza de Toros Monumental de Valencia con su respectivo representante- medida cautelar innominada, el cual prohíbe el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los espectáculos taurinos al ruedo valenciano, ante el argumento “supuesto” de ser una amenaza para la salud, integridad física, psíquica y moral.

Los promotores de esta medida no podían venir de otro ente que un grupo de abogados cuyos nombres corresponden a Larry Devoe Márquez, Jesús Antonio Mendoza, Dolimar Larez, Alejandra Bonalde, Lucelia Castellanos, Javier López, Jazmín Cuevas y Eneida Fernández da Silva, adscritos a la dirección general de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, así como Ludyt Ramírez Pineda y Mariela Maldonado Peña, delegado y adjunto de la Defensoría del Pueblo del estado Carabobo, respectivamente. La medida a instancias de estos juristas es ejecuta por la jueza Andreina Marrelli Palencia y su secretaria Pierina Gómez, en respuesta a la demanda emanada por los abogados señalados.

Esta decisión del mencionado tribunal se aplica a las acciones ya adelantadas por la misma Alcaldía de Valencia, la Comisión Taurina adscrita al municipio Valencia en Carabobo y de la Sociedad Mercantil AGROCASTA C.A., basada en los artículos 276, 277 y 466 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ante el absurdo y no comprobado argumento de «protección de los intereses difusos y sus derechos colectivos. Esto ante la amenaza que representa para la salud, integridad física, psíquica y moral de ellos a estos espectáculos taurinos».

AGROCASTA S.A. NO ACATARA DICHA MEDIDA POR INCONSTITUCIONAL

Por su parte el Gerente General de la empresa taurina AGROCASTA S.A., el matador de toros Erick Cortés ha dejado en claro que estos argumentos y tretas por parte de funcionarios del Tribunal Primero de Instancia de Mediación y Sustanciación de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo no es más que una violación flagrante al derecho de libertad de padres y representantes, así como de la propia Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, acogiéndose expresamente al artículo 350 de la misma el cual reza: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarié los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos».

La posición oficial del ente encargado de la organización de los dos festejos taurinos mayores en el marco de la Feria de la Virgen del Socorro 2012 en la capital carabobeña contrasta con la actitud del gremio que agrupa a los matadores de toros y novillos, los subalternos y ganaderos de reses bravas, quien en ningún momento han hecho pronunciamiento alguno a lo que ya se ha convertido en reiterativo punto de inflexión con quienes adversan un espectáculo totalmente legal y amparado por las leyes del país, lo que contradice la actitud de la Defensoría del Pueblo, el cual se ha convertido en “espada de Damocles” en los últimos años para la fiesta brava.

Similares hechos se están sucediendo en la ciudad de Maracaibo, en esta ocasión por la Defensora del Pueblo para el estado Zulia, abogada Lila Urdaneta, quien ha emitido prohibición de ingreso a menores a la Plaza de Toros La Trinitarias, donde de la misma manera se ha presentado ante el Consejo Nacional Electoral propuesta de referéndum para prohibir las corridas de toros, todo esto apoyado por la Defensoría del Pueblo.



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A propósito de la prohibición de los menores entrar a los festejos taurinos
Este miércoles asamblea de ciudadanos y aficionados taurinos en Tovar

RUBÉN DARÍO VILLAFRAZ
@rubenvillafraz
Para este miércoles, en punto de las 6:00 de la tarde, en las dependencias del Radio Teatro Occidente, frente a la Plaza Bolívar de Tovar, para lo que será la asamblea de ciudadanos y aficionados, todo aquel o aquella, mayor de 15 años, cuyo propósito principal será las acciones a tomar con respecto la inminente prohibición a la entrada de menores de 18 años a los festejos taurinos a llevarse a cabo a partir de este jueves 12 del mes en curso en el marco de la 170ª feria en honor a la Virgen de Regla 2013.

En este sentido son la Alcaldía del Municipio Tovar bajo la representación de su actual gerente, Lic. Lizandro Morales; la Comisión Taurina Municipal cuya presidente es la Dra. Vanessa Contreras y la Escuela Municipal Taurina de Tovar, bajo la dirección del Lic. José Ballesteros los hacen la invitación a través de este medio, así como los demás (facebook, twitter, mensaje de texto, ping, e-mail) para su presencia y discusión ante la aberración injusta que representa cercenar el libre derecho a los padres, representantes, ademas de los propios niños y adolescentes de permitir observar y aprender un espectáculo regido por leyes y amparados por las mismas en nuestro país, como es la fiesta brava, y mucho más aún con el arraigo y tradición que supone en los andes venezolanos.

Bien es sabido que la Defensoría del Pueblo, cuya representante nacional es la Abogada Gabriela del Mar Ramírez, articulándose con entes afines como son el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, representada por la Jueza Titular del Tribunal Primero de Primera Instancia de juicio, Abogada María Isabel Rojas de Echeverría; y por el Presidente del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Municipio Libertador del estado Mérida, representado por el Abogado Ramón Aníbal Soto Rincón, han desatado una voraz “persecución” a todo lo que huela a fiesta de toros en los últimos años en Mérida, a tal punto de “inventarse” la excusa de prohibir sin basamento legal, científico alguno y mucho menos moral, la entrada de menores de edad a los distintos festejos taurinos en las principales plazas de Venezuela.

La pasada semana en las dependencias de los tribunales merideños fue entregado un Recurso de Amparo, firmado y avalado por nutrido grupo de aficionados, alumnos y representantes de las Escuelas Taurinas del Tovar y Mérida, ante el Juzgado Superior Segundo del estado Mérida, dada la medida que la Defensoría había introducido a mediados del mes de julio, aprovechando la inmediata entrada en receso de los trámites jurídicos en los juzgados venezolanos por época vacacional hasta este próximo lunes 16, justo un día después de concluido el serial taurino tovareño. El mencionado amparo poco fue tomado en cuenta al conocerse este lunes la inhibición del juez que la recibió, lo que ha dejado acéfalo el panorama a seguir antes de este fin de semana taurino en la Sultana del Mocotíes.

Ante lo viciado de la medida, y en especial sin la legítima libertad de presentar avales por parte de la parte afectada (niños, padres y representantes, peñas taurinas entre algunas) es que estas artimañas de los representantes de la Defensoría del Pueblo y su par del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes al igual que el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Municipio Libertador del estado Mérida (caballos de Troya con denostadas intenciones) el que se inicie desde ya una respuesta firme que no solo quede en lo sucedido y lamentablemente suceda en el serial tovareño, sino también con las que se desarrollen a lo largo de inminente campaña taurina, como es el caso de Valencia, Maracaibo, San Cristóbal, Mérida y Maracay como principales escenarios, donde se ha procedido de similar forma, ante la pasividad y permisivo proceder de los principales gremios taurinos como son el de los matadores, novilleros, subalternos y ganaderos, para quienes poco o nada les afecta, pero sí más bien atentos a intereses cainitas, verdaderamente penosos.

Mucho más vergonzosa la posición de entes directamente ligados al devenir y fomento de la fiesta brava en el estado, como es COREALSA, quien ha actuado al margen de lo que ha venido sucediendo, amparándose en el silencio más absoluto, vaya usted a saber con qué intención precisa, entendiendo que para efectos legales, es la propia Gobernación del estado Mérida, la accionista mayoritaria de la misma, lo que contradice el realmente propósito de esta como ente –por encima que la adjudicación de la empresa taurina en Tovar corra por cuenta de la alcaldía- y sus funciones propias, ampliadas en los últimos años (como es el caso de los programas de equinoterapia) bajo el amparo precisamente del espectáculo taurino.

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